Vemos unos y los otros. Que la medida, de aplicarse, tendrá efecto sobre los consumos no cabe duda: los establecimientos pequeños y medianos se podrán más reticentes a la aceptación de tarjetas y, en todo caso, pondrán diferencias entre el pago en efectivo y el pago con tarjeta. Esa diferencia, existe en los hechos sin necesidad que funcione la medida propuesta; en muchos comercios, tanto en el Perú como en otros países de América Latina, existen ofertas «solo en efectivo». En ocasiones, esas diferencias se hacen «soto voce» ¿Cómo me va a pagar? Si me paga en efectivo le hago un descuento: es la «oferta» del comerciante. A veces es al revés: ¿aceptan pago en tarjeta?; la respuesta es afirmativa, si, pero con un recargo.

Esta es una situación de mercado actual. Es obvio que esa práctica discriminatoria se profundizará con las retenciones, no solamente en el caso de evasores crónicos, que seguirán existiendo, sino simplemente porque afectará la liquidez de la empresa. No es lo mismo pagar el IGV en un plazo, a que se lo deduzcan al cobrar, por menos que sea el plazo que medie entre uno y otro sistema, hay un costo financiero; solamente ofreciendo   un descuento del 5% al comprador éste estaría compensado en relación con el costo de extraer  efectivo de la misma tarjeta. Cualquier descuento mayor sería bienvenido.

¿Reprimir la evasión? Lo pongo en duda. La evasión es endémica, asociada con la corrupción, y ambas existen en todo el mundo; basta con revisar los periódicos sobre las noticias que provienen del «Primer mundo».

De otro lado, los grandes establecimientos no constituyen el problema, sino los medianos y pequeños, donde la «picardía criolla» campea a sus anchas.

Definitivamente la medida, de prosperar, provocará una modificación en el mercado de consumo, como en pequeños comercio, restaurantes, discotecas y similares, probablemente de efecto contractivo. Y en un contexto donde las políticas públicas están orientadas a mantener y expandir el mercado de consumo previendo las consecuencias de la crisis internacional, esta medida es, cuando menos, irreflexiva y contradice los objetivos gubernamentales respecto de la «salud de la economía nacional».

La contradicción está también imbricada en la misma política tributaria. En efecto, tratándose de un impuesto al consumo, si el objetivo es aumentar la recaudación, toda medida que invite a una contracción del consumo y proporcione un pretexto adicional a la evasión, parece más bien un razonamiento de escritorio y pizarra, sin mayor referente de realidad.