El 14 de septiembre del 2000, el Perú entero pudo ver un flagrante acto de corrupción del gobierno plasmado en video. La difusión del video del entonces congresista de oposición Alberto Kouri recibiendo dinero del asesor presidencial Vladimiro Montesinos fue el primer paso para iniciar un proceso de lucha anticorrupción que consiguió desarticular una intrincada red de distribuida en todos los niveles de gobierno, para la que incluso hoy se continúa investigando y procesando a los principales actores del escándalo.

Quizá, este develamiento pudo haber sido el impulso que el Perú necesitaba para exigir honradez a sus próximas autoridades y erradicar la cultura de tolerancia a la corrupción, pero esto no sucedió. Una encuesta elaborada recientemente por Datum revela que el 41% de los limeños estaría dispuesto a votar por un candidato que roba pero hace obra. ¿Cómo es posible que cerca de la mitad de electores de Lima esté dispuesta a votar por una autoridad corrupta, luego de 14 años de haber iniciado un proceso anticorrupción tan extenso y divulgado?

Falta educación

“Hay muchos factores para que esto suceda. Para empezar, tenemos un problema de institucionalidad y de vigilancia ciudadana, pero también hay un problema formativo de las personas. Creo que todo confluye para que la corrupción se instaure”, opina la Dra. Susana Frisancho, docente del Departamento de Psicología.

A pesar de que muchas personas expresan estar en contra de la corrupción, cuando llega el momento de elegir nuevas autoridades, los electores parecen perder la preocupación por este tema. Sobre esto, la Dra. Frisancho considera que esto sucede ya que los peruanos no vemos a la corrupción como un gran problema. “El discurso no tiene nada que ver con lo que la gente piensa en el fondo”, comenta. “La gente dice que está en contra de la corrupción porque es políticamente correcto decirlo, pero yo creo que no hay una comprensión real de lo que significa la corrupción, de cuáles son los efectos para la vida en sociedad, los efectos económicos, etc. Yo no creo que realmente las personas, en términos generales, sean conscientes o realmente entiendan la magnitud del problema”, añade.

Enfrentar este serio problema, entonces, implica no solo continuar con los esfuerzos de las autoridades fiscalizadoras, sino también iniciar un proceso de sensibilización de los peruanos. Para lograrlo, será necesario educar a niños y adultos sobre los peligros de permitir que la corrupción siga siendo una conducta aceptada en nuestra sociedad. “La cuestión legal es importante, pero es solo la mitad del pastel, la otra parte es la formación de las personas: la formación educativa, la socialización, que se enseñe a los niños a entender el problema, a ponerse en el lugar del otro, a entender cómo funciona la sociedad y por qué ese tipo de comportamientos no son sostenibles. No todo el mundo va a ser honrado, honesto y moral todo el tiempo, por lo que sí se necesita control, pero también se necesita que las personas se regulen y eso es formativo”, apunta.

Cómo nos afecta

“Cuando eliges a alguien que te representará durante un tiempo, cuando delegas esa actividad a una persona, te gustaría que lo hiciera de una forma que represente los intereses de los ciudadanos. Uno de los efectos de la corrupción es que sesga esto”, nos explica el Dr. Frédéric Boehm, economista experto del U4 Anti-Corruption Resource Centre, y experto asociado del Centro Regional de Servicio para América Latina y el Caribe del PNUD en el Área de Gobernabilidad Democrática, quien visitó la PUCP para participar en el X Encuentro de Derechos Humanos (ver recuadro).
La gran corrupción, la que afecta al sistema de gobierno de un país, causa estragos tanto a nivel político como económico. Cuando la corrupción está instalada en los distintos niveles y organismos de un Estado, consigue, a través de mecanismos como la compra de votos y el clientelismo, que solo algunos tengan acceso a los cargos de representación desde los cuales sería posible impulsar las reformas necesarias para enfrentar los principales problemas de un país.

