La Constitución reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. ¿Es una aspiración viable o una utopía?

Uno de los principales retos que tenemos es definir qué queremos decir con “derecho a la salud”. Sea desde un plano ideológico, técnico-científico o político, cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestras carencias e inequidades, debemos tomar decisiones difíciles. Podemos tener diferencias de opinión, pero concretar una política pública nos permitirá ir acercándonos a esta aspiración.

La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud fue promulgada en abril del 2009. A la fecha ¿cuánto se ha avanzado en su implementación?

La implementación no se inició de manera integral a lo largo de todo el país, sino con programas piloto que no contaban con línea de base o un diseño de evaluación. No obstante, en estos dos años de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud ha habido cierto avance, no muy explicito ni visible, en términos de conocimiento acerca de lo que podría hacerse en el sector en un futuro inmediato.

No se ha avanzado a la velocidad que hubiéramos querido, porque no hubo un alineamiento entre las aspiraciones de la reforma y los recursos disponibles. Tenemos que seguir discutiendo qué tipo de aseguramiento queremos, desde un punto de vista académico, social y político. No hemos llegado a una definición que goce de total consenso y es importante que el gobierno y los ciudadanos tomen una decisión próximamente.

Al ampliarse la cobertura dentro del sistema de salud, es inevitable que el gasto aumente. Si la calidad de atención de por sí no es buena, ¿cómo nos vamos a dar abasto para poder atender a más gente en el futuro?

Hay dos alternativas que, desde el punto de vista operativo, no son contradictorias. Una primera medida es priorizar qué brechas de capacidad resolutiva y de calidad de atención queremos cerrar e implementar una política de inversión a mediano plazo, particularmente en las regiones menos atendidas. La segunda es contar, en la medida que sea posible, con otros actores que puedan proveer el servicio, como el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL). Hay nichos donde soluciones de ese tipo pueden ser más efectivas; no creo que haya un solo modelo, hay que ser flexibles.

¿La estructura del sistema de salud que tenemos hoy en nuestro país (dividida en subsistemas) es inusual en la región o es una tendencia general?

El sistema fragmentado es más frecuente que otros en Latinoamérica. Y claro, es una construcción histórica, acuérdate que en el Perú teníamos una “seguridad social obrera” y una “seguridad social del empleado”. Una reforma de las décadas iniciales del siglo pasado fue tratar de fusionarlas e igualarlas, pero esta fragmentación refleja sociedades que en lo operativo suponen niveles de cobertura y de beneficios diferenciados.

Los sistemas de salud no se desarrollan, crecen y se diseñan en el vacío, se configuran en un espacio histórico, con determinantes sociales y políticos. Por ejemplo, en el sistema de salud británico, existe un solo fondo público enteramente financiado por impuestos (lo que se llama single payer). A mucha gente le gusta ese modelo, tiene una serie de ventajas pero ¿cuán viable sería esta reforma acá, considerando los niveles de evasión tributaria que tenemos?

¿Es cierta la expresión “a mayor inversión, mejor salud”?

No necesariamente. El Perú está en una situación de menor financiamiento comparado al resto de países de nuestro nivel y desarrollo en Latinoamérica. Mi impresión es cuando uno está por debajo de un umbral mínimo de financiamiento, no se puede aspirar a ser eficientes. Necesitamos sistemas de información, gente más calificada, mejores procesos y eso cuesta. Si me restringes los recursos no puedo hacer las mejoras. Por otro lado, sobre un determinado umbral también puede haber mucho derroche, depende en que lado te encuentres. Pero también es verdad que más dinero, por sí solo, no significa necesariamente mejor salud.

¿Cuántos recursos necesita el sector salud para operar adecuadamente?

La cifra que se maneja a través de diferentes estudios se ubica alrededor del 7% del PBI. Y estamos en 5.5% como mucho, falta 1.5%. El gran reto es saber si en el país existe el espacio fiscal para ir apropiándose de ese punto y medio en el tiempo. De lo contrario, ¿cómo aseguramos que se hagan las políticas claves para que esos recursos tengan una alta efectividad?

¿A quién le corresponde la responsabilidad de generar políticas públicas que vayan a concretizar un sistema de salud más equitativo, con mayor acceso para toda la población?

El Ministerio de Salud tiene que jugar un rol fundamental. En ese sentido, debe generar políticas públicas, regular mercados, certificar la calidad de profesionales y establecimientos y poner umbrales mínimos de condiciones de operación de los servicios. Sin embargo, tenemos que pensar en políticas saludables desde otros sectores. Por ejemplo, se debe impulsar que haya dotación de agua en zonas rurales; salud puede llevar médicos y poner postas pero si desde el plano de las políticas sociales no se hace un esfuerzo grande para que la población tenga agua, el impacto de esos servicios será muy reducido.

En el corto plazo, no hay forma de evitar que la gran demanda sea cubierta con una oferta estática y distorsionada. La única forma de salir de ese entrampe, a mi modo de ver, es tomando una decisión explícita y concertada entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales sobre cómo vamos a orientar nuestra inversión en los próximos años. Y eso no es imposible de hacer.

El Perfil

Nombre: Midori De Habich