«Preguntarse por la universidad es preguntarse por el Perú y su futuro”, afirma el Dr. Carlos Garatea, jefe del Departamento de Humanidades, en un momento crucial para nuestro sistema universitario. La Ley Universitaria, promulgada en julio pasado, no solo obliga a que todas las universidades adecúen sus estatutos a nuevos estándares, sino que además creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y le encargó la difícil tarea de supervisar la calidad de las universidades. Ya a mediados de octubre, la Sunedu colgó en su página web el proyecto de Condiciones Básicas de Calidad, un documento, todavía abierto a debate y sugerencias públicas, que definirá los componentes e indicadores que tendrán que cumplir todas las universidades del país. Lo que para algunos podría parecer detalles técnicos, en realidad definirá los conceptos de universidad y los elementos de desarrollo por los que se apostará en los próximos años.

Modelos diversos

“¿Qué se puede entender por calidad, en términos universitarios, cuando las propias universidades son, por definición, un conjunto de apuestas y tradiciones de disciplinas distintas, que responden a epistemologías y definiciones distintas?”, plantea Garatea. No habla a la ligera, pues él forma parte de un grupo de docentes que intercambia opiniones en torno a la universidad y su desarrollo
en el contexto nacional. La iniciativa comenzó como una conversación informal en enero de este año, pero se extendió pronto hasta asentarse en una decena de docentes, de diferentes Departamentos y especialidades, que se reúnen cada dos semanas. Producto de este debate surgió también el coloquio “Universidad peruana: modelos para armar”, que se realizó la semana pasada y convocó a diversos actores nacionales para debatir este tema.

El grupo coincide en que no existe un modelo único de universidad, sino que hay varios modelos distintos, tanto en las públicas como en las privadas. “Las diferencias pasan por lo que se entiende por universidad”, señala Garatea, a la vez que propone una definición amplia: “Un espacio o comunidad integrada por estudiantes, profesores y personal administrativo, en que todos trabajan en términos de comunidad; en donde la generación del conocimiento, la investigación y la docencia tienen un lugar importante”. Así pues, una de las principales diferencias sería la intensidad y énfasis que dediquen a la investigación y docencia. “A veces, al ver todo desde la investigación, nos olvidamos de la importancia que tienen los profesores en docencia. Y del otro lado, no debemos olvidar que las universidades deben ser también centros de generación de conocimiento, de preguntarse cosas. El reto es la búsqueda de equilibrio tomando en cuenta las particularidades de nuestro país, que es el camino que busca seguir esta Universidad”, indica.

La nueva Ley Universitaria obliga a que las universidades cumplan condiciones que, en el papel, favorecen la investigación, como asegurar un 25% de profesores a tiempo completo y la exigencia de mayores grados académicos a los docentes, según su nivel de enseñanza. El docente destaca el compromiso con la investigación de ciertas universidades privadas –“como las universidades del consorcio, por poner un ejemplo”, indica–, aunque también es claro al señalar que muchas responden más a fines lucrativos que universitarios, y que estas han contribuido a que la imagen social y el sentido de la universidad se desfiguren y pierdan valor. Eso habría alejado aún más a nuestro sistema universitario de tradiciones como la alemana, que protegen el valor histórico de la universidad “en el sentido exacto de la palabra: amplia, plural, diversa y comprometida, tanto con la formación como con la investigación”, nos dice. Y al igual que el resto del mundo, nos enfrentamos al reto de la masificación universitaria con calidad.

Sistema eficiente

Luego de más de dos años al frente del Ministerio de Educación (Minedu), la Dra. Patricia Salas regresó a su alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), donde ahora da cátedras de pregrado y dirige la formación del Instituto de Investigaciones Sociales. Para ella, las claves para poder conjugar ‘masificación’ con ‘calidad’ son tres: organización, gestión y financiamiento, además de la clara voluntad política de impulsarlas. “Lo que pasa es que ni la calidad ni la gestión han sido propósitos explícitos, específicos e intencionados, ni de la universidad como institución, ni del Estado peruano con respecto a la universidad”, lamenta.

Para ella, deberíamos apuntar a un sistema de educación superior más flexible y variado, que se configure con la Ley Universitaria y la todavía esperada Ley de Institutos Superiores. “Uno de los temas clave es el de los currículos flexibles y por módulos, que te permiten certificaciones intermedias, además de la transitabilidad del sistema superior técnico al sistema superior universitario”, resalta.

Pero Salas señala también retos concretos que identifica para el presente: financiamiento, talento humano e institucionalidad, que necesitan fortalecerse para alcanzar un sistema universitario sostenible. Con más de dos décadas de docencia en la UNSA, conoce bien que las universidades públicas “comparten las rigideces de las estructuras del Estado: normas, plazos, procedimientos y reglas de gastos presupuestales”, que influyen a la hora de emprender proyectos o contratar personal. “La gente piensa que es malo gastar en sueldos. Pero cuando los productos o servicios están asociados a la acción personal, como en la educación, el sueldo no puede ser tipificado de la misma manera que en otros aspectos de la producción, que manejan otra estructura de costos”, explica. Y es que tanto en las universidades públicas como privadas, el incremento de sueldos equivale a un compromiso para toda la vida. Mientras que las privadas pueden sortear esta barrera con mayor agilidad, para las públicas les será un poco más difícil porque el Ministerio de Economía y Finanzas se mantiene a la defensiva.

