17 de mayo del 2017

Reconstrucción presupuestada

Una vez que los fenómenos naturales pasan, se inicia la labor de reconstrucción. Devolver a las ciudades sus infraestructuras, puentes, carreteras, hospitales y escuelas afectadas es tarea del gobierno de turno. ¿Cómo se asigna el presupuesto para este objetivo? ¿Es posible que los gobiernos apoyen a los ciudadanos en la reconstrucción de sus hogares? Álvaro Rojas, gestor académico en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, nos explica cómo se organiza el presupuesto público en materia de gestión de riesgo de desastres.

El terremoto de Ica en el 2007 cambió la forma de ver los desastres en el país. Ese hecho posibilitó que el Estado reaccione e identifique a los desastres naturales como un problema público. “Las lluvias y el friaje son fenómenos naturales que ya sabemos que van a ocurrir. Se trata de riesgos que pueden convertirse en desastres y exigen las coordinación y articulación entre distintos actores políticos”.

Este año, el Niño costero ha dejado secuelas tangibles en diversas partes del Perú. Álvaro Rojas, licenciado en Ciencias Políticas, explica que en este caso, como en otros, ya existe un presupuesto asignado a la gestión de riesgo de desastres. Aunque la reconstrucción es una labor costosa en términos económicos, Rojas refiere que el problema, esta vez, no ha sido el dinero disponible.  “El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destina partidas presupuestales para este propósito con un monto específico, al igual que para otros rubros. Quienes se encargan de ejecutar el presupuesto son las municipalidades locales, provinciales y los gobiernos regionales. El problema que identificamos es la articulación entre todos”, señala.

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

A partir del 2011, el sistema encargado de este tipo de procesos es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Este fue creado con la Ley 29664 e incluye al Instituto Nacional De Defensa Civil (Indeci), antes órgano rector en la materia, como una de sus partes. Desde entonces, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como órgano rector, coordina a través de su Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres con otras instituciones involucradas, como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Este gran sistema tiene como ejecutores de base a todos los alcaldes del país. “El Estado no tiene la capacidad para evaluar lo que se está haciendo. Es necesaria una coordinación que no es fácil porque toma tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo la toma de decisión”, añade el Lic. Rojas para explicar que es un problema de ejecución y no de recursos.

Si bien es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres  el principal órgano decisor en el Sinagerd, quien decide cómo se gasta el dinero asignado son los alcaldes, sus concejos y, a veces, la ciudadanía. Para Rojas, lamentablemente, “invertir en riesgos de desastres, políticamente hablando, no es rentable, en términos de ganancia política, para alguien que busca reelegirse. Entonces, muchos alcaldes prefieren hacer otras cosas”.

El gobierno central tiene un fondo para este tipo de desastres. El MEF gestiona de forma directa la Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastre. “El gobierno ha destinado un fondo grande de dinero adicional, pero ¿qué viene después del dinero? ¿Qué se crea? ¿Quién se hace cargo? Esa es la parte más importante”, menciona el politólogo.

Política y gestión

Pese a ser el caso iqueño un hito en la historia peruana de gestión de riesgo de desastres, es también un ejemplo de lo que puede ir mal más allá de la cantidad de presupuesto asignado. “Ica no está tan construida como debería estar después del sismo. Más que un problema de dinero, financieramente hablando, es ver quién dentro del mismo municipio se hace cargo. Normalmente, son los mismos alcaldes, pero cuando no tienen la capacidad técnica y operativa, recurren al gobierno nacional para hacer la reconstrucción”, comenta.

Los elementos específicos en los que se invierte el fondo destinado, inicialmente, a la gestión de desastres pasa por la decisión del alcalde y su equipo. Depende de esa decisión si se reconstruye un puente o si se reubica a la población. “Son ellos quienes tienen que evaluar las propuestas. Ahí es donde puede surgir la corrupción. Los fondos se pueden destinar incluso a otros lados o no ser ejecutados. A veces, quedan partidas sin gastar al 20% o 30%”, indica. 

El reto está en operacionalizar la política de gestión de riesgos de desastres. “La política va de la mano de la gestión. Tenemos el recurso económico y quizás tenemos el recurso del apoyo o decisión política de reconstruir. Ahora hace falta la toma de decisión de los ejecutores”, indica.

La decisión recae en los actores políticos y, a su vez, se tiene que coordinar con el Sinagerd para poder seguir las políticas nacionales. “Eso implica la toma de decisión. Con eso, tal vez, le gustes a muchos y a otros no. Lo que sí se tiene que hacer es velar por el bienestar de la población y por su seguridad en riesgo de desastres”, concluye.

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