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Opinión

CRISIS EN PUNO: Previendo un nuevo desastre político, ¿minería o agricultura en el sur andino aimara?

Después de casi dos semanas de una huelga con cierre de carreteras y pérdidas millonarias, miles de ciudadanos aimaras de Chucuito y Juli, inclusive de Ilave y Ácora, manifiestan su rechazo a la exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos. ¿Qué motiva este nuevo y grave conflicto socioambiental? ¿Qué derechos aparecen en pugna? ¿Cuáles pueden ser sus efectos?

Los aimaras son una de las principales poblaciones originarias que habitan el sur andino peruano, gran parte de la sierra de Bolivia y el norte andino de Chile. Resistieron la conquista inca y la colonización española. Asimismo, comparten una identidad cultural basada en su relación con su recurso económico fundamental: la tierra o su pachamama. Ubicados alrededor del lago Titicaca sobre los 3,800 metros sobre el nivel del mar, han sabido desarrollar, al lado de sus vecinos quechuas, una agricultura avanzada mediante la domesticación de vegetales como la quinua, la kiwicha, la oca, el olluco, y, entre otras especies, la papa en sus miles de variedades. Pero también desarrollaron una ganadería local basada en la alpaca, el guanaco y la llama; y luego una ganadería de animales europeos dedicada a la crianza de vacunos y ovinos. A todo ello se suma el desarrollo de su habilidad en la pesca, en ríos y lagos.

¿Fue la minería una actividad principal entre los aimaras? No. Por el contrario, desde la colonización española, los aimaras han sabido que la minería ha sido destructiva para su medio ambiente y sus vidas: por ejemplo, para satisfacer intereses externos, tenían que transitar hasta tres días bajo tierra para seguir una veta de oro en una mina localizada en sus comunidades. Hoy sufren los efectos de las minerías formal e informal, que contaminan sus ríos y lagos. Esta contaminación no solo produce la muerte de peces, de sus animales que beben el líquido elemento, además de nuevas enfermedades en su población, sino que, por estas mismas causas, ocasiona el desplazamiento de comunidades enteras, lo cual quiebra su histórica organización social y cultural.

Estos hechos, que normalmente no son destacados en los medios de comunicación, son los que fuerzan el rechazo, por parte de los aimaras, de las concesiones mineras (y de cualquier otra actividad semejante), lo que genera, como consecuencia, la huelga y las protestas mencionadas. ¿Existe algún derecho vigente que ampare o legitime tales protestas y tal rechazo? El artículo 6º del Convenio N°. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en nuestro país desde el año 1994, obliga al Estado Peruano a consultar previamente «mediante procedimientos apropiados (…), cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas [como son la delimitación y entrega de concesiones mineras] susceptibles de afectarles directamente». Esto significa que es un derecho fundamental, por la norma internacional citada, que los ciudadanos aimaras sean previamente consultados acerca de las medidas administrativas que otorgan las concesiones mineras que les afecten. Al no haberse hecho efectivas estas consultas previas en el otorgamiento de las concesiones mineras actualmente cuestionadas en Puno, las mismas devienen en nulas, lo que significa que deben cancelarse y reiniciarse los procedimientos conforme a la norma internacional aludida.

Pero, además, la situación amerita, por mandato constitucional y legal, que los funcionarios que autorizaron las concesiones cuestionadas, así como los representantes y agentes de las empresas mineras, que contaminan o pudieran contaminar, sean investigados y sancionados. Si el poder coercitivo del Estado no opera frente a los daños ya producidos o inminentes, y que constituyen las causas de las protestas, es muy difícil que los representantes del Gobierno Central se legitimen y logren una solución inmediata para esos conflictos. Nótese que no es necesario discutir la promulgación de una «Resolución Regional que prohíba toda concesión minera» (como pretende un sector de políticos), si el Gobierno Central da el ejemplo de autocoerción.

¿Qué efecto puede producir la radicalización de las protestas de los ciudadanos aimaras? Como ha ocurrido con otros graves conflictos sociales, el actuar de las partes en el conflicto tiende a agudizarse hasta que intervienen las Fuerzas del Orden, lo cual produce una confrontación que produce muertos y heridos. Los casos extremos de Ilave, en abril del 2004, y de Bagua, en junio del 2009, son los más cercanos sucesos comparativos. No es que a la población «le agrade» participar en este tipo de conflictos; es en realidad una situación límite: los ciudadanos aimaras defienden sus derechos exponiendo sus vidas porque estas ya han sido amenazadas con la contaminación y la muerte de sus animales y la destrucción de sus comunidades.

Nuestras autoridades centrales tienen un nuevo reto para evitar otro desastre político. Conforme a nuestra Constitución Política, el presidente de la República es el principal responsable de prevenir tal desastre. ¿No es pertinente que, en lugar de interferir en las elecciones presidenciales, se ocupe en corregir la gestión de sus funcionarios según el derecho internacional citado? ¿Qué propuestas tienen los actuales candidatos presidenciales para prevenir conflictos socioambientales como el mencionado? ¿Es posible que estos candidatos puedan prevenir el desastre político?

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