El caso Odebrecht es mucho más que un escándalo mediático, pues ha perjudicado a la economía nacional con la paralización de grandes inversiones en infraestructura. El impacto ha sido tan potente que ha puesto en la mira a diversos sectores del aparato estatal, lo que ha evidenciado sus falencias en cuanto a organización y transparencia.

El Mg. Flavio Ausejo, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, menciona que el develamiento de esta ola de corrupción ha generado “la preocupación de los ciudadanos por la falta de control sobre el uso de los impuestos por parte del Estado, pues han habido autoridades que han actuado para beneficiar a determinadas compañías. Un mayor control no solo depende de la forma en que se asignan los recursos, sino también de decisiones acertadas que generen beneficios para la gente”.

El problema de Odebrecht exigía, de manera ineludible, la rápida reacción del Poder Ejecutivo, con miras a buscar las formas de atenuar el impacto social, político y económico. Por ello, el premier Fernando Zavala, junto con su equipo de ministros, dio a conocer el Plan de Impulso Económico a inicios de marzo.

El plan está compuesto por seis medidas que involucran a diversos ministerios y tiene como finalidad propiciar una mayor actividad en la inversión pública. “Lo que nosotros queremos es asegurarnos un crecimiento alto en la economía y con este paquete queremos que el crecimiento supere el 4%”, dijo Alfredo Thorne, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la presentación del nuevo plan.

El Ejecutivo busca generar 62 proyectos de obra por impuesto (que incluyen colegios, centros de salud, comisarías, obras de agua y saneamiento, canales de riego, entre otros) y proyectos de infraestructura, la reactivación de proyectos mineros, 150 mil empleos nuevos y el mismo número de nuevas viviendas bajo el programa de Techo Propio. Además, otorgará S/ 1,100 millones para crédito mype y la subvención del aporte de EsSalud para jóvenes que recién se insertan al mercado laboral. El impulso fiscal será de S/ 5,500 millones, con lo que se busca que la inversión pública crezca en un 15%.

En cuanto al ámbito minero, se ha anunciado la reactivación de proyectos, como Quellaveco, Río Blanco, Tía María, Toromocho, Mina Justa, San Gabriel y Pampa del Pongo. Por el lado de los proyectos de obras por impuesto, se impulsará 62 de estos. Además, existen proyectos administrados por Proinversión por US$ 22 millones, que podrían ser ejecutados entre este año y el próximo.

Con respecto al plan, Flavio Ausejo observa que “los recursos que se están destinando no necesariamente están yendo a elementos que generen un impacto estructural en la manera en que opera la inversión pública”.

Pero el caso Odebrecht no es el único problema que debe enfrentar el gobierno, pues existen dos elementos adicionales que agravan la situación en el país y exigen la toma de nuevas decisiones. “La economía urbana que heredó el gobierno de PPK estaba prácticamente paralizada. Sobre esta, han ocurrido los choques negativos de Odebrecht, el fenómeno de El Niño costero y el ajuste fiscal del último trimestre del año pasado”, observa Dr. Óscar Dancourt, profesor del Departamento de Economía de la PUCP.

Formalizar la economía

En la presentación del nuevo plan, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, anunció la propuesta de incentivo para promover la inserción laboral de personas de 18 a 29 años con la cobertura del pago de EsSalud por parte del Estado, con el fin de facilitar la incorporación de estos jóvenes al mercado formal laboral.

“Esperamos que esto nos genere 50 mil puestos de trabajo formales para jóvenes en el primer año de vigencia. Si sumamos los 100 mil por el impulso de inversiones más los 50 mil por la incorporación de jóvenes, tenemos 150 mil nuevos puestos de trabajo que esperamos se incorporen a la economía laboral peruana en los próximos doce meses”, precisó Grados.

Sobre esta iniciativa, Flavio Ausejo opina que es insuficiente para generar y promover la formalización de las empresas. “Formalizarse implica cumplir con varios pagos: impuestos a la Sunat, seguro social, AFP, impuestos municipales. También, se requiere el registro en la Sunarp. Hay que cumplir con todo eso para recién estar en la formalidad. Nuestro sistema de impuestos no distingue a las empresas por tamaño ni por tipo de actividad. Esta medida no va a provocar necesariamente que las empresas decidan pasarse a la formalidad”, explicó.

En cuanto a los S/ 1,100 millones que se otorgarán para crédito mype, Bruno Giufra, ministro de la Producción, explicó esta medida en la presentación del Plan de Impulso Económico. “Se ha dispuesto la centralización de varios fondos, que se tenían a través de Cofide, para armar uno que permita que más de S/ 1,100 millones sean colocados entre líneas de crédito y garantías para las micro y pequeñas empresas que formen parte o pertenezcan al nuevo crédito mype tributario”, expresó.

La Dra. Janina León, docente del Departamento de Economía, reconoce que el crédito es importante para empresas que no tienen acceso a servicios financieros. Sin embargo, los requerimientos del sector mype son amplios y heterogéneos.

“No siempre el problema es el crédito. Hay microempresas, pequeñas y medianas, que requieren más bien apoyo técnico. Dentro del tema financiero, sí es importante acceder a microcrédito y el Perú lo ha venido haciendo bastante bien. Las microempresas han estado obteniendo crédito de las microfinancieras reguladas por la SBS (banca comercial, cajas municipales, cajas rurales, financieras), pero también de las ONG, y, últimamente, se observan muchos canales informales que van a persistir mientras sean más eficientes que los canales formales”, explica León.

