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Noticia

Los bonos de la Reforma Agraria en los tiempos del TLC y el TPP

El Estado peruano tenía un compromiso de pago con los hacendados expropiados en la Reforma Agraria, pero con los años los portadores y el monto de pago han cambiado dramáticamente. ¿A quién debe pagar y en qué condiciones?

  • Texto:
    Solange Avila
  • Fotografía:
    Solange Avila
  • Fotografía:
    Víctor Idrogo

Una deuda que nació con la reforma agraria, pasó por muchos titulares y ahora firmas de abogados estadounidenses se proclaman poseedores de la deuda enmarcándola en el TLC. ¿Es eso posible? Para comprender mejor este complejo caso, conversamos con el Dr. Carlos Contreras, docente del Departamento de Economía, el Dr. César Delgado Barreto y el Lic. Henry Zevallos, ambos docentes del Departamento de Derecho.

Nace una reforma, nace una deuda

La siempre controvertida Reforma Agraria no fue idea original del gobierno de Velasco. El Dr. Carlos Contreras explica que antes de concretarse en Perú ya era una tendencia en América Latina, incluso era recomendada por Estados Unidos para lograr la modernización de la región debido a la concentración de propiedades. Aunque para muchos la expropiación fue catastrófica en diversos aspectos, el doctor Delgado Barreto supone que ayudó a atenuar los efectos de Sendero Luminoso. «En las elecciones previas a la Reforma Agraria, todos los partidos políticos propusieron ejecutarla en sus planes de trabajo. Era necesaria, pero también era preciso pagar equitativamente a los legítimos propietarios«, aclara el Dr. Delgado.

Entre 1969 y 1979, durante el gobierno militar se expropiaron alrededor de 10 millones de hectáreas. Contreras sostiene que pese a que los terratenientes tenían una “marca oprobiosa” en la segunda mitad del siglo XX, se propuso indemnizarlos porque, según la Constitución, nadie puede ser despojado de su propiedad sin una compensación. Ese pago no se hizo en efectivo sino con bonos que se pagarían con una tasa de interés, pero con el tiempo se dejó de pagar.

Recién en el 2001 el asunto fue llevado al Tribunal Constitucional y en el 2013 se estableció la forma de valorización y de pago. Actualmente, el Estado tiene la obligación de certificar a quiénes debe, para luego establecer el orden de pago. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, Delgado señala que el Tribunal Constitucional determinó que primero se debe cumplir con las personas naturales, con los mayores de 65 años, luego a las personas jurídicas.

Los especialistas en comprar deudas

Otro aspecto a considerar es que los bonos pueden cambiar de portador. Entonces si los titulares necesitaban dinero, los vendían incluso al 10% del valor del bono. Contreras explica que muchos compran bonos con la esperanza de que el Estado cumpla con pagarlos, pero corren el riesgo de que no los pague en muchos años. Por ese mismo motivo, la ley peruana no prohíbe la comercialización de los bonos.

Sin embargo, Delgado Barreto asevera que, según la Enmienda Champerty, comprar una deuda para enjuiciar por el pago de una cantidad mucho mayor, es especular y no hay derecho a un amparo judicial. “Especular atenta contra una sana economía tanto nacional como internacional”, reafirma y adjudica la responsabilidad a los “fondos buitres”, firmas de abogados que buscan situaciones de debilidad de los Estados.

Zevallos detalla la estrategia de estos fondos para asegurarse el cobro de las deudas que compran. Cuando los Estados entran en cesación de pago y no pueden pagar sus deudas, los fondos buitre compran a los titulares a muy bajo precio. Entonces exigen el cobro cuando los países pagarán a otros acreedores con los que acordaron una reestructuración de deuda. Por consecuencia, los Estados no puedan pagar a ninguno de los acreedores.

No es la primera vez que el Estado peruano tiene problemas con los fondos buitre, especialmente con el caso de Elliot Managment, a inicios de los 90. Tan pronto este fondo compró deuda externa a 11 millones de dóles, cuando el valor nominal de la deuda original era de 20 millones de dólares, demandó al Estado peruano para que pague 60 millones de dólares. Perú tuvo que pagar luego de un juicio llevado ante las Cortes de New York, porque Elliot bloqueó el pago que Perú debía realizar a sus acreedores que entraron en el Plan Brady, cuyo incumplimiento implicaba el pago de mil millones de dólares. Ahora el fondo Gramercy, hace algo muy parecido al comprar bonos agrarios al 15% de su valor y exigen el pago que subiría de 400 millones de dólares a 5 000 millones.

La deuda que sale de frontera

El pago de los bonos toma un giro inesperado, ahora Gramercy intenta forzar una figura legal para que el arbitraje sea internacional y no se consideren los términos fijados por el Tribunal Constitucional. Zevallos indica que este fondo buitre utilizaría el capítulo de inversiones del TLC entre Perú y Estados Unidos donde los bonos se reconocen como una figura de inversión. Como el Estado peruano no cumple con el pago según sus términos, vulneraría a este inversionista de EE.UU., lo que además implica una sanción de indemnización por el incumplimiento.

Los TLC abren las fronteras de los países, a veces sometiéndolos a decisiones perjudiciales. Zevallos plantea que no se han considerado muchos factores que agravarían las condiciones de pago. Entre ellas que Gramercy tienen mayores influencias que Perú y que el Tratado Transpacífico (TTP) podría hacer de cualquier inversión extranjera pueda someterse a un arbitraje muy favorable a sus intereses.

Además, se ha formado la Alianza por el Pago Justo de los Bonos Agrarios (APJBA) con vínculos en EE.UU. Mediante páginas web, en español y en inglés, sugieren que Perú tiene el dinero pero no quiere pagar. También se alega que el país está en un constante crecimiento y no habría daños. Para presionar a Perú, aprovecharon la Reunión de la Junta del Fondo Monetario y el Banco Mundial; y que nuestro país quiere formar parte del OCDE, la organización conformada por los países más desarrollados.

Un caso que determinará el futuro

Muy por el contrario a lo que sostiene la APJBA, Delgado enfatiza que la situación económica actual del Perú ha sufrido un fuerte retroceso con la recesión de China, la baja de compra de los minerales y del petróleo. “La necesidades que tiene el Estado son muy graves, hay que ponderar el pago de la deuda con satisfacer necesidades urgentes de la población peruana», agrega. Zevallos indica que si se paga a los fondos según sus condiciones, afectaría el 1 o 2% del PBI nacional. Peor aún, si este caso se lleva a un arbitraje internacional, las deudas internas de otros países en desarrollo pasarían por lo mismo y terminarían en indemnizaciones cuantiosas que no podrán pagar.

Por otro lado, Contreras se mantiene más optimista sobre el futuro. Si el dinero va al bolsillo de otros peruanos, será invertido dentro del Perú y ayudará a revolver la economía. Pero si van a los fondos en el extranjero, serán cambiados a dólares, subirá el precio del dólar y la economía se empobrecerá. “Incluso en ese escenario, pagar la deuda permitiría que las condiciones de endeudamiento sean más favorables en el futuro, muy conveniente para financiar las obras de gran envergadura que se proyectan en nuestro país”, establece.

En general, el Perú se ha caracterizado por ser más cumplido con los acreedores externos que con los internos. “Deberíamos tratar al acreedor interno con el mismo respecto que al acreedor externo”, sugiere Contreras. Mientras tanto, Delgado se muestra preocupado este proceso e insta a la ciudadanía y a la comunidad universitaria a exigir la postura de los candidatos frente a este conflicto.

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