A mediados de la semana pasada, la Contraloría General de la República reveló que, de una auditoría financiera realizada a 13 gobiernos regionales, ninguno presentó data completamente transparente en su rendición de ingresos y gastos del 2013. Lo mismo sucedió con el 72% de los 61 municipios auditados. Días antes, el 24 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la modificación constitucional que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes –aunque su promulgación requiere todavía una segunda votación en la primera legislatura del 2015–. Con 19 de 25 presidentes regionales sometidos a investigaciones fiscales o procesos judiciales, el panorama parece confirmar que los desafíos presentados por el proceso de descentralización iniciado en el 2002 sobrepasan –por el momento– las capacidades de la administración pública. En este informe, analizamos algunos puntos clave que, trabajados desde los propios gobiernos locales, pueden lograr mejoras significativas.

El alza del precio de los minerales que vive el país, y que permitió crecimientos anuales del 7%, ha sido también un arma de doble filo. El precio de la onza de oro trepó desde los US$ 400, en el 2004, hasta sobrepasar los US$ 1,800, en el 2012. “Pero así como el Estado gana más dinero por la extracción legal, también se ve enfrentado a otros retos que no tenía antes con el crecimiento de la minería informal e ilegal”, explica el Dr. Eduardo Dargent, director de la Maestría en Ciencia Política y Gobierno, y coordinador del IX Seminario de Reforma del Estado.

“Entonces, lo que puede ser un momento de oportunidad para construir un mejor Estado también puede ser un momento en el cual este se atrofia, ya que surgen más retos, la corrupción entra a diferentes niveles del Estado y, poco a poco, comienza a querer ser autoridad política”, añade.

“El oro ilegal es un producto que, muchas veces, está en zonas alejadas que requieren presencia estatal, donde parte de la responsabilidad de la fiscalización y el control es regional, y otra parte, nacional”, comenta Dargent. Aunque acota que los problemas de la minería ilegal son distintos para cada región: “El fenómeno en la Amazonía es distinto al de la sierra. En la selva, hay contaminación fluvial y zonas donde no debería haber, de ninguna manera, explotación de oro –aunque también existen zonas donde podría llegarse a una formalización– mientras que, en algunas zonas de la sierra, es más factible la idea de una concesión subterránea que no necesariamente afecte lo que está arriba”.

Para Dargent, enfrentar el problema pasa por un fortalecimiento del sistema de control territorial del Estado en las mismas zonas afectadas que, muchas veces, superponen concesiones con territorios protegidos de comunidades o de distintos usos. Esto implica una mejor presencia del Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y la Sunat. “En suma, más presencia efectiva de la sociedad, lo que supone una inversión muy fuerte”, señala. Las prohibiciones e interdicciones que realiza el Estado, difícilmente logran resultados efectivos por su cuenta, pues, aunque ha mejorado su coordinación, los comercializadores de oro ilegal se adaptan rápidamente al control ejercido. “El Estado tiene que responder con mucha muñeca y apuntar, tal vez, a un punto intermedio en el cual logre cierta formalización con ciertos estándares”, señala, “pues es un mejor escenario que aquel en el cual prohíbe o busca intervenir, con el que solo logra tener más explotación sin estar sujeta a ningún tipo de control”. Él advierte, además, que en otros países, como Colombia o México, grupos armados usan la minería como forma de nutrirse de recursos. “Felizmente, todavía no vemos mafias regionales territoriales, pero sí hay pequeñas mafias que cada vez van a tener mayor control del territorio, mayor dinero que invertir, y mayor influencia política y vinculación con otros negocios ilegales. Es un tema que deberíamos estar mirando mucho”, indica.

Precisamente, la Mg. Gema Santamaría, investigadora visitante del Center for US-Mexican Studies de University of California, en San Diego (EE.UU.), ha estudiado el comportamiento de organizaciones criminales internacionales, cuyas repercusiones violentas –y, en buena medida, sus soluciones y respuestas– radican en el nivel local.

