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Entrevista

Jo-Marie Burt: "La CVR ha sido considerada uno de los procesos de justicia transicional más exitosos del mundo"

retrato de jo-marie burt: mujer de mediana edad, cabello corto rubio entrecano, rostro redondo, lentes de marco grueso negro y ojos pequeños. Sonríe ligeramente sin mostrar dientes. Lleva una chompa color camello abierta al medio.

En su trayectoria académica, la Dra. Jo-Marie Burt ha investigado y monitoreado juicios sobre violaciones a los derechos humanos. Recientemente, estuvo en nuestro campus invitada por el Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia, y el Cisepa. Aprovechamos su visita para hablar sobre autoritarismo y memoria.

  • Jo-Marie Burt
    Profesora en George Mason University y vicepresidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)
  • Entrevista:
    Daggiana Gómez Roncal
  • Foto:
    Rocío Farfán

Usted dirigió un proyecto de investigación sobre los esfuerzos para enjuiciar a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos a lo largo del conflicto armado en el Perú. ¿Cómo inicia su trabajo? ¿Qué pudo observar en las audiencias de este proceso de búsqueda de justicia?

Yo dirigía un proyecto de investigación sobre justicia transicional y, sobre todo, juicios penales en Perú. Cuando Fujimori fue extraditado, yo acababa de publicar un libro sobre violencia política en su gobierno. Me pareció interesante participar como observadora del juicio junto con especialistas de otros países.

Luego del juicio de Fujimori, empecé a monitorear y escribir sobre otros procesos, como el de Los Cabitos, Accomarca, que se sentían bien lejanos, a diferencia del proceso de Fujimori. Este tomaba toda la atención mediática porque se trataba de un exjefe de Estado. Incluso se designó una sala exclusiva para su caso. En cambio, para los otros casos -que no eran violaciones menos graves-, se asignaron salas que veían casos de derechos humanos.

La sociedad peruana no ha llegado a un acuerdo sobre qué ocurrió y quién fue responsable durante el conflicto armado interno. Hay versiones en pugna".

¿Qué otras diferencias hubo entre estos casos?

El juicio de Fujimori duró 16 meses, en contraposición del caso Accomarca, que duró seis años. Y aunque ese caso tuvo una sentencia, fue revictimizante. La sociedad perdió interés. No es una justicia aleccionadora y dejó mal sabor de boca. La gente se quedó solo con la idea de que Fujimori y los militares habían salvado al país, y aprovecharon las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para afirmar que las violaciones [a los derechos humanos] habían sido exclusivas de sendero.

Además, en el caso Accomarca, el único que fue encarcelado fue Telmo Hurtado -extraditado desde Estados Unidos-, los demás solo asistían a las audiencias y regresaban a sus casas. El día de la sentencia había solo dos personas: Hurtado y el actual presidente del congreso, José Williams Zapata, que posteriormente fue absuelto. Después de asistir por seis años a las audiencias, los demás [acusados] desaparecieron y hasta el día de hoy varios siguen prófugos. Ahí puedes ver un trato diferente.

¿Qué es la justicia transicional?

Es un concepto que nació en los 90 a raíz de las transiciones a la democracia luego de gobiernos autoritarios o militares. Este era un momento oportuno para confrontar, investigar qué pasó, identificar a los responsables, reparar a los afectados, brindar justicia a las víctimas y buscar garantizar que no se repita una caída de la democracia.

También trabajó como investigadora de la CVR en el 2002 y 2003. ¿Qué temas siguen pendientes y deben ser tratados de manera urgente?

En el 2023 se cumplen 20 años de la publicación del informe final de la CVR y aún hay temas pendientes. Y es paradójico, porque la CVR ha sido considerada como uno de los procesos de justicia transicional más exitosos del mundo: tomó diversos elementos para analizar y determinar qué pasó con la sociedad en diferentes sectores y qué consecuencias tuvo. Se intentó responder a todas las demandas de la justicia transicional: la CVR, procesos judiciales y sistema de reparaciones, incluso hay hasta un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, tengo la impresión de que no hay consenso en el país sobre lo que ocurrió, hay opiniones divididas. Según la CVR, Sendero fue el mayor responsable pero el Estado no se quedó atrás. Al intentar acabar con Sendero, se cometió una masacre, se mató arbitrariamente a muchos inocentes. Muchos siguen diciendo que eso era lo que se tenía que hacer para acabar con el terrorismo. Esto no puede ocurrir. No podemos pasar por encima de los derechos humanos.

Además, había elementos raciales y de clase. La CVR nos enseña que 3⁄4 partes de las víctimas eran pobladores rurales, quechuahablantes y pobres. No considerarlo es un sesgo ideológico, racial o de clase; esta es la brecha que en el Perú hasta hoy no ha logrado cerrarse. Yo creo que si todos se consideran peruanos y peruanas, dignos de derechos de ciudadanía, esto podría cambiar.

Creo que la educación es clave para el cambio y este es otro elemento que ha sido bloqueado".

Hasta ahora, familiares de las víctimas del terrorismo siguen buscando a sus desaparecidos. ¿Cómo se asimila la memoria?, ¿cómo se trabaja en sociedad?

