Ante la decisión del Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, de remover a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, que tenían a su cargo trascendentales investigaciones y acusaciones en materia de lavado de activos y corrupción de funcionarios que han puesto en evidencia una extensa red delictiva que involucra políticos, jueces, empresarios, entre otros, del más alto nivel, debemos señalar:

1. Los fiscales aludidos y sus equipos han venido desempeñando sus funciones con probada capacidad técnica e integridad, en el marco de sus competencias, por lo que su remoción vulnera el principio de no arbitrariedad, y su expresión en la debida motivación de las decisiones, que debe presidir la marcha de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

2. La remoción tendrá graves repercusiones en la lucha contra la corrupción dado que se trata de casos muy complejos y que hay procesos en curso, como el nuevo acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y con otras personas involucradas que pueden congelarse o no materializarse.

3. Esta situación conducirá a un inaceptable retroceso en los procesos e investigaciones en curso o, incluso, a la apertura de márgenes significativos de impunidad, que deben ser cuestionados claramente y sin atenuantes.

4. En este marco, no solo rechazamos las medidas tomadas en esta ocasión en vísperas de las celebraciones de año nuevo, sino que exigimos la reposición de los fiscales removidos, así como la discusión inmediata en el Congreso de las acusaciones constitucionales contra el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Alfredo Villavicencio Ríos
Decano de la Facultad de Derecho

Iván Meini Méndez
Jefe del Departamento de Derecho

Lima, 1 de enero del 2019