Ante la visita del papa Francisco el próximo año, un gesto solidario y efectivo del Estado peruano sería reconocer que la dignidad y la salud de los pobladores de La Oroya están por encima de resultados económicos.

Invocamos al presidente, señor Pedro Pablo Kuczynski, tener en cuenta el mandato constitucional, que, según el artículo 1° de la Constitución, exige la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad en tanto fin supremo de la sociedad y el Estado.

Ya desde el 21 de julio del año pasado, la Iglesia Católica manifestó su preocupación por la situación que vive La Oroya en un comunicado. Decíamos estar preocupados por la grave disyuntiva que se plantea ante el futuro Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Alertábamos sobre la poca preocupación por la calidad de la vida socioambiental de los habitantes de esa zona, y también sobre el trabajo remunerado, las ganancias de las empresas y los impuestos que recibe el Estado, los cuales benefician solo a algunos.

Este año reiteramos nuestra preocupación sobre todo en relación con los efectos medioambientales desfavorables que se presentan en dicho proyecto. Sabemos que la calidad del aire es esencial para la vida y salud de las personas. En ese sentido, nos preocupa la adecuación y flexibilización de las exigencias medioambientales que exige, por ejemplo, 20ug/m3 como parámetro para el dióxido de azufre en varias ciudades del país, pero que en La Oroya, Ilo y Arequipa se permite que llegue a 80ug/m3. Es decir, cuatro veces su parámetro.

Por ello, invocamos al presidente, señor Pedro Pablo Kuczynski, tener en cuenta el mandato constitucional, que, según el artículo 1° de la Constitución, exige la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad en tanto fin supremo de la sociedad y el Estado.

Exigimos, por lo tanto, el cumplimiento del marco de la legislación ambiental, pues incluso el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín (CIP-CDJ) se ha pronunciado y ha expresado su rechazo a “los nuevos parámetros” y ha exigido el cumplimiento de los niveles del parámetro vigente, conforme con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En el contexto del 196 aniversario del país, se realizará la tercera ronda de subastas en relación con el proyecto. Una decisión inmerecida para la región Junín y para el Perú que, con la flexibilización de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire y la reducción del 30%, facilitará la venta del CMLO, lo que beneficiará sobre todo a las instituciones-miembro de la Junta de Acreedores, presidida por el Ministerio de Energía y Minas. Manifestamos con mucho pesar que en dicha Junta de Acreedores participa el grupo Renco, al cual pertenecía la empresa Doe Run Perú, y cuyo dueño, el Sr. Ira Rennert, enjuició al Estado peruano por US$ 800 millones de indemnización por no haber flexibilizado, en su debido momento, los ECA para el aire.

La posible reactivación del CMLO permitirá empleo a los trabajadores, pero en un ambiente de muy alta contaminación, asimismo condenará a la población de La Oroya a vivir en un ambiente insalubre, contrario a la dignidad de la persona humana. En ese sentido, recordamos que es obligación del Estado asegurar condiciones dignas y saludables de trabajo para la población de La Oroya. Del mismo modo, nos solidarizamos con la población de Cerro de Pasco y con su obispo, Mons. Luis Alberto Barrera, en la lucha por una vida digna y saludable. Por último, ante la visita del papa Francisco el próximo año, un gesto solidario y efectivo del Estado peruano sería reconocer que la dignidad y la salud de los pobladores de La Oroya están por encima de resultados económicos.