«Alguien de arribanos quiere silenciar”, alertó Fritz Du Bois Freund, director de Perú.21, en entrevista con El Comercio, el domingo 27. Aunque no dio nombres, las palabras de Du Bois prenden las alarmas en torno al caso Rudy Palma Moreno, el periodista que, desde el 21 de mayo, se encuentra recluido en el penal Piedras Gordas por haber hackeado el correo electrónico del titular de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Luis Silva Martinot.

¿Por qué el caso Palma (y otros de su tipo) ha generado preocupación en los gremios de prensa nacionales? ¿Existen intereses subrepticios por acallar a ese medio y, por extensión, limitar la labor periodística? La historia arranca el lunes 23 de abril con la visita de Silva Martinot a Perú.21, en el piso 6 del jirón Miró Quesada 247, en el Centro de Lima. Eran alrededor de las 9 p.m. y el tecleo de las computadoras aún resonaba en la redacción. Silva, según El Comercio en su editorial del último domingo 20, llegó a las oficinas del diario para “averiguar el origen de las intromisiones detectadas en los correos electrónicos de su ministerio”.

El rastreo electrónico del Mincetur había detectado que el ingreso a las cuentas de correos provenía del IP (Internet Protocol o código con que cuenta una red de computadoras) de Perú.21, por lo que “ese diario permitió al día siguiente, sin necesidad de orden judicial, que la policía y la fiscalía interviniesen la PC que usaba Palma”, refiere el editorial.

El periodista de 35 años fue detenido dos días más tarde. De acuerdo con informes de prensa, Palma reconoció a la Policía “haber tenido acceso a los correos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de otros funcionarios del Estado” y que “sí utilizaba la información que consideraba de interés público para escribir artículos, tales como traspaso de los consejeros comerciales de Cancillería a Mincetur, medidas para la reducción de los costos portuarios y para promocionar la marca Perú, entre otros”.

La Fiscalía le abrió investigación por delitos informáticos, violación de correspondencia y revelación de secretos nacionales. Por este último, Palma, quien dijo haber actuado de manera personal y sin el conocimiento de su jefa, la editora de la sección Economía, Gina Sandoval, podría recibir hasta quince años de prisión. Pero lo que más preocupa en este delicado caso son los visibles excesos que han marcado el inicio de la investigación.

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