Por el lado positivo, la exministra señala que una alternativa para suplir deficiencias y potenciar oportunidades son las redes interuniversitarias, a las que considera “absolutamente necesarias”. “El número, la densidad, la intensidad y la permanencia de una red deberían ser parte de los elementos que se cuenten como parte de la evaluación de la calidad de las universidades”, añade. A su parecer, la dificultad en la creación e impulso de este tipo de redes radica en que, para ser eficientes, deben alcanzar un equilibrio entre liderazgos que respeten la vocación democrática y una lógica promocional que tampoco resulte forzada. “Las redes tienen que salir de las instituciones y de las personas para que sean vivas y dinámicas. Las universidades tienen que hacer propuestas promocionales, pero sería interesante que lo hicieran también colegios profesionales, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza o, incluso, la Confiep. No hay un modelo único, tienen que haber muchos”, apunta.

Implementación de la ley

En cuanto a la implementación de la Ley Universitaria, Salas comenta que “el margen de maniobra que esta ley deja a las universidades es muy grande, pues establece ciertos parámetros, pero varios de ellos son opcionales”, indica. Uno de los primeros mandatos era, justamente, conformar una Comisión estatutaria para adecuar los estatutos de cada universidad –acción cumplida por nuestra Universidad en octubre pasado– a las nuevas reglas de juego. “En el caso de la UNSA, por ejemplo, hay un proceso judicial que ha terminado con una medida cautelar que tiene paralizado el proceso. Eso expresa el nivel de conflicto y pugnas que hay entre sectores de la universidad, pues los acuerdos más difíciles tienen que ver con cómo se distribuye el poder. La universidad va a ser, otra vez, víctima de sí misma o producto de sus potencialidades”, evalúa.

Cada caso es particular y, en el proceso, se definirán también planes de estudio y la orientación que tome cada casa de estudios, pero Salas resalta la importancia del Estado –y de la Sunedu– como ente supervisor. En esa tarea trabaja, justamente, el Lic. Juan Antonio Trelles, director de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu y egresado de la PUCP, quien además integró la comisión que elaboró el proyecto de ley del Ejecutivo que creó la Sunedu. Sabe que la meta es de largo aliento y calcula que los esfuerzos de esta reforma se reflejarán, con más claridad, a partir del 2021. “Queremos que quienes salgan de la educación básica encuentren una universidad enmarcada en un sistema coherente, donde la regulación y la autonomía conviven en armonía, en una gestión moderna, formadora de profesionales y ciudadanos, creadora de conocimiento para el desarrollo del país, transparente, con información ágil y accesible para una adecuada toma de decisiones”, resume. Sobre la necesidad de fomentar la investigación, recuerda no solo que en la Ley Universitaria se señala que esta “constituye una función esencial y obligatoria de la universidad”, y se establece la creación de un Vicerrectorado de Investigación, sino que, además, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, recientemente aprobada por el Minedu, identifica calidad universitaria “con la producción de conocimiento de alta rigurosidad, a través de la investigación”.

Ahora bien, reconoce que existe una demora en el calendario de implementación de la Ley Universitaria, atribuible a actores que se opusieron a ella desde su elaboración y debate: “La resistencia de ciertas autoridades universitarias a la implementación de la norma es un pésimo ejemplo, como institución social educativa, a toda la comunidad universitaria”, lamenta, a la vez que resalta que “la reforma universitaria emprendida es una apuesta de Estado, que es y debe trascender el presente Gobierno”.

Amenazas cercanas

La acotación no es gratuita: a punto de iniciar un año electoral, más de un candidato presidencial ha deslizado la posibilidad de cerrar la Sunedu e, incluso, de derogar la Ley Universitaria. Al respecto, Patricia Salas es enfática: “Sería dramático que un próximo gobierno borrase esto de un plumazo y nos retrocediese a una situación anterior. Me preocuparía mucho la liquidación de la Sunedu porque necesitamos de un órgano externo a las universidades que las mire, tanto para generar lineamientos de política, así como sistemas de apoyo y soporte”.

El otro fantasma que acompaña a esta reforma son las demandas de inconstitucionalidad pendientes de ser resueltas por el TC, que estarían a punto de serlo con una única votación. A pesar del suspenso, Juan Antonio Trelles confía en que, durante las audiencias públicas, “quedó demostrado que la norma no afecta la autonomía de las universidades ni representa un obstáculo para la inversión privada en el sector” y señala que la Sunedu nace en línea con un fallo previo del TC.

Sobre estas amenazas, Carlos Garatea considera que debería buscarse un diálogo que apunte a enriquecer las propuestas. “Sería esperable que quienes hablan de derogar la ley, por lo menos, se pronuncien acerca de qué entienden por universidad peruana. Si nos quedamos en quién cierra la Sunedu y quién no, solo se empobrecen las cosas”, señala. El debate sigue abierto.