Yo creo que este tipo de temas son cíclicos. En Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, la sociedad alemana no habló de lo que sucedió. Fueron las generaciones más jóvenes quienes empiezan a preguntar: “¿Papá, tú qué hiciste durante la guerra?”. Ahí empieza un enfrentamiento con el pasado que se reflejó en la literatura, el cine, el teatro y otros esfuerzos por confrontar a través del arte los horrores cometidos.

Esto también está pasando en el Perú. Por ejemplo, con la obra La Cautiva. Hay libros, investigaciones académicas, está el Museo Itinerante de Arte, donde al ver obras, logras interactuar y hacer catarsis con ellas. Hay una obra de Mauricio Delgado que retrata los rostros de mujeres de la Anfasep que perdieron esposos e hijos, desaparecidos por el ejército; es impactante. A través de esto podría lograrse el cambio.

¿Cómo se aproximan a la memoria las generaciones más jóvenes?

Creo que la educación es clave para el cambio y este es otro elemento que ha sido bloqueado. Hace 10 años hubo una controversia por la inclusión de dos páginas en el currículo escolar que contenía términos de la CVR sobre el conflicto armado interno. Lo tildaron de apología al terrorismo y lo sacaron.

Yo dicté el curso “Justicia transicional en el mundo” en la PUCP gracias a la Cátedra Andrés Flores Galindo. Las últimas semanas hablamos sobre Perú. Los universitarios respondieron que no sabían todo sobre Sendero Luminoso, dijeron que habían oído, pero nunca lo habían estudiado. En parte porque la sociedad peruana no ha llegado a un acuerdo sobre qué ocurrió y quién fue responsable durante el conflicto armado interno, hay versiones en pugna. Podría hacerse como en el Lugar de la Memoria (LUM), donde se ponen esas versiones en diálogo.

Los jóvenes tienen que ser la fuerza que exige, en centros de estudios, colegios y universidades, hablar sobre qué sucedió. Esto cuesta porque hay sectores que quieren silenciarlo y pasar la página como si no hubiera pasado nada.

Cualquier persona que cuestionaba o criticaba al gobierno fujimorista era vinculada con el terrorismo para deslegitimar su opinión".

En su libro Silenciando a la sociedad civil: violencia política y el Estado autoritario en Perú, estudió los métodos contrainsurgentes del Estado. ¿Cómo afectó el autoritarismo a nuestra sociedad?

Hay todo un debate en las ciencias políticas y sociales sobre cómo entender el gobierno de Fujimori, cuando es elegido y luego da el autogolpe del 5 de abril de 1992. A mi parecer, había mucha confusión. La gente lo llamaba semidemocracia o democracia autoritaria. Yo más bien tenía la sensación de que se instauró un gobierno autoritario como tal y lo que generaba confusión era seguir usando la palabra “democracia”.

El golpe reconfiguró el poder. Fujimori y sus aliados escribieron una constitución para permitirse postular a un segundo periodo presidencial, antes inconstitucional. Pero más allá de eso, el ejercicio del poder era autoritario: la compra y soborno de medios de comunicación, el control férreo que ejerció sobre el Congreso. Fujimori también intervino en el Poder Judicial desde el autogolpe. En general, hacía lo que quería, y detrás de todo esto estaban las fuerzas armadas y Vladimiro Montesinos. Era un sistema autoritario.

Me parece interesante que hoy en día esas tácticas sigan siendo utilizadas por diferentes sectores del poder y de oposición. Se trata de desacreditar a otros sectores".

En los 90 no estaba siendo analizada la violencia de derechos humanos que ejerció el gobierno de Fujimori. Además, se evidenció que cualquier persona que cuestionaba o criticaba al gobierno fujimorista era vinculada con el terrorismo para deslegitimar esta opinión. La gente no quería protestar porque temía ser calificada de terrorista o proterrorista y se le trataba como tal: podía ser asesinado, desaparecido, violentado o detenido. En este texto yo trato de evidenciar la política del miedo y el poder que tuvo la manipulación en este periodo. Me parece interesante que hoy en día esas tácticas sigan siendo utilizadas por diferentes sectores del poder y de oposición. Se trata de desacreditar a otros sectores.

Sobre la Dra. Jo Marie Burt

La Dra. Jo-Marie Burt, de la Universidad George Mason, participó en actividades en la PUCP del 17 al 20 de octubre como invitada del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia y el Cisepa. Aquí, dictó la charla “El legado del fujimorismo” y el 17 de octubre participó en una charla sobre justicia transicional en la inauguración de Yachay: Concurso regional de derechos humanos. Ha sido profesora visitante en la PUCP en varias ocasiones y en 2010 tuvo la Cátedra Alberto Flores Galindo.

Burt es profesora de Ciencias Políticas en George Mason University, vicepresidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y asesora principal en la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es experta y activista en temas de autoritarismo, violencia política, derechos humanos y justicia transicional. También es codirectora del proyecto Verdad y Justicia en Guatemala, un observatorio de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de este país.

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