Actualmente, 1 de cada 2 mujeres sordas es víctima de violencia a lo largo de su ciclo de vida. No existen suificientes profesionales médicos o policiales preparados para comunicarse y atenderles en una situación de violencia, ni tampoco sistemas de emergencia accesibles para las mujeres con discapacidad.

Ante esta situación, es importante visibilizar esta problemática y generar espacios de reflexión. Por eso, en el marco de actividades PUCP por el 25 de noviembre, la Oficina para la Igualdad de Género y Discapacidad (OIGD) de nuestra Universidad organizó -junto con la Dirección Académica de Responsabilidad Social y la Dirección de Asuntos Estudiantiles- el conversatorio “Violencia basada en género y discapacidad”. Aquí participó Pamela Molina, persona sorda, profesora y activista, con quien conversamos sobre la situación de violencia que viven las mujeres con discapacidad.

Como el estigma social ve a la mujer con discapacidad como asexuada o como "no mujer", la violencia que nos afecta es invisible y no denunciada como tal".

¿Cuál es la situación de violencia que viven las mujeres con discapacidad?

La discapacidad, así como los conceptos de género y raza son construcciones ideológico-políticas para perpetuar posiciones de desigualdad estructural que se basan en cuerpos divergentes. No tiene nada que ver con las características individuales de las personas. La ideología que sustenta la subyugación de personas en posiciones de vulneración se sostiene en que esta divergencia y esa diversidad implican un menor valor.

Ese «menor valor» implícito tiene consecuencias prácticas bastante tangibles.

En la sociedad, todavía se considera ‘normal’ que las personas con discapacidad, sobre todo las mujeres, no podamos votar, que seamos despojadas de nuestra capacidad jurídica y de tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, que se nos esterilice forzadamente «por nuestra seguridad», que se nos quite el derecho a ejercer la crianza de nuestros hijos o se nos aplique la eutanasia sin que nadie reclame.

La información para prevenir y demandar no es accesible para las mujeres con discapacidad. Tampoco existen profesionales de salud mental preparados para atender casos de mujeres y niñas sordas. Y como el estigma social ve a la mujer con discapacidad como asexuada o como «no mujer», la violencia que nos afecta es invisible y no denunciada como tal.

De manera virtual, Pamela Molina realizó la ponencia principal en el conversatorio “Violencia basada en el género y discapacidad”, este 25N en la PUCP.

¿Qué avances se están dando en contra la violencia de género hacia mujeres con discapacidad?

Hay una iniciativa del Servicio Nacional de la Mujer en Chile, en conjunto con la Comunidad de Mujeres Sordas de Chile, para capacitar a las funcionarias públicas en torno a cómo atender efectivamente a mujeres y niñas sordas en situaciones de violencia.

Por su parte, el Comité de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer creó un protocolo para la prevención y sanción de violencia, que incluye la consideración de mujeres con discapacidad.

Creo fundamental hacer transversal la variable discapacidad con un enfoque interseccional en toda la política pública relacionada con género, así como con la prevención y sanción de violencia de género".

¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para la creación de políticas públicas que protejan a las mujeres y niñas con discapacidad?

Creo fundamental que no se trate de crear políticas públicas separadas o aisladas -especiales- para mujeres y niñas con discapacidad, sino que se trate de hacer transversal la variable discapacidad con un enfoque interseccional en toda la política pública relacionada con género, así como con la prevención y sanción de violencia de género.

Estas iniciativas deben incluir presupuestos para medidas de accesibilidad imprescindibles en todo el ciclo de la misma política pública, desde el diseño y la prevención hasta el acceso a