El profesor del Departamento de Derecho PUCP, investigador del IDEHPUCP y consultor en la Sección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mag. Bruce Barnaby, conversó con PuntoEdu sobre las más de 500 denuncias de violencia sexual hacia niñas y adolescentes de comunidades indígenas awajún y wampis, y la falta de políticas de interculturalidad por parte del Estado para abordar esta y otras graves problemáticas. 

¿El Gobierno está fallando en atender las denuncias de violencia sexual en las comunidades awajún y wampis? ¿De qué manera?

La violencia sexual contra niñas y adolescentes de comunidades indígenas ha sido documentada desde hace mucho tiempo. Aunque este problema es especialmente evidente en la región de Condorcanqui, no se limita solo a esta área. Una de las mayores dificultades para abordar esta problemática radica en la cantidad de barreras administrativas que existen, debido a la distancia geográfica y las dificultades económicas de transporte y comunicación. 

Otro factor es la falta de coordinación entre las comunidades y el Estado. No existe una política clara por parte de este para abordar la justicia en pueblos indígenas. Esto impide a las autoridades saber cómo abordar la protección de las víctimas de manera específica. 

Asimismo, existen prejuicios hacia las comunidades indígenas. Los comentarios recientes de los ministros de Minedu y del MIMP muestran una falta de comprensión hacia las realidades de las comunidades. 

Diversas críticas señalan que la interculturalidad desde el Estado es vista como un elemento de gestión y no como un proceso que incluya a los pueblos indígenas como actores políticos". 

¿Cómo se aborda la interculturalidad en nuestro país? 

A partir de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, se fortaleció su protección y reconocimiento. Sin embargo, diversas críticas señalan que la interculturalidad desde el Estado es vista como un elemento de gestión y no como un proceso que incluya a los pueblos indígenas como actores políticos. 

Dado que Perú alberga a 55 pueblos indígenas distintos, según la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, es crucial diseñar políticas específicas que respondan a las necesidades de cada comunidad, incorporándolas efectivamente en la discusión y toma de decisiones. 

Otro de los problemas es cómo abordamos la interculturalidad. Muchas veces se asume que solo debe aplicarse a los pueblos indígenas. Es decir, que ellos deben aprender a ser interculturales para relacionarse con el Estado y la sociedad occidental. 

Es fundamental reforzar las políticas de protección en los espacios educativos, asegurando la presencia de personas responsables y capacitadas para denunciar, y tomar medidas para proteger a las víctimas".

¿Qué instituciones del Estado deben impulsar el conocimiento de la interculturalidad y asegurar una educación segura en las comunidades indígenas?

Idealmente, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debería asegurar que la interculturalidad esté presente en todas las áreas del gobierno. El Viceministerio de Interculturalidad también debería cumplir con la transversalización de la diversidad cultural. No obstante, enfrenta grandes desafíos debido a su posición como subsector dentro del Ministerio de Cultura. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira), ha tenido un avance en la gestión de la educación y la normalización de las lenguas indígenas. Sin embargo, no ha abordado de manera efectiva la violencia sexual contra niñas y adolescentes. 

En 2017, el Minedu publicó el informe «Desenrollando la madeja de la impunidad». Este documento identificó la violencia sexual y la falta de justicia que sufren las niñas y adolescentes en zonas rurales y multiculturales de Condorcanqui. Asimismo, en 2019, la comisión investigadora en el Congreso de abusos contra menores en instituciones -más conocida como ‘Comisión Sodalicio’- realizó un informe sobre esta problemática, la cual enfatizaba la necesidad de abordarla para generar políticas que eviten la continuidad de estos abusos. Sin embargo, no se aprobó en el Pleno por la crisis política de ese año.

Entonces, ¿es un problema que se ha estado ignorando?

Las denuncias actuales demuestran que no se ha avanzado en la prevención de este delito. En el informe se detallaba que las comunidades enfrentaban dos opciones difíciles: denunciar al profesor abusador y cerrar el colegio por falta de reemplazo, o mantener al agresor para que el colegio siga funcionando.  Asimismo, los casos llegaban tarde a las UGEL y a la Fiscalía. Una vez que eran denunciados los violadores, no existían estrategias claras para abordar los casos. Los abogados estaban sobrecargados y había alta rotación de personal debido a las malas condiciones laborales, lo que impedía la continuidad de las investigaciones. En las UGEL, muchas denuncias quedaban sin resolver por la falta de personal y recursos.

¿Cómo puede el Gobierno proteger a las niñas y adolescentes que viven en albergues y escuelas de comunidades alejadas?

Es esencial desarrollar una estrategia que fortalezca y aumente la oferta de profesores interculturales, especialmente de las propias comunidades, y haga la carrera docente más atractiva. También es fundamental reforzar las políticas de protección en los espacios educativos, asegurando la presencia de personas responsables y capacitadas para denunciar, y tomar medidas para proteger a las víctimas de violencia sexual. Para ello, el Estado debe garantizar una coordinación efectiva con las autoridades de las comunidades para identificar, sancionar y reemplazar a los culpables sin perjudicar a los demás estudiantes.