¿Cuál fue el sentido de la norma que entró en vigencia el 2005 y restringió la posibilidad de que profesionales de distintas disciplinas den clase en las escuelas? ¿Qué se buscaba con ella?

Desde hace algunos años, la profesión del docente ha entrado en una de sus más profundas crisis de identidad. Una de las razones es el menoscabado reconocimiento y la poca utilidad que la sociedad le otorga. Sin embargo, existen otros factores que abonan a esta crisis, como los cambios sociales, y las exigencias que estos les demandan a la educación, la crisis de la cultura letrada, las nuevas formas de aprendizaje que surgen en un contexto de avances tecnológicos, etc.

En este contexto, salvaguardar normativamente la profesión docente es una de las estrategias que algunos Estados han impulsado. La otra estrategia asumida es «liberar» esa salvaguarda normativa y permitir que otros profesionales trabajen como tales.

Menciono esto porque debe quedarnos a todos muy claro que el magisterio es el mayor grupo de funcionarios contratados por el Estado y que la mayoría de los docentes son formados profesionalmente por el Estado.

Más allá de los detalles técnicos y los criterios pedagógicos, ¿hubo alguna intencionalidad política con la medida del 2005?

No lo creo. En todo caso, la norma de ahora, la Ley 29510, tiene un mayor tinte político. Recordemos que dentro del magisterio existe el que es probablemente el único partido político de izquierda organizado y con bases. Esto es, siempre ha sido una amenaza para algunos gobiernos. Así que la norma más políticamente pensada es esta nueva. ¿Qué mejor que hacer que poco a poco se vaya disminuyendo la influencia sindical?

Además, en el 2005, el país, como muchos otros países en América Latina, estuvo en pleno debate sobre la profesión docente. Se impulsaban consultas sobre la carrera docente, se buscaban estrategias para mejorar el desempeño docente a partir de la implementación de sistemas de formación continua, etc.

¿Por qué se ha cambiado esta norma a tan pocos años de su entrada en vigencia?

Esta pregunta es sumamente importante. Desde mi punto de vista la promulgación de esta norma nueva que permite a profesionales de otras especialidades ejercer funciones docentes refleja tres asuntos de la mayor importancia que debieran ser materia de debate en el país.

El primero es que esta nueva norma connota una particular noción de educación que tiene el Estado. Que profesionales de otras especialidades enseñen en las aulas significa, de algún modo, que la educación es solo un proceso de aprendizajes de contenidos disciplinares o que la formación en actitudes y en valores ciudadanos, democráticos, interculturales, etc. está subordinada a ese aprendizaje de contenidos temáticos.

El segundo asunto es que con la promulgación de esta nueva norma se está levantando la histórica protección de la profesión docente. Con ello se podría interpretar que el Estado estaría poniendo en duda el carácter profesional y especializado de la docencia. Esto podría incluso tener repercusiones en las normas que permiten el ejercicio profesional en otros campos, en las normas que otorgan títulos de licenciatura, etc.

El tercero es un tema más coyuntural y más político. Esta norma es un claro mensaje del gobierno actual al magisterio. Un vez más, el mensaje es que el gobierno es quien decide sobre el rumbo de la profesión docente. Es una nueva demostración de poder en el que, como en los casos de la carrera pública magisterial o la nota 14, no importan cuánto se argumentó en contra el gobierno tiene un clara y, a veces, inflexible posición respecto al magisterio peruano.

¿Qué va a pasar con todos aquellos que, ante las restricciones de la antigua ley, ingresaron a programas de formación en pedagogía o se afiliaron al Colegio de Profesores del Perú? ¿No hay ahí una gran cantidad de recursos que se movilizaron innecesariamente?

No tengo las estadísticas sobre cuántos profesionales de otras disciplinas ingresaron a programas de formación docente, pero sí se animaron a estudiar pedagogía me parece tomaron una decisión muy acertada. Estoy convencido de que la docencia es una profesión y como tal tiene un nivel de especialización. Entonces, si se parte de ese reconocimiento lo importante sería desarrollar acciones que la fortalezcan y no tomar decisiones que la debiliten.

¿Cómo queda el Colegio de Profesores del Perú en este nuevo escenario? ¿Cómo viene funcionando este colegio profesional?

Lamentablemente el Colegio de Profesores del Perú no ha funcionado como tal desde su creación. Lejos de ser el espacio deontológico de los profesionales de la educación ha sido un espacio disputado por grupos de dirigentes.

Esta situación que afecta al magisterio debería ser un espacio para que las agrupaciones de docentes como el sindicato y el colegio revisen lo que están haciendo, se reinventen a favor de sus funciones y de sus responsabilidades. Lamentablemente, el nivel de desarrollo institucional de estas agrupaciones es incipiente si se compara con el nivel alcanzado en otros países.