Más que buscar responsables y saber quiénes dirigen estas manifestaciones, el común denominador, que está tornándose «de moda», consiste en salir a las calles, marchar, tomar locales, carreteras e incluso rehenes -como ocurrió en el sur del país el año 2008 y luego en Bagua.

Lo peligroso es que estas manifestaciones evolucionan y se hacen más fuertes, coordinadamente perfectas, mostrando su dimensión más violenta cuya tendencia es el ajusticiamiento con las propias manos. Algunas personas creerán que esa es la única forma efectiva de negociar o hacer prevalecer derechos mediante la supresión o derogación de leyes. Deben saber que, el uniformado, el castrense, la autoridad o funcionario público no es el Estado y no deben pagar con su vida un servicio mal procesado y ejecutado como lo es el diseño de ciertas normas legales. A pocos días de un nuevo bloqueo de vías en Andahuaylas y en la Carretera Central de La Oroya, preocupa que el Estado nuevamente ordene que la Policía limpie carreteras e intervenga con gases lacrimógenos y, de ser necesario, con armas de fuego como parte del servicio de restablecimiento del orden que está obligado a dar.

En cualquier región, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha demostrado que sabe convivir con las comunidades y con los ciudadanos. Sé, por mi experiencia, que las operaciones de la PNP son prudentes y solo se abre fuego en casos extremos. En Bagua, las altas cabezas pueden haber errado al enviar a personal PNP de la DINOES en vez de enviar a personal PNP de la USE, como debió ser. Estas últimas están especializadas en enfrentamientos civiles y manifestaciones públicas. Sin embargo, no debe desestimarse el capital humano de la PNP y las situaciones adversas para su desempeño. ¿Acaso los PNP pueden pedir derogatorias de leyes que no les favorecen como si lo ha demostrado posible hacer la población civil?

Los servicios de tutela y orden interno evolucionan también y también la gestión de su personal. La capacidad de asalto de la PNP no es suficiente. No se debe arriesgar a los efectivos policiales como «escudos humanos» para detener  turbas de cientos o miles de personas dispuestas -como muchos «dirigentes» lo han manifestado- a defender sus derechos con sangre. Se requiere un trabajo previo de limpieza del conflicto, escuchar las verdaderas intenciones de la población. Los efectivos de la Policía no participan en las mesas de diálogo en la capital, sin embargo en provincias y pueblos alejados sí. Los pobladores pueden quejarse en Lima o en sus pueblos, la PNP no. Muchos ciudadanos desconocen que son los efectivos de la PNP quienes pueden comunicarse con pobladores nativos en diversas zonas. Entonces, hay que tener cuidado en identificar las situaciones que  capitalicen y aprovechen la relación entre la PNP y la población. El componente de los derechos humanos debe extenderse también en el personal que brinda los servicios del orden interno para garantizar una solución productiva y no solamente eficaz.