El Congreso ha reactivado el debate en torno a la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) en medio de serios cuestionamientos por su falta de sustento técnico y la presión ejercida por sectores informales. Autoridades y especialistas han advertido que el impulso legislativo responde a cálculos electorales y que, además, no se ha definido con claridad qué se entiende por minería formal. Aunque el texto original planteaba un marco normativo razonable para formalizar la pequeña minería, la nueva fórmula legal desdibuja ese objetivo y, lejos de ordenar el sector, terminaría por legitimar actividades informales e incluso ilegales.

En este contexto, distintas voces técnicas han exigido que la nueva ley priorice la seguridad de los trabajadores, el control ambiental y la trazabilidad de la cadena minera. Una de ellas es la del ingeniero de Minas Víctor Gobitz, CEO de Quilla Resources, egresado, docente y actual presidente de la Asociación de Egresados y Graduados de la PUCP. En esta entrevista, Gobitz, quien también es expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), analiza los riesgos y oportunidades detrás de la Ley MAPE, y sostiene que esta debe ser una verdadera herramienta de formalización, capaz de poner fin al limbo administrativo que hoy caracteriza a buena parte del sector.

Sin estándares técnicos

Uno de los pilares del proceso de formalización ha sido el Registro Integral de Formalización (Reinfo). ¿Cómo funciona actualmente y por qué no es suficiente?

Hay que precisar, primero, que el Reinfo es un trámite fundamentalmente administrativo. Le exige al minero que señale en coordenadas UTM dónde trabaja, que tenga un RUC, que presente —ni siquiera que apruebe— un plan ambiental básico y, lo más complicado, que firme un contrato con el titular de la concesión minera. Con ese documento, ya puede comprar explosivos, iniciar actividades y llevar su mineral a una planta de beneficio. El problema es que este trámite no garantiza ningún estándar técnico ni condiciones mínimas de seguridad.

El Reinfo es un trámite fundamentalmente administrativo (…). El problema es que este no garantiza ningún estándar técnico ni condiciones mínimas de seguridad".

¿Qué consecuencias ha tenido este enfoque en la práctica?

Ha generado que proliferen plantas de beneficio que procesan mineral sin asegurar que haya un diseño adecuado detrás. En minería subterránea, por ejemplo, es imprescindible contar con sistemas de ventilación. Si no los hay, la gente puede morir intoxicada. Se requiere también reforzar los terrenos para evitar derrumbes y garantizar espacios adecuados para que transiten personas y maquinaria. Además, muchas veces se interceptan cursos de agua que terminan contaminados. Nada de esto está considerado en el Reinfo.

Ley MAPE bajo mira: formalización con ingeniería, no con registros

Entonces, ¿qué debería hacer realmente la Ley MAPE para marcar una diferencia?

Debe ir mucho más allá del simple registro. Tiene que asegurar que exista un diseño técnico de las labores mineras, lo que permitiría que la autoridad pueda fiscalizar y verificar que ese diseño se cumpla. Solo así evitaremos que se pongan en riesgo vidas humanas y podremos saber quiénes están realmente involucrados en esta cadena de actividad. Con trazabilidad completa, el Estado podrá identificar responsabilidades y garantizar que todos los actores —quienes venden explosivos, equipos, combustibles, maquinaria— se desenvuelven dentro del marco legal.

¿Quiénes se oponen y beneficiarían, entonces, con este cambio?

Quienes se benefician del sistema actual: los que lucran sin asumir ninguna responsabilidad. Me refiero a intermediarios que no tienen responsabilidad laboral, ni tributaria, ni ambiental. Son ellos quienes se oponen a un cambio normativo serio, porque perderían el margen de maniobra que hoy les da la informalidad encubierta.

Se necesita que el Ministerio de Energía y Minas asuma un liderazgo claro con entidades, como Osinergmin, que ya fiscalizan con éxito a la gran y mediana minería a través de empresas supervisoras. Eso también debería aplicarse a la minería de pequeña escala".

¿Qué rol debería jugar el Estado para revertir esta situación?

