En medio de una accidentada sesión, el pleno del Congreso no alcanzó los 80 votos necesarios para elegir a Walter Gutiérrez como Defensor del Pueblo, pese a que la comisión especial evaluadora ya había llegado a un consenso con las bancadas. ¿Qué opina Ud. al respecto?

El Defensor del Pueblo es una figura que dirige una institución que es autónoma, pero la legitimidad de su origen radica en una decisión consensuada entre las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso. El hecho de que se exijan las dos terceras partes del número legal de congresistas es precisamente la mejor garantía de que no se puede imponer a nadie porque esa exigencia está pensada en función de que se elija a la persona que resulte idónea por su trayectoria democrática, por su integridad y por sus calificaciones de orden ético.

El consenso es clave para establecer la independencia de quien resulte elegido. Esto no debiera ser entendido por los partidos como un tema de negociación política, como -al parecer- han venido asumiendo. El problema de origen estuvo en que el Congreso no asumió responsablemente en su oportunidad lo que tenía que hacer. Es una grave irresponsabilidad de los congresistas tomar esto muy ligeramente sin darle ninguna importancia. Quienes ejercen esta función deberían ser conscientes de que tienen una obligación no solo legal sino ética con la democracia en el Perú. Si lo fueran, harían las cosas dentro de los márgenes que la legislación ha previsto sin sufrir estas circunstancias tan agraviantes que terminan afectando a la institución misma y a la gente que postuló, que con la mejor expectativa quiso someter a consideración del Congreso su calificación personal y su voluntad de servir al país.

Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el proceso de selección de un nuevo defensor se debe realizar dentro de los 60 días naturales anteriores al término del mandato del magistrado saliente. Sin embargo, ¿por qué se espera hasta el último momento para coordinar la elección?

El mandato de la Dra. Merino vencía en noviembre del año pasado, lo que quiere decir que en setiembre debió constituirse la comisión. Los congresistas descuidaron el tema por completo al punto que la defensora anunció su disposición a continuar en el cargo por un periodo adicional si es que así lo deseaba el Congreso, pero simplemente no actuó, dejó pasar el tiempo y en esas circunstancias la Dra. Merino renunció y se fue a ocupar un puesto en el sector privado.

Cuando el Congreso instala la comisión para convocar al concurso recién en abril de este año, entre gallos y medianoche, ya se habían generado las peores condiciones para un proceso de esta naturaleza: había un proceso electoral en curso y era evidente que cuando tuvieran que decidir si tenían o no los 80 votos la composición del Congreso habría variado significativamente (como en efecto ocurrió). Por lo tanto, no puede sorprender el resultado al que se ha llegado porque ya de alguna manera había una falla en el origen.

El Dr. Gutiérrez señaló que el mecanismo para elegir Defensor del Pueblo es «perverso, complicado y que hace improbable la elección». ¿Considera que el sistema actual necesita cambios?

Yo opino que no se debe cambiar el sistema de elección del Defensor del Pueblo. En diferentes partes del mundo donde existe la institución del ombudsman es el Congreso el que los elige. Lo que ocurre es que si los congresistas ni siquiera son capaces de convocar a la comisión para hacer la elección dentro del plazo que la ley establece no van a estar en posibilidad de cumplir con aquello que le dio sentido a la norma. Esa es una falla que tiene que ser corregida por los propios congresistas, no creo que sea un error de la norma. Es una distorsión de lo que debiera ser una actitud responsable de quienes ejercen la labor congresal.

Lo que sí podría revisarse es la posibilidad que quien ejerza el cargo pueda permanecer por un mandato adicional –si existe consenso en el Congreso- sin necesidad de un concurso público, con lo cual se evita maltratar a la gente que podría estar en la expectativa de postular.

Eso es lo que le ocurrió tras la renuncia del Dr. Santistevan, cuando Ud. tuvo que asumir el cargo como defensor en funciones. Sin embargo, hubo una serie de votaciones (para elegir su reemplazo y luego para mantenerlo en la Defensoría) que se frustraron…

Hubo tres votaciones en los cinco años. Una fue el año 2001; el concurso público de aquel entonces concluyó con cinco finalistas y los congresistas de distintas bancadas establecieron un mecanismo de selección que era votar varias veces para ver quién tenía el mayor apoyo, con el compromiso de darle el respaldo definitivo. Lo que ocurrió fue que yo quedé en primer lugar pero a la hora de votar por última vez hubo quienes decidieron no hacerlo.

