Muchas personas en el Perú aún creen que las redes sociales son un “espacio de absoluta libertad”, ajeno a cualquier control y regulación. Así quizás pensaba Myriam Jouglet, una militante animalista francesa de 57 años.

Hace dos semanas, ella expresó su satisfacción en Facebook porque uno de los fallecidos en el atentado ocurrido en la ciudad de Trebes era carnicero, así daba a entender que merecía una muerte violenta. Ante las críticas que recibió, ella señaló que se trataba de una publicación privada, dirigida solamente a sus amigos. Aunque retiró la publicación, ya estaba circulando la captura de pantalla. Myriam fue arrestada y tres días después fue condenada a siete meses de prisión suspendida.

Un proceso similar enfrentó Stephane Poussier, político francés de 61 años. Ante el mismo atentado, expresó en Twitter su satisfacción por la muerte del policía Arnaud Bertrome, quien se había ofrecido en lugar de una rehén. Poussier ha sido condenado a un año de prisión suspendida y siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Si bien Jouglet y Poussier fueron condenados por “apología del terrorismo”, es evidente que ninguno tenía mayor simpatía por el fundamentalismo islámico, pero para las autoridades francesas sus acciones en las redes sociales implicaban un respaldo a la violencia.

Las condenas penales se aplicaron con mucha celeridad, porque en Francia existe una fuerte preocupación por sancionar los excesos en las redes sociales. Hace unos años, Christiane Taubira, ministra de Justicia de origen africano, enfrentó todo tipo de insultos racistas. En respuesta a estos y otros episodios, en el 2015 se modificó el Código Penal para precisar que estos hechos deben ser sancionados, y tanto fiscales como jueces son muy conscientes de la necesidad de intervenir en las redes sociales.

En nuestro país, aún existe reticencia entre las autoridades para intervenir ante las agresiones racistas, homofóbicos o machistas que aparecen en internet. Como en el caso de Myriam, algunos militantes animalistas manejan un discurso violento, y desean la muerte de toreros, criadores de gallos o simplemente de quienes comen carne. El Código Penal peruano considera un agravante del delito de discriminación emplear medios informáticos para discriminar o incitar a ello, pero nadie ha sido hasta ahora sancionado a pesar de que es muy fácil obtener las pruebas de este delito.

Sin embargo, algunas personas ya están acudiendo a los tribunales para entablar procesos por difamación. En un caso que conocí recientemente, el afectado ha pedido cuatro años de prisión y S/ 30 mil de multa por una publicación que estuvo una mañana en un muro de Facebook.

Hace algunos meses, la PUCP modificó los Reglamentos Disciplinarios de estudiantes y docentes para incluir como falta grave el empleo de las redes sociales para prácticas de hostigamiento, o para dañar la imagen de otra persona o de la Universidad. Se debe tener mucha cautela para evitar expresiones ofensivas, violentas o hirientes. Esto incluye aprender a manejar lo que uno escribe en grupos de WhatsApp y Facebook, páginas de cursos o también en el propio muro.