Keshia Tamara, alumna de la Facultad de Derecho, recuerda que al llegar al penal de mujeres de Chorrillos todos los estereotipos que tenía sobre las cárceles se disiparon, pues el lugar era completamente distinto a lo que pensaba. “En Chorrillos, hay una cuna que alberga todo el día a los hijos de las reclusas. Lo que uno piensa es que la vida de los niños en un penal debe ser dura y con carencias, pero encontramos un ambiente adecuado, ambientado como un jardín infantil, limpio y lúdico. Esto es importante para resocializar a las madres, pues si bien han cometido un delito y tienen que pagarlo, no por eso debe dejar de vivir la maternidad”, comentó la alumna, que visitó este establecimiento penitenciario con un grupo de estudiantes de su facultad. Ahí tuvieron la oportunidad de observar la infraestructura y distintos ambientes del lugar.

La situación de las cárceles de la capital ha ido empeorando con el paso de los años debido a los estereotipos y prejuicios que giran en torno a los reclusos de dichos establecimientos penitenciarios. Ante esta coyuntura, nuestra Facultad de Derecho tiene una asignatura que permite a los estudiantes realizar una serie de prácticas de campo en las distintas ramas del derecho y realizar acciones de incidencia pública. Uno de estos espacios en particular permite a los jóvenes conocer, de manera directa, la situación por la que atraviesan los reos de distintos establecimientos penitenciarios y velar por el respeto de sus derechos fundamentales, nos referimos a la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público – Sección derechos fundamentales de personas privadas de libertad y Keshia es una de las participantes.

Visitas

Los estudiantes debían realizar una serie de visitas a los recintos penitenciarios, para poder recolectar evidencia y testimonios que les fueran de utilidad para su investigación. Los establecimientos seleccionados fueron la E.P. Mujeres Chorrillos (Ex Santa Mónica) y la E.P. Lurigancho.
En el penal de Lurigancho, se realizaron dos visitas debido a que este se encontraba en una situación más crítica que el de Chorrillos. En la segunda jornada, el grupo conversó directamente con los internos. “Entrevistamos a los reclusos y nos dividimos en equipos de trabajo. Ellos nos contaron su historia, cómo funcionaba cada pabellón, qué cobros se realizan de manera ilegal y qué otros actos de corrupción existen dentro”, cuenta la estudiante María Fernanda Caparó.

Hallazgos

Al agrupar las entrevistas y evidencias, el equipo confirmó algunas de las sospechas que tenía en cuanto a la situación en la que se encontraban los reos. “En ambos penales, hay hacinamiento, lo cual creemos que es una situación común en todos estos establecimientos. Por ejemplo, en Chorrillos, la capacidad es de 300 personas y hay 800; pero en Lurigancho es mucho más alarmante, pues está diseñado para 3,000 reclusos y hay entre 11,000 y 12,000”, explicó la abogada Rosa Llique, docente adjunta del curso.

Otros de los problemas que hallaron son la corrupción y los malos tratos hacia los internos, situación muy arraigada en el caso del penal de Lurigancho. “Las diferencias entre los dos lugares (Chorrillos y Lurigancho) son enormes. Hemos podido observar muchas necesidades. Por ejemplo, había personas que requieren atención en salud mental por su situación. Asimismo, nos enteramos de que había muchos casos de corrupción dentro del penal; lamentablemente, dicha situación está muy normalizada y así los más afectados son los de bajos recursos”, señaló la alumna Keyla Mejía.

Con toda esta información y testimonios, el grupo tomará acción frente al problema y pondrá en alerta a las autoridades. “Lo que hemos venido trabajando ya casi un año y medio, y que esperamos concluir este ciclo, es la redacción de un hábeas corpus correctivo, el cual pretende que se declare el estado de cosas inconstitucional de las cárceles en el Perú. Pues ya hemos visto con las visitas, a Chorrillos y a Lurigancho, que hay muchas privaciones para los y las reclusas, las cuales atentan contra su dignidad y derechos, y perjudican su proceso de resocialización”, finalizó Llique.

Alumnos participantes en la Clínica jurídica de derechos fundamentales de personas privadas de libertad: Caroline Aguirre Oré, Carlos Arias Suárez, Fiorella Buleje Quispe, María Fernanda Caparó Beltrán, Keyla Mejía Liceta, Alessia Roca Lizarzaburu, Jennifer Saavedra Saenz, Flavia Scaramutti Rodríguez, Keshia Tamara Coronel, Milagros Verástegui Ramírez y Daniela Zare Velasquez