La mañana del 17 de julio, Ernesto Cabral –uno de los dos periodistas de planta que trabajan junto a Marco Sifuentes en la página Útero.pe– comentó que su computadora había terminado de procesar un algoritmo creado por el hacker Aniversario Perú para detectar cuántos candidatos a las elecciones municipales y regionales del 5 de octubre tenían sentencias penales o civiles. No le hicieron mucho caso. Ninguno esperaba que el análisis de la base de datos Verita –creada en alianza con la Asociación Civil Transparencia–arrojase un total de 1,395 candidatos con sentencias.

La bola empezó a rodar: identificaron a 7 candidatos sentenciados por homicidio, 13 por narcotráfico, 5 por terrorismo y entregaron la información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Verita trabajó con la información declarada, voluntariamente, por los candidatos, pero el JNE sí tuvo acceso al Registro Nacional de Condenas y descubrió que, en realidad, eran 2,131 los candidatos con sentencias, que incluyen 345 con condenas vigentes que han sido separados de la carrera. Así, la agenda noticiosa electoral ha estado comandada por un modesto equipo de tres personas que supieron analizar mejor que los medios tradicionales las complicadas hojas de vida de los candidatos.

“Lo hemos podido hacer trabajando con periodismo de datos”, explica Marco Sifuentes, periodista egresado de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP y creador de Útero.pe. ¿Qué es el periodismo de datos? Es aquel que analiza y procesa grandes bases de datos usando herramientas informáticas para encontrar la información valiosa. “En abril tuve una primera reunión con gente de la Asociación Civil Transparencia donde surgió la idea y luego se la comenté a un par de hackers o programadores interesados en el tema”, explica. “Tres meses después ya teníamos Verita gracias a Aniversario Perú, un hacker peruano que es biólogo en Europa y trabaja a diario con bases de datos de genes. Él se comió la chamba de crear los códigos de programación que armaron la base de datos, sin que nadie le pague, y Ernesto se ha amanecido noches enteras depurándola”, agrega.

Su principal problema fue limpiar y uniformizar los datos que tenían para poder cruzarlos con otras bases de datos que pudieron conseguir por ser información pública. Mientras más documentos y bases de datos burocráticas libere el Estado, mayores posibilidades de encontrar datos relevantes tendrá la prensa.

Acceso a la información y transparencia

Promulgada en agosto del 2003, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la principal herramienta que tienen ciudadanos y periodistas para exigir al Estado la publicación de información que nos concierne a todos. Presupuestos de compras, sueldos y planillas, viajes congresales, entre otros, deberían ser información abierta y libre.

“Esta ley tiene sus antecedentes en la lucha contra la corrupción de los años 98 y 99”, cuenta el Mg. Roberto Pereira, abogado por la PUCP que, actualmente, trabaja en el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), pero que trabajó en la Defensoría del Pueblo cuando esta impulsó el debate y promulgación de la Ley.

Gracias a ella, los ministerios, los municipios, las presidencias regionales y demás entidades del Estado están obligados a publicar información administrativa y financiera, adquisiciones y contrataciones. Además, todas estas instituciones están obligadas a entregar información de su competencia a cualquier ciudadano que la solicite, siempre y cuando esta no caiga bajo los supuestos de ser información secreta por ser relevante para la defensa nacional.

“Los sectores más reticentes a publicar información son, tradicionalmente, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Cancillería, pero, en general, se ha avanzado bastante”, evalúa Pereira. Él explica, además, que los medios pequeños e independientes tienen una mayor tendencia a usar esta ley para solicitar información cuando tratan temas de investigación que las propias instituciones no quieren revelar. Y una vez que el periodista consigue la información, los hackers –también llamados geeks o programadores– tienen la capacidad de armar programas o diseños para analizar la gran cantidad de datos.

Al respecto, Sifuentes señala: “Manejamos lenguajes distintos, pero en el fondo tenemos algo en común: nos gusta que la información circule libremente. Esa es una de las máximas de la ética hacker”. El mismo principio rige otras iniciativas o proyectos periodísticos no tradicionales que se desarrollan sin la preocupación empresarial de generar utilidades que tengan que dividir entre sus accionistas, común a todos los grandes medios.

Lee el infome completo en la edición impresa de PuntoEdu N° 318 (2014)