Para el Dr. Boehm, más visibles que los efectos políticos son los económicos. “La corrupción tiene mucho que ver con la desigualdad”, afirma. En ese sentido, solo las personas privilegiadas, con conexiones en el poder, pueden ser beneficiadas por las decisiones que toma el Estado y los grupos más desprotegidos se mantienen vulnerables, ya que no cuentan con maneras de influenciar a los actores con poder. Asimismo, la corrupción en procesos de compra o de contratación eleva los costos para el Estado y los ciudadanos.
Pero es importante señalar que, además de la corrupción de gran escala, existen actos de pequeña corrupción o pagos facilitadores, que son cometidos por la ciudadanía y que también acarrean problemas para las sociedades. “La pequeña corrupción hace que la administración tenga un incentivo de trabajar lentamente, porque ahí está su fuente de ingresos corruptos. Entre más trabas hay, entre más lentos son, entre más problemas haya, más alta será la voluntad de sobornar. Es perverso porque sigues fomentando un sistema que nadie quiere, pero que, individualmente, te sirve en determinadas situaciones”, explica Boehm.

Así estamos

En los 14 años de trabajo para desarticular la corrupción de las altas esferas del poder, se ha conseguido avances importantes, pero todavía queda mucho por hacer. “En principio, no todos los procesos de esos tiempos han terminado, hay varios que siguen en curso. También es necesario decir que no todos los actos de corrupción fueron identificados en su momento y, por lo tanto, creo que todavía debe haber vigilancia para poder identificar y depurar a aquellos agentes corruptos que permanecen al interior de las estructuras del Estado”, cuenta el abogado José Ugaz, ex Procurador Anticorrupción y docente del Departamento de Derecho.

“Por otro lado, creo que el reto principal ahora es aprender las lecciones que se derivaron de ese proceso anticorrupción que ha durado más de una década. Hasta ahora, estamos viendo, a un costo muy alto, lo que significa la corrupción en el país, con los gobiernos regionales y su problemática, y con escándalos de corrupción que suceden en instituciones claves, como el Ministerio Público, por ejemplo”, advierte Ugaz.

Las lecciones que aún no hemos aprendido y que debemos aprender para desarticular la corrupción sistémica del país pasan por tener un liderazgo que priorice la lucha contra este problema, ocuparnos de que haya coordinación efectiva entre las instituciones del Estado, asegurarnos de que tengan las facultades que requieran para su labor fiscalizadora y abrir el acceso a la información pública a la ciudadanía. “Si bien es cierto que tenemos una ley de acceso a la información, solemos encontrar una actitud renuente del Estado a permitir que los ciudadanos puedan recabar la información que necesitan”, lamenta el exprocurador.

Otra dificultad en este proceso es que la falta de voluntad para enfrentar este problema no viene solo de nuestros políticos, sino también de nosotros mismos. “Tenemos una opinión pública que no está clara en su posición contra la corrupción. Las encuestas de Proética revelan todos los años que un 75% de los ciudadanos es indiferente al tema de la corrupción y, por lo tanto, no tenemos una opinión pública vigilante y demandante de niveles de integridad que permitan tener gobiernos honestos. Entonces, creo que hay una suerte de cultura de la corrupción que hemos ido construyendo a lo largo de los años, que permite que las autoridades aprovechen esa circunstancia para navegar en la impunidad y cometan delitos, sistemáticamente, sin que ya nadie se escandalice”, indica.

Tareas pendientes

Entonces, ¿qué debemos hacer? Para Ugaz, nuestras próximas tareas no son simples, pero sí claras. Desde el Estado y desde los candidatos para los próximos procesos electorales se necesita mostrar una actitud firme de rechazo a la corrupción y de intolerancia a quienes cometan estos actos, y desde el lado de los ciudadanos, la clave es la formación. “Hay un proceso formativo que desarrollar y eso nos concierne a todos, porque tiene que ver con las escuelas, con las universidades, con la familia y los medios de comunicación, que juegan un papel relevante. En ese sentido, sería muy importante que la juventud, a través de las redes sociales, también asumiera un papel en este frente”, señala el abogado.
Mientras los organismos anticorrupción del Estado y organizaciones autónomas preocupadas por esta problemática continúan con su labor, la tarea de todos debe ser crear consciencia de los efectos de este mal y así, finalmente, conseguir que el Perú sea un país en condiciones de enfrentársele. “Hay que preparar a las nuevas generaciones para que transiten de esta cultura de la corrupción hacia una cultura de la integridad”, finaliza.