Políticas en el desastre

“Estamos aislados desde hace un mes. No podemos sacar el producto. Queremos elapoyo del Gobierno Central”, dijo con desesperación un agricultor tumbesino ante las cámaras de los canales de televisión. En las imágenes, las personas pasaban a través de un territorio inundado. El nivel de la inundación era tan alto que las patas de un caballo blanco estaban sumergidas por entero en esas aguas turbias que habían atrofiado el terreno. Sin una carretera habilitada por la que pudieran trasladarse, esos agricultores y ganaderos estaban cercados por las inundaciones y habían perdido todos sus productos.

En su visita a Tumbes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dialogó con los productores bananeros, quienes le expresaron el problema que atravesaban por culpa de las grandes inundaciones. “En el sector agrario, se necesita evacuar la producción, porque si no se malogra y se pudre. Hay varias bananeras que hemos sobrevolado y están inundadas. Esa es una pérdida total. Tenemos que canalizar cada río de la costa de todo el Perú. Los ríos deben tener murallas en las partes urbanas, las aguas tienen que estar escalonadas para que no vayan a toda velocidad tumbando todo lo que está en su camino, y los puentes deben tener pilares suficientes y bien anclados”, declaró el primer mandatario.

Ante los comentarios de su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, quien mencionó que, en el país norteño, el fenómeno de El Niño costero no ha afectado tanto como al Perú por su grado de planificación, trabajo duro y buena inversión, Kuczynski respondió que Ecuador “es un país donde llueve todo el año y aquí no, pero creo que es un buen ejemplo que hay que seguir”.

El perjuicio económico ocasionado por El Niño costero está en aumento. Según la consultora Maximixe, esta cifra ya ha superado los US$ 5 mil millones. Para enfrentar el desastre, los ministros se trasladaron a distintos puntos del país y se dividieron las tareas. De esa forma, cada ministerio concentró sus fuerzas en temas específicos. El Ministerio de Educación obtuvo una autorización para realizar el financiamiento de los establecimientos escolares de las zonas afectadas, mientras que el de Salud se dedicó a financiar el mantenimiento de hospitales y otros centros afines. En el caso de Vivienda, se promovió el uso de módulos temporales para reubicar a los damnificados en áreas aptas y seguras.

Por otro lado, los desastres naturales obligan a reformular la relación del Estado con los pequeños productores y empresarios de las zonas costeras que se han visto afectadas por las inundaciones y la destrucción que estas han generado. “Los productores de Tumbes y Piura tienen bananos que se están pudriendo. Ellos ya se han enganchado con créditos y están preocupadísimos por la deuda”, señala Janina León, quien añade que existe una contradicción en que el Estado otorgue crédito sin ninguna discriminación, mientras que a los que se estuvieron comportando bien y fueron productivos, cuando ocurre un desastre que nadie puede controlar, se les anuncia que solo se les otorgarán créditos si no tienen deudas.

Otro problema que surge con los desastres naturales es el riesgo de que se cometan actos de corrupción por parte de las autoridades. Para contrarrestar ese peligro, se han dispuesto funcionarios que verifiquen que los donativos se entreguen efectivamente. Los rezagos del efecto Odebrecht se sienten en esta extendida desconfianza sobre la forma en que los responsables están utilizando los recursos destinados a los diversos lugares en emergencia.

Para Flavio Ausejo, “esa situación de emergencia permite comprobar el deterioro institucional que existe en todo el aparato público. A esto se le suma la necesidad de que se realice un ejercicio más arbitrario del poder para comprar lo necesario de la manera más rápida posible”, señala.

Por su parte, Janina León considera que es positiva la respuesta del gobierno frente a la destrucción causada por las inundaciones en la zona costera del país. “Me parece muy bien que se comience trabajando con la PCM antes que crear una instancia que pueda generar mayores costos para el gobierno, lo que puede prestarse a malos manejos y corrupción. Sin embargo, creo que debe haber soluciones a nivel más macro. El desafío de este gobierno no solo es atender la emergencia a corto plazo, sino construir instituciones y destinar recursos para que esto no se perpetúe”, sostiene.

Tanto la sociedad civil como las autoridades han reaccionado frente a los desmanes causados por las inundaciones en la costa. Tras la presentación del nuevo Plan de Impulso Económico y ante las urgencias del desastre, el gobierno ha comunicado a la opinión pública las sumas y los mecanismos utilizados para contrarrestar esta crisis. Así, pues, nuevas medidas han sido tomadas por el Ejecutivo, a lo que se le suma la ayuda de la sociedad y de la empresa privada, a las que se les ha otorgado beneficios tributarios en correspondencia al apoyo que están brindando a los damnificados.

La furia de la naturaleza ha perjudicado a poblaciones enteras y ha evidenciado muchas deficiencias del aparato estatal, así como virtudes y defectos de los ciudadanos. La devastación ha generado y seguirá generando, sin duda, un impacto en la economía. En estos días de reconstrucción y solidaridad, las medidas impulsadas por el gobierno buscan convertirse en la inyección más adecuada para reactivar ese cuerpo aún herido que es nuestro país.