Ante el incremento de la conflictividad social, los lamentables hechos de violencia y las acciones que debilitan el estado de derecho, la democracia y la situación económica de nuestro país:

1. Expresamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad con quienes han sufrido los actos de violencia, muy en especial con las familias de las personas fallecidas.
2. Demandamos a nuestros gobernantes:
   • Al Poder Ejecutivo, reconocer que sus tardías e improvisadas acciones han conducido a la compleja situación social que vive el país. Asimismo, rectificar las decisiones que afectan la meritocracia y que alientan la corrupción y el debilitamiento del Estado. No es posible pensar en un futuro viable sin enmendar el rumbo político. 
   • Al Ejecutivo y el Congreso, encontrar una pronta salida al entrampamiento político, dentro del marco constitucional y redoblar los esfuerzos de diálogo entre ellos y con los actores sociales. Garantizar las condiciones mínimas de gobernabilidad es obligación de quienes tienen en sus manos la conducción del país.
3. Deploramos la violencia, el vandalismo y cualquier atentado contra los derechos fundamentales de las personas.
4. Exhortamos a los políticos a deponer intereses particulares y a actuar pensando en el futuro que debemos asegurar a las próximas generaciones. La actual crisis requiere desprendimiento, medidas pertinentes, capacidad y una mirada de largo plazo.

Manteniéndose en el marco constitucional, es necesario que tiendan puentes y avancen hacia acciones que pongan a las peruanas y los peruanos en el centro de sus decisiones.

Como nación nos toca avanzar juntos. Los jóvenes tienen derecho a vivir en un país democrático, solidario e inclusivo. Es momento de pensar en ellos.

Lima, 7 de abril del 2022

Pontificia Universidad Católica del Perú