En el 2005 todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo para darme ese respaldo. Tanto así que el presidente del Congreso [Ántero Flores Aráoz] me invitó a someter esto a votación porque había el consenso de todos los partidos políticos para asegurar los 80 votos. En esas condiciones yo acepté volver a ser presentado para una votación. Pero por una circunstancia que yo desconozco, el Partido Aprista decidió a última hora retirar su respaldo.

En los diarios de esa época, el congresista Mauricio Mulder declaró que ya había cumplido su ciclo y que la Defensoría necesitaba una renovación porque Ud. ya tenía entonces cuatro años en el cargo y que sumarle cinco más «sería demasiado».

Yo creo que esos son pretextos. Allí hubo otro trasfondo que hizo que un compromiso político (lo que hoy reclaman) no se haya cumplido y el que existió en aquel entonces era mucho mayor, porque había sido ya no solo producto de la reunión de los voceros de cada uno de los partidos sino incluso el presidente del Congreso se había ocupado de hablar con cada uno de los líderes para garantizar que esto no se frustrara.

El Partido Aprista quería votar primero el tema del Tribunal Constitucional porque –según ellos- no se había respetado el acuerdo de elección de un tercer candidato [el Dr. Luis Alarcón Quintana] que -se señalaba- había sido propuesto por el APRA y no consiguió los 80 votos. Al parecer, lo que el APRA hizo fue sabotear la elección del defensor porque exigía que se «reparara el daño» que se les había producido al no haberse elegido a su candidato.

Además, Mulder tendría que haber sabido que la Ley Orgánica dice que el defensor puede continuar por un periodo adicional. Si yo había estado en el cargo los cinco años que cumplía el primer mandato, esto hubiera equivalido a dar confianza para un mandato adicional, lo que está perfectamente legitimado.

Todo candidato para Defensor del Pueblo debe tener una intachable reputación y ser íntegro e independiente. ¿Los postulantes que hayan tenido militancia política en el pasado, deberían inhibirse de participar?

No, yo creo que militar en un partido político no es un prontuario. En el Perú estamos manejando una percepción bastante equivocada. Es cierto que los partidos se han desprestigiado, la gente tiende a desconfiar de los políticos y por esa razón entiende que militar en un partido es algo que causa un demérito y no debería ser así.

Ahora, lo que está claro es que quien sale elegido como defensor tiene que ser una persona que -independientemente de su militancia pasada o actual- genere la confianza suficiente que no va a hacer política partidaria desde el cargo. ¿Estamos pidiendo algo q no va a ocurrir nunca? Es difícil pero no imposible; hay gente que por su trayectoria, por su personalidad y por sus propias calificaciones es capaz de crear tal grado de confianza.

¿Cuáles son las principales funciones del Defensor del Pueblo?

Conforme a la Constitución, los derechos fundamentales deben ser promovidos e implementados por el Estado mediante políticas que contribuyan a que esa vigencia sea efectiva. Y como sabemos, numerosos derechos económicos, sociales y culturales se encuentran postergados desde mucho tiempo atrás por una situación de pobreza y debilidad institucional.

El Defensor del Pueblo nace para proteger estos derechos, supervisar la actuación de todo el Estado y definir si lo que se está haciendo guarda correspondencia con la exigencia de la Constitución o si hay cosas que tendrán que ser corregidas o rectificadas. Mucha gente se confunde y dice: «Si no puede resolver ni decidir, si no puede tener un poder coercitivo, ¿entonces para qué sirve?» Lo interesante de una figura como el Defensor del Pueblo es que existe para ser la conciencia crítica del propio Estado. La Defensoría no duplica la labor de nadie ni interfiere con aquello que sea competencia de alguna institución porque lo que hace es solamente poner reflectores sobre lo que alguien está haciendo y llamar la atención sobre aquello que podría corregirse; su fuerza es más bien moral.

Yo estoy convencido que esta mala experiencia tiene que marcar la agenda del Congreso que se instala el 28 de julio próximo. El nuevo Congreso debería poner este tema como una prioridad al igual que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional porque hay una persona [Juan Vergara Gotelli] que está ahí hace más de un año esperando su reemplazo (y aún no lo nombran) y otra [Carlos Mesía] cuyo mandato culmina en julio.

Estos procesos deberían realizarse de la manera más transparente posible, de forma tal que se cumpla con la exigencia constitucional; además, contribuiría a mejorar la mala percepción que hoy día se tiene sobre el rendimiento de los congresistas, que lamentablemente se ha debilitado aún más. No hay otra manera de resolver esta situación si no es con responsabilidad y respeto por el sentido constitucional de la norma.

Entrevista: Luis Yáñez Quiroz