Se podría decir que, con su entrada en vigencia, los asuntos climáticos del país podrían comenzar a recomponerse con vistas a su mejora.

Diversas fuentes han destacado la promulgación de la Ley marco sobre Cambio Climático (Ley 30754), tras algunos años de intentos fallidos del Congreso de la República para lograr su aprobación. Se podría decir que, con su entrada en vigencia, los asuntos climáticos del país podrían comenzar a recomponerse con vistas a su mejora. Lamentablemente, no es la última etapa que la norma habrá de superar para hacerse operativa. Queda pendiente su proceso de reglamentación.

Reglamentar una ley dista de ser un simple requisito formal. Más aún en un tópico tan complejo como lo es la problemática del cambio climático. Se puede lograr una norma de avanzada, con los mejores instrumentos y procedimientos, pero si su reglamento no se materializa o tarda en llegar, su impacto en la realidad no será el esperado. Si bien el Ministerio del Ambiente se ha comprometido en comenzar un proceso de reglamentación participativo, hay varios antecedentes de leyes que el poder Ejecutivo no reglamenta.

De acuerdo a cifras manejadas por el Congreso de la República, en la actualidad se tienen 53 leyes que aún aguardan reglamentación. El ejemplo extremo lo constituye la Ley 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia en caso de desastres, cuyo articulado demandaba ser reglamentado en el plazo de 120 días calendario. Esta norma ya tiene, a la fecha, trece años sin reglamentar, pese a los llamados de atención sobre el poder Ejecutivo. En la práctica este retraso constituiría una especie de “derecho de veto” por el cual se hace que una ley de la República devenga inoperativa.

Dejar una norma sin reglamento es como cuando se tiene un vehículo de alta gama, de gran desempeño, pero sin llantas adecuadas. Puede tener potencia, torque y gran velocidad de aceleración, pero sin las ruedas correctas no podrá transmitir a tierra todas sus prestaciones. Algo así pasa con una buena ley que no se reglamenta o no se lo hace a tiempo.

Los expertos han señalado diversos tópicos donde la reglamentación debería poner cuidado. El papel de los conocimientos ancestrales respecto de la mitigación y la adaptación (Art. 3). Igual en cuanto a la participación indígena (Art. 22),  la transparencia y acceso a la información pública (Art. 20), que ameritan mecanismos claros y precisos que puedan asegurar una adecuada  implementación.

También está la incorporación del análisis del riesgo climático y vulnerabilidad, prevista en la Segunda Disposición Complementaria Final, lo que aseguraría que los futuros proyectos de inversión (una carretera, un aeropuerto) tomen en cuenta la realización de estudios sobre cómo serán las lluvias en el futuro, si serán más intensas o más seguidas, de tal forma que las construcciones puedan soportar estos cambios del clima a largo plazo.

En cuanto a la rendición de cuentas (Art. 6.2), la ley establece que el Ministerio del Ambiente presentará un reporte anual Congreso de la República sobre el progreso del cumplimiento de las metas en adaptación y mitigación. Se necesita que dicha rendición de cuentas sea efectiva,  precisa y verificable, de modo que la representación nacional esté al tanto de lo realmente avanzado.

Pero, aparte de la reglamentación, llama la atención que el Ministerio del Ambiente no figure explícitamente como ente rector en materia climática. Esto puede generar confusiones e interpretaciones sesgadas, pues puede suceder que funcionarios de otros sectores cuestionen el liderazgo del Ministerio del Ambiente en este tema, haciendo que la lógica económica prime sobre los criterios ambientales. No sería la primera vez que ello ocurre; si no, recordemos el llamado “paquetazo ambiental” de 2014.

El proceso de reglamentación de la Ley marco sobre Cambio Climático es un potente desafío que debe ser emprendido con gran profesionalismo y receptividad social, pero también con una eficaz muñeca política, algo que no ha estado muy presente en los dos últimos años de gobierno.