Apelamos a los principios de libertad y autonomía para desproteger a los ciudadanos de uno sus derechos humanos más fundamentales: una educación de calidad. Suma a ello que tenemos un gobierno y un aparato legislativo que dan muestra de poco aprecio -por no decir desprecio- por asegurar condiciones básicas -con precisión en «básicas”- de calidad universitaria. Un gobierno, además, liderado por un maestro denunciado por plagio en su tesis de maestría, y un congreso con promotores y egresados de universidades con licencias denegadas.

Por ello, no sorprende, pero indigna. Indigna cada vez más que, a pesar de los reclamos de estudiantes por una educación de calidad y los argumentos sólidos de profesionales de prestigio, una mayoría parlamentaria debilite un proceso que busca garantizar que en el Perú exista una institución universitaria que garantice formación e investigación de calidad, capaz de ser un actor relevante en el desarrollo de las ciencias -en su diversidad disciplinar-, las artes y la tecnología para nuestro país.

Muchos coincidimos en que la Sunedu, como toda entidad estatal, necesita adecuar diversas normas y procesos vistos los avances y resultados a 8 años de la reforma. Agilizar procesos y controles burocráticos, fortalecer los sistemas de evaluación de meritocracia académica, establecer criterios y mecanismos que aseguren que los programas de posgrado sean menos vulnerables al credencialismo, reconocer el rol de los docentes extraordinarios, de la importancia de las tecnologías de la información en los procesos de formación e investigación, y establecer las coordinaciones necesarias con el Sineace y el Renacyt.

Todo ello es necesario, pero nada de esto ha sido de interés del gobierno ni del legislativo. Poco a poco, se desmantela la Ley 30220 con modificaciones sobre el bachillerato, la renovación del cuerpo docente, el proceso de licenciamiento, definiciones particulares de autonomía y una supuesta preocupación por los miles de estudiantes cuyas universidades se cerraron por incumplir con criterios “básicos” de calidad.

Así, queda claro que la reciente ley aprobada por insistencia tiene por propósito debilitar la capacidad regulatoria de la Sunedu, que reduce la autonomía de su consejo directivo. Un cambio de composición que reemplaza la elección de directores independientes que tienen méritos académicos y profesionales, por la designación de una mayoría de representantes de universidades públicas y privadas. Ello es evidente reflejo del rechazo a la idea de que el servicio de educación superior universitaria es un servicio público que requiere de marcos normativos y regulatorios que aseguren a los estudiantes, a sus familias y a la sociedad que contamos con una institución universitaria que contribuye con el desarrollo social, cultural, científico y productivo del país. Además que acompaña el desarrollo de una sociedad mejor educada, más justa y democrática.

No podemos renunciar a la capacidad de indignarnos, ni renunciar a nuestra responsabilidad de defender la universidad de la informalidad y la precariedad institucional.