El nuevo proyecto de ley, que todavía será revisado por el Congreso, ha generado disgusto entre los diversos alcaldes cuyos distritos tienen una parte de la Costa Verde bajo su jurisdicción. En principio, el punto al que se oponen cinco de los alcaldes es el que los terrenos de dicha zona pasarían a ser administrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, como estrategia para apropiarse de dicho espacio.

Diferencias

Actualmente, se encuentra vigente la Ley 26306, que reconoce la propiedad del corredor ribereño a las diversas municipalidades distritales. Sin embargo, en el nuevo proyecto de ley plantea diversos cambios.

En primer lugar, la gestión. Si bien ahora existe una Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), conformada por representantes del municipio metropolitano como de cada una de las municipalidades distritales, con la nueva ley se le estaría dando más poder a la autoridad y esta dependería de la Municipalidad Metropolitana de Lima. “El problema es que no dice expresamente que vayan a participar representantes de las diversas municipalidades, lo cual no quita que en algún momento sean incorporados”, explica el abogado.

En segundo lugar, tenemos la extensión territorial que comprende la Costa Verde. En la ley actual es desde San Miguel hasta Chorrillos y se plantea ampliarla hasta Villa El Salvador. Una tercera diferencia tiene que ver con la propiedad. Actualmente, los terrenos que ahí se encuentran son de propiedad de las municipalidades distritales. Mientras que con la nueva ley, estos pasarían a ser de la Municipalidad de Lima, respetando el derecho de terceros. La cuarta diferencia, tendría que ver con las licencias y permisos, los cuales son de competencia distrital pero que ahora pasarían a ser parte de la Municipalidad de Lima.

Reordenamiento

Algunos alcaldes han mencionado que el proyecto de ley sería inconstitucional y que busca la expropiación de los terrenos que ahí se encuentran. “El problema de la ley actual o del proyecto de ley es que ninguna declara como necesidad pública el ordenamiento o los fines que persigue la gestión sobre la Costa Verde”, menciona el abogado Ortiz.

Con respecto a la inconstitucionalidad, el especialista explica que uno de los problemas es que el proyecto de ley plantea la revisión de todos los actos de adjudicación desde 1994, lo cual no es posible. “No se puede revisar actos que ya están efectuados y con derechos adquiridos. El proyecto de ley plantea hacer una revisión de una propiedad o de una licencia ya otorgada, lo cual sí es inconstitucional”, menciona Ortiz.

Sin embargo, un camino constitucional sería la expropiación y el especialista explica que los grandes proyectos como la ampliación del aeropuerto, la av. Universitaria o el intercambio vial del Jockey Plaza, fueron posibles mediante la expropiación de terrenos como necesidad pública para el reordenamiento urbano-ambiental, como es el caso de la Costa Verde. “Se requiere de un estudio por el lado urbano para ver la mejor opción”, explica Ortiz.

Licencias

El especialista menciona que las licencias se rigen bajo la Ley 29090, que regula las habilitaciones urbanas y edificaciones, y en la que se dice que son de la jurisdicción de las municipalidades distritales por que deberían seguir siendo de su competencia, sino estaríamos yendo en contra de la ley orgánica de las municipalidades y de la Ley 29090. El abogado menciona que tal vez, para que el reordenamiento sea mejor planteado, sea mejor una revisión de la otorgación de licencias, no de las ya dadas, sino de la ley, así no se vulneraría la autoridad de las mismas.

“Creo que las licencias deben mantenerse en las municipalidades distritales. Si quieres ordenar y sanear, y los diferentes distritos no lo han podido hacer bien, pues no hay problema, el mismo Estado toma la rienda mediante el Congreso, si es que se decide hacerlo. Hay que entender que las municipalidades no son privadas, solo se cambia de órgano para el mejor ordenamiento”, explica Ortiz.