Las dos semanas pasadas de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el caso del diferendo marítimo, han constituido una importante demostración de compromiso de dos países con uno de los principales medios de solución pacífica de disputas existentes en el ámbito internacional. Tanto Perú como Chile han expuesto oralmente sus principales argumentos desarrollados a lo largo de los últimos cuatro años de proceso. La posición peruana ha podido hacer énfasis en sus tres principales solicitudes: la necesidad de una delimitación de la frontera marítima ante la ausencia de un tratado limítrofe, la confirmación del Punto de la Concordia como inicio del límite marítimo y la adjudicación del llamado triangulo externo (extensión de nuestras 200 millas) considerado por Chile como alta mar.

La defensa peruana ha mostrado un gran nivel de coherencia jurídica, por lo que es altamente probable un resultado favorable a nuestros intereses, más aun luego del fallo entre Colombia y Nicaragua, el mismo que, siendo un caso diferente, ha reafirmado que los tratados de límites marítimos no se presumen, que el dominio efectivo de un espacio marítimo no genera soberanía y que la equidistancia y los principios equitativos son los principales mecanismos a utilizar por al CIJ para delimitar una frontera marítima.

De ahí que, en caso de una sentencia favorable al Perú estoy convencido que Chile va a acatarla, a pesar de la reciente nefasta experiencia colombiana al respecto. Cierto es que el Derecho Internacional no cuenta con mecanismos eficaces de sanción contra un Estado infractor (¿acaso alguien confía en el papel que puede desempeñar el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer cumplir los fallos de la CIJ, tal y como lo señala la carta constitutiva de dicha organización internacional?), pero existen costos, los cuales serían bastante importantes para ambos países tratándose de una posible ruptura de la relación bilateral. No me refiero solo en términos económicos, para muchos el ámbito más importante, sino también de todos aquellos ejes en los cuales se sustenta nuestra relación de cooperación, tales como el social, el militar, el internacional (nuestra participación en la Alianza del Pacífico por ejemplo), etc. Además, a diferencia del caso colombo-nicaragüense, no solo la relación entre Perú y Chile es mucho más estrecha, sino también se ha visto un mayor nivel de compromiso gubernamental sea cual fuese el resultado.

Sin embargo, una vez la CIJ dé su veredicto, es esperable que las relaciones puedan verse afectadas. La equivocada teoría de las cuerdas separadas es imposible de mantener, en tanto la agenda cooperativa como la conflictiva se cruzan irremediablemente, como irá a suceder a mediados del próximo año.  Es más, una opinión pública en ambos países reacia a cumplir un fallo adverso y un contexto electoral chileno que será fundamental en caso no vean sus intereses satisfechos, se van a sumar a este ambiente negativo.

De ahí que nuestra experiencia con Ecuador sea fundamental, pues es necesario no solo cerrar todos los problemas limítrofes existentes, sino también sentar las bases para lo que deberá ser una relación post-La Haya. Si bien ya se viene trabajando algo a nivel transgubernamental y desde la sociedad civil, requerimos construir una agenda común a futuro que pueda satisfacer nuestros intereses mutuos. Ahora que solo nos encontramos a la espera del fallo, es el momento que dejemos deliberar a los jueces de la CIJ y ambas Cancillerías prioricen el trabajo conjunto en favor de dicha agenda que va a posibilitar la relación post-La Haya que dos vecinos requieren.