La trata de personas es un atentado contra la dignidad humana que somete a sus víctimas –niños, mujeres y hombres– a diversos tipos de explotación y abusos (sexual, laboral, reclutamiento en grupos armados, matrimonios forzados, mendicidad, extracción de órganos, etc.). En noviembre pasado, el papa Francisco la calificó como “un auténtico crimen contra la humanidad”, pero, a pesar de su larga data en nuestra historia, su reconocimiento como delito internacional tiene muy poco tiempo. Recién en 2003, entró en vigencia el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños -más conocido como Protocolo de Palermo- de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este documento ha sido suscrito por más de 159 países, en los cuales se establece qué es la trata de personas, cuáles son sus mecanismos de funcionamiento y las sanciones.

En el Perú, existen algunos datos generales que sugieren la gravedad del problema. Según cifras del INEI y del Ministerio Público, entre el 2015 y 2016 se registraron 2,033 casos de trata de personas. Asimismo, los distritos fiscales donde más se ejecuta este delito son Lima, Loreto y Madre de Dios, que acumularon un 43.1% de los casos a nivel nacional en el periodo 2009-2015.

La información registrada en este lapso indica que un 80% de las víctimas de trata son mujeres, frente a un 20% de hombres. Las edades de la mayoría de víctimas se concentra en el rango de 13-17 años (50.1%) y de 18 a 24 años (21%). Sin embargo, estos números solo indicarían, referencialmente, la magnitud del problema ya que son solo los que se han podido registrar. En nuestro país, y en el mundo, la cultura de denuncia por trata de personas es todavía incipiente.

¿ACCIÓN O PROTECCIÓN?

Ante este panorama, el Estado peruano ha dado algunos pasos iniciales para intentar resolver esta problemática. En 2007, entró en vigencia la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes – N.° 28950 que, entre otras medidas, establece una pena de 8 a 15 años de prisión como sanción para este delito, que se incrementa a condenas no menores a 25 años de prisión en los siguientes casos: la víctima es menor de 14 años, se produce la muerte o lesión grave de la víctima (de cualquier edad) o el agente forma parte de una organización criminal.

Por la magnitud del problema, era indispensable contar con mayores lineamientos de gestión de políticas públicas. Es así que se creó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011- 2016, un primer proyecto que, al caducar, dio vida al recientemente instaurado Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 -2021 (Decreto Supremo N°017-2017), el cual establece el cumplimiento de objetivos con plazo fijo para reducir el número de víctimas y reinsertarlas con efectividad en la sociedad.

La elaboración de este instrumento estuvo a cargo de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior (Mininter), y se publicó el 8 de junio.
“El nuevo Plan Nacional tiene como marco central la protección de la víctima, que se dará desde el momento mismo del rescate, con la construcción de salas de acogida temporales debidamente acondicionadas para su recuperación hasta su traslado a los centros de acogida permanentes, donde recibirán protección y las ayudaremos a recuperar su proyecto de vida”, expresó Carlos Basombrío Iglesias, ministro del Interior, durante la inauguración del V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, que se llevó a cabo en la PUCP la semana pasada.

Durante este gran evento –que convocó a representantes de la academia y especialistas de 17 países– Basombrío dijo que el presupuesto anual de su cartera para la lucha contra la trata de personas “pasó de más de S/ 820 mil a S/ 7.5 millones de un año para otro. Es decir, se multiplicó 10 veces más de lo que dejó la administración anterior”.

Aunque los expertos valoran este incremento, es todavía insuficiente para gestionar todos los cambios propuestos por el plan 2017-2021, entre ellos la construcción de 10 albergues para víctimas que brinden la atención y el soporte que se requiere. A la fecha, solo existen tres.

“Si bien el Plan arroja un balance bastante positivo en término de protección a la víctima y políticas de persecución del delito de trata, estas acciones deben de ser acompañadas con un plan presupuestal que permita la implementación y ejecución de las medidas previstas (…). En este contexto, la asignación por parte del Mininter parecería no ser suficiente si se considera que este monto será dividido entre la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirintrap) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad Democrática”, sostiene Alessandra Enrico, investigadora del IDEHPUCP en el artículo “Aprobación del Plan Nacional contra la Trata de personas, un paso adelante”, publicado recientemente en la web de esta institución.

APORTES Y DESAFÍOS

Para la abogada por la PUCP e investigadora del IDEHPUCP, Valeria Reyes, hay claros avances en este Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021. “El plan ofrece importantes aportes y es mucho más maduro si lo comparamos con el anterior. Se observa definitivamente un mea culpa del Estado, y la necesidad de fortalecer sus instituciones y adoptar políticas públicas para enfrentar la trata de personas. Estamos ante instituciones que ya se van familiarizando con la situación y por ello adoptan estrategias que son más realistas”, dice la investigadora, que observó algunas diferencias fundamentales entre ambos planes.

“El Plan de Acción 2011-2016 apenas dedicaba una página a determinar cuáles eran las causas de este delito. El nuevo desarrolla con amplitud las causas estructurales de la trata de personas, como la pobreza y la tolerancia social, que ‘normaliza’ relaciones de poder. Nuestra sociedad todavía considera ‘normal’ que una niña o adolescente sea trasladada a otra ciudad para prestar servicios domésticos y no reconoce esto como trata de personas. Otro eje importante es el reconocimiento de los migrantes como poblaciones vulnerables a este delito, un paso adelante en la normativa”, expresa Reyes.

CIFRAS POR DESCUBRIR

El Mg. Jaris Mujica, investigador del Laboratorio de Criminología de la PUCP, tuvo una ponencia en el V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Mujica coincide con Valeria Reyes en afirmar que no existen estudios contundentes que puedan brindar cifras exactas o aproximadas sobre las víctimas de trata en el Perú, o acerca del impacto logrado por las intervenciones policiales.

“No existe una fórmula cuantitativa para calcular con certeza cuánto de victimización hay en el Perú. La trata de personas produce indicadores operativos ‘manageriales’, como la cantidad de presupuesto, cantidad de rescates, cantidad de operativos policiales o fiscales. Sin embargo, es evidente que estos indicadores no indican si reducen la victimización”, señaló en su ponencia Mujica, quien ha realizado investigaciones sobre trata de personas en Madre de Dios.

“Los datos exploratorios en los contextos posteriores a los operativos policiales no reducen la victimización. Por el contrario, parece que hay un vínculo de intensificación en los dos o tres meses posteriores a los operativos, con horas de explotación y mayor apertura en la cantidad de establecimientos”, concluyó Mujica. n