Uno de los retos más difíciles para la fiscalización ambiental es mantener el equilibrio para regular de acuerdo a los objetivos que se persiguen sin vulnerar los derechos de los ciudadanos o las empresas. Esto debido a que los fiscalizadores someten a regulaciones estrictas que impiden o hacen muy poco rentable algunas actividades económicas que entran en conflicto con el entorno ambiental.

Diversos problemas ambientales han sido muy mediáticos. Por ejemplo, en España hay un notable interés porque las irregularidades de algunas actividades económicas significaría un gran riesgo para otras mucho más importantes, como el turismo. Pizarro destaca uno de los casos más controvertidos y recientes, la extracción de gas de esquisto a través del fracking. Este método consiste en inyectar grandes cantidades de agua mezclada con sustancias desconocidas a gran profundidad en la tierra. Las empresas responsables no revelan los componentes porque forma parte de su secreto industrial.

En Perú contamos con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), responsable de controlar que las actividades económicas respeten la legislación ambiental y de establecer las medidas de corrección y sanción si son necesarias. Mientras tanto, el especialista indica que en España no existe un organismo semejante porque la fiscalización está a cargo de las comunidades autónomas, el equivalente a los gobiernos regionales en Perú. Cada comunidad autónoma aprueba y controla que se cumpla la legislación a través de su departamento de medio ambiente.

Estos gobiernos regionales deben encargarse de realizar una evaluación ambiental adecuada, estableciendo las condiciones de seguridad y contemplar todos los riesgos para las poblaciones y el entorno. No obstante, Pizarro señala que por ello surjan conflictos de autoridades, cuando muchas comunidades prohíben determinadas actividades económicas en sus territorios, pero la administración general del estado o gobierno central las autoriza.

Al experto le preocupa que la mayor parte de la población y las empresas no estén dispuestas a renunciar a los beneficios que les conlleva continuar con las irregularidades de ciertas actividades económicas, más aún si los daños no son tan evidentes. Muchos argumentan que puedan poner en peligro los empleos o la economía, por lo que la fiscalización a veces cede y se postergar decisiones que cada vez son más urgentes.

Otro claro ejemplo fue el escándalo de Volkswagen al falsear sus emisiones, que eran más de lo permitido. A partir de este hecho inició el debate sobre las repercusiones en la economía de los países que tenían fábricas de la marca, porque la fiscalización podría llevar al cierre y al despido de los trabajadores. Recientemente los estados europeos han pedido a la Unión Europea que modifique la legislación y se incremente un 25% las emisiones permitidas.

Conciencia cívica, fiscalización más justa

“No es un problema de control, sino que el legislador está primando unos intereses económicos frente a intereses ecológicos”, sostiene Pizarro. Además indica que las empresas están en su derecho de exigir que la fiscalización afecte lo menos posible el desarrollo de las actividades económicas, pero enfatiza que las irregularidades deben corregirse y no tolerarse. Para el docente, estos conflictos de fiscalización ambiental son consecuencia de la conciencia cívica de cada sociedad. “No podemos esperar que las leyes y los fiscalizadores consigan que la sociedad en su conjunto funcione. Debe ser la ciudadanía la que contribuya a esa sociedad deseada”, señala.

Por otro lado, Pizarro hace hincapié en que el fiscalizador no debe olvidar que es responsable solo de la observación del cumplimiento de las leyes. Pero no puede exceder en sus atribuciones y exigir a los ciudadanos o a las empresas lo que la ley no pide, por más que esta parezca insuficiente o anticuada. Por ello, él enfatiza que la legislación es una función que corresponde únicamente al parlamento elegido democráticamente.

«La labor fiscalizadora requiere de supervisión ya que es un poder susceptible a ser mal empleado, además de no ser otorgada de manera democrática», observa. El docente indica que el organismo que ha ofrecido mejores resultados es el poder judicial porque permite al ciudadano reaccionar cuando ha sufrido del abuso de poder, exigir que el fiscalizador no vuelva a hacerlo y le indemnice si es necesario.

Otra opción, menciona, consiste en atribuir funciones a otros entes fiscalizadores que no atiendan necesariamente al conflicto entre fiscalizador y empresa. Esta alternativa podría servir para corregir el protocolo de actuación del fiscalizador, pero no garantiza la satisfacción a la persona perjudicada. Pizarro sostiene que los controles de estos otros entes no suelen ser jurídicos, sino políticos o de eficacia y no garantiza los derechos de los ciudadanos. Por ello, considera que el control judicial ha sido el más completo ante estas circunstancias.