“La violencia de estas organizaciones se ha vuelto mucho más brutal a partir de la década del 2000”, explica. “Al tratar de escapar de la justicia, han diversificado las fuentes de su enriquecimiento ilícito y han empezado a dedicarse más a las extorsiones, los secuestros y la violencia en contra de migrantes”, continúa.

Desde su experiencia, los gobiernos locales y regionales tienen dos caminos paralelos para hacerle frente. El primero es crear mecanismos de protección dirigidos a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad: “Más del 90% de los homicidios son cometidos desde y en contra de jóvenes varones –resalta–. La creación de programas después de la escuela para que los niños y jóvenes no estén desocupados y susceptibles a ser reclutados es algo muy efectivo”.

A su vez, Santamaría afirma que “se requieren medidas bastante transparentes para la rendición de cuentas, y también para depurar los cuerpos de seguridad y la justicia que hayan sido penetrados por el crimen organizado”. El fortalecimiento de la institucionalidad local pasa también por liderazgos políticos, “pero afincados en lo público y con líderes respetados. Hay que tratar de que los gobiernos locales asuman liderazgos a sabiendas de que ellos podrían conocer y evaluar mejor cuáles son las necesidades particulares que tienen sus municipios o regiones”, resalta la especialista.

Por su parte, la Dra. Stéphanie Rousseau, coordinadora del área de investigaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, enfatiza que el Estado tiene que “desarrollar una capacidad para atender a una población hablante de idiomas indígenas que se encuentran en las ciudades”.

En cinco regiones del Perú (Apurímac, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Cuzco), entre el 50 y 70% de población tiene alguna lengua indígena como idioma materno. “En ellas, según la Ley de Lenguas Indígenas promulgada el 2011, se deberían implementar reformas para que el Estado atienda a los ciudadanos en su idioma, lo que implica capacitar a funcionarios públicos, crear material, e impulsar programas de educación y valoración de los idiomas indígenas. De eso se trata el enfoque de derechos lingüísticos”, explica Rousseau.

Hasta el momento, la politóloga ha identificado 13 ordenanzas adoptadas por las regiones en ese sentido, como, por ejemplo, una del 2007, en la que el Cuzco hizo obligatoria la enseñanza del quechua en todos los niveles educativos de la región.

Pero, además de la voluntad política de ciertas autoridades regionales, Rousseau reconoce los esfuerzos desplegados a través del Viceministerio de Interculturalidad y del Ministerio de Educación, que tienen la tarea de elaborar un mapa etnolingüístico detallado del Perú que sirva como herramienta a los distintos niveles de gobierno.

“Hay una voluntad a nivel de las autoridades máximas, pero lo importante es que se genere una corriente popular de demanda”, afirma Rousseau.

Desde febrero de este año,el Consejo Mundial de la Calidad implementó el ISO 18091, una norma dirigida a gobiernos municipales que serán certificados como Gobiernos Confiables si cumplen con los 39 indicadores que agrupan en cuatro rubros: económico, social, desarrollo económico de la región y medioambiental.

“Lo interesante es que, para obtener el certificado, el municipio tiene que generar un Observatorio del Ciudadano que asegure la transparencia e interacción ciudadana, vea objetivos claros para los indicadores del ISO y que, además, sea el encargado de renovar la certificación anualmente”, señala el Lic. Flavio Calonge, CEO de la Fundación para la Innovación Social (EE.UU.) que, a su vez, trabaja con la Fundación Internacional para el Desarrollo para Gobiernos Confiables.

En Lima, por ejemplo, los municipios de La Molina, Jesús María, San Borja y Miraflores ya han manifestado interés por esta norma. “Si implementas el ISO 18091 al empezar la gestión, tienes cuatro años para poder hacer una prueba efectiva de lo que estás haciendo”, comenta Calonge. “Hacerlo en el último año, con una popularidad del 10%, es casi un suicidio político. Por eso, este es el momento adecuado para lanzar esta norma en el Perú. Las autoridades tendrían que evaluarlo porque es una decisión política, pero transparentaría muchas cosas, ya que hace que la gestión pública sea mucho más estructurada e incluye a la ciudadanía en esta gestión”, agrega.