El Poder Ejecutivo del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, insiste ante el Congreso de la República que se apruebe con urgencia el proyecto de ley N° 02408/2017-PE (aprobado en Comisiones, con modificaciones, el día 6-03-2018), a través del que se reforma el Decreto de Urgencia N° 003-2017, que ha restringido la libre disposición de las empresas involucradas o vinculadas con actos de corrupción. Tres razones principales justifican este pedido urgente de las autoridades centrales: 1) asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado por parte de las empresas identificadas con la corrupción, 2) incentivar la colaboración eficaz para determinar la responsabilidad penal de directivos y funcionarios involucrados en la corrupción y 3) reactivar la economía (Diario La República del 4-03-2018, página 10).

Las dos primeras razones reflejan la repercusión del caso Lava Jato de Brasil en el Perú, a través de la develación de actos de corrupción por grandes empresarios y funcionarios públicos. En esta develación destaca el holding transnacional Odebrecht, que celebró numerosos y millonarios contratos de obras públicas con el Estado, y se extiende a empresas locales, como el Grupo Graña y Montero, consorciada a la primera en muchos de estos contratos. La tercera razón refleja una preocupación nacional: la reactivación económica del país depende de las obras públicas y, más específicamente, de la continuidad de los proyectos de inversión en manos de las empresas cuestionadas.

Estas razones son expuestas por la actual ministra de economía, Claudia Cooper, en los siguientes términos: “Estamos en un riesgo sistémico en el sector construcción, que es el más intensivo en mano de obra. Tenemos una proyección de crecimiento del 4% y, para poder alcanzarla, uno de los principales motores es la obra pública […] Lo que el proyecto busca es cautelar la reparación civil [a favor del Estado] y esta solo se podría recaudar mientras los flujos se restituyan. Tenemos que hacer los pagos a las obras, producir ventas en el sector. Si no hay reparación civil, la recaudación es cero, que es lo que ha sucedido con el actual DU 003[-2017] […] Lo otro es garantizar la continuidad de las obras y lo tercero es garantizar la colaboración eficaz: que las empresas involucradas empiecen a hablar para castigarlas (…)”.

Según el contenido de estas declaraciones, el Poder Ejecutivo estima que es necesario reformar el Decreto de Urgencia N° 003-2017 porque ha paralizado la economía nacional. Al haberse limitado el actuar de las empresas involucradas o vinculadas con actos de corrupción, como las antes mencionadas, y a las que se suman las empresas del “club de la construcción” (asociadas ilícitamente para distribuirse las obras públicas), se ha suspendido el flujo de capitales y trabajo de dichas empresas, por lo que se ha paralizado aproximadamente 252 proyectos de obras públicas por un monto ascendente a S/ 30,000 millones.

Dadas estas condiciones, en la reforma del Decreto de Urgencia N° 003-2017, se considera prioritaria la ejecución de las obras públicas bajo la dirección de las mismas empresas involucradas o vinculadas con actos de corrupción. Para ello, se flexibiliza las restricciones de libre disposición de dichas empresas para buscar que el capital (pagado por el mismo Estado) fluya y reactive la economía a través de compras de bienes para la construcción, el pago a las empresas proveedoras (pequeñas y medianas) y, sobre todo, se cumpla con las deudas directas al sector financiero que, según la misma fuente citada, asciende a S/ 11,000 millones.

¿Es propio que la economía de un Estado dependa del sector construcción y este, a su vez, de las obras públicas? ¿No tiene el Poder Ejecutivo, y el propio Congreso de la República, otras propuestas de política económica libres de las empresas involucradas o vinculadas con actos de corrupción? El Poder Ejecutivo del Perú es incoherente con el modelo de economía (de libre mercado o “social de mercado”) en debate. A los actores económicos que juegan sucio (las empresas involucradas o vinculadas con la corrupción) se les “perdona” y promociona legislativa y financieramente bajo la expectativa de reactivación económica del país. Se olvidan de una elemental regla de la economía en estos casos: primero se debe pagar con su peculio por los actos sucios (ilegales, ilícitos o ilegítimos) y luego, si es que tienen un saldo económico y califican, pueden continuar con la obra pública.

El gobierno central del Perú omite en su proyecto de reforma que por encima de los efectos económicos del crecimiento o reactivación económica se encuentra el impacto social: la ética y los valores del conjunto de actores económicos, entre los que destacan los consumidores y el pueblo en general. Es más, omiten el origen del problema: los contratos entre el Estado y las empresas involucradas o vinculadas con actos de corrupción son nulos por los fines ilícitos y la mala fe existente en su celebración (artículos 219º y 1362º del Código Civil). ¿No es esta la mejor oportunidad para reactivar la economía peruana a través de nuevos actores y nuevas actividades transparentes y honestas?