Originalmente, la propuesta buscaba una solución real para ordenar la pequeña minería. Un rol técnico, centralizado y eficaz. Parte del error fue haber transferido la fiscalización de la pequeña minería a los gobiernos regionales. Lamentablemente, muchos de ellos no tienen la madurez institucional ni las capacidades técnicas necesarias. En algunos casos, hay indicios claros de corrupción. Por eso, se necesita que el Ministerio de Energía y Minas asuma un liderazgo claro, con entidades, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que ya fiscalizan con éxito a la gran y mediana minería a través de empresas supervisoras. Eso también debería aplicarse a la minería de pequeña escala.

El peligro del doble estándar

Desde su perspectiva, ¿qué distorsión genera este doble sistema?

Una muy grave. Hoy hay empresas, sobre todo plantas de beneficio, que se registran como pequeños mineros para quedar bajo la supervisión regional, donde no hay fiscalización real. Es un doble estándar inaceptable. La actividad minera es la misma, tenga la escala que tenga. El riesgo a las personas y al ambiente es igual de alto. Por tanto, no puede haber dos niveles de exigencia.

Hoy, hay empresas, sobre todo plantas de beneficio, que se registran como pequeños mineros para quedar bajo la supervisión regional, donde no hay fiscalización real. Es un doble estándar inaceptable. La actividad minera es la misma, tenga la escala que tenga".

¿Y cómo debería gestionarse la transición del Reinfo a este nuevo marco legal?

El Reinfo no debería extenderse más allá de diciembre de este año. En ese plazo, los más de 30 mil inscritos deben convertirse formalmente en mineros artesanales o de pequeña escala bajo un sistema regulado. No puede seguir existiendo esta figura de “en proceso de formalización”, que en realidad es un limbo legal sin exigencias concretas.

Los beneficiarios reales

¿Este predictamen “blinda” la minería informal?

Lamentablemente, en el Congreso, hay múltiples comisiones, y, con el nivel del sistema parlamentario que tenemos, la Comisión de Energía y Minas termina siendo parte de un juego político. Se negocian presidencias como fichas de cambio. Esta comisión ha estado en manos de sectores que dicen legislar para el pequeño minero, pero en realidad están favoreciendo a los intermediarios. El verdadero trabajador minero, el que se juega la vida, no es el beneficiario de esta ley. Es más bien utilizado como justificación política para mantener un modelo que favorece a pocos.

¿Y quiénes son esos beneficiarios reales?

Son quienes tienen plantas de beneficio, quienes compran y comercializan el mineral, quienes manejan la cadena sin asumir riesgos. Son ellos quienes más ganan, sin exponerse a los peligros de la actividad minera. Y son también los que hoy tienen suficiente poder económico para financiar marchas o influir en decisiones legislativas.

Ley MAPE y la trazabilidad para cortar la informalidad

En cuanto al control de herramientas e insumos, ¿qué propone para zonas con minería aluvial?

En minería aluvial no se usan explosivos, pero sí maquinaria pesada y grandes cantidades de combustible. Todos esos equipos —excavadoras, dragas— deberían estar georreferenciados y controlados. Hoy, con tecnología GPS, es perfectamente posible. El Estado tiene el derecho —y el deber— de saber qué ocurre en su territorio. Además, debe erradicarse el uso de mercurio, que está causando un daño ambiental tremendo en los ríos amazónicos, incluso más allá de nuestras fronteras.

La minería no puede seguir operando sin planificación ni diseño técnico. Tiene que haber planos, previsión, responsabilidad. Esa información es clave para fiscalizar, y, si ocurre un accidente, para entender qué pasó y cómo corregirlo".

Finalmente, de acuerdo con su opinión, ¿qué medidas concretas se deberían tomar para que esta ley no termine como otro Reinfo?

Lo primero es poner a las personas al centro: proteger al trabajador minero y a la población afectada por un mal manejo ambiental. La minería no puede seguir operando sin planificación ni diseño técnico. Tiene que haber planos, previsión, responsabilidad. Esa información es clave para fiscalizar, y, si ocurre un accidente, para entender qué pasó y cómo corregirlo.

Lo segundo es asegurar la trazabilidad total de la cadena, desde el que vende explosivos o combustible hasta quien procesa y exporta. Tanto en minería subterránea como aluvial, hay pocos puntos críticos que, si se controlan, permitirían formalizar de verdad el sector. No se trata de cerrar la actividad, sino de ordenarla. Porque si seguimos con un sistema laxo, el que queda en riesgo es siempre el que está en la base de la pirámide: el trabajador. Y también la sociedad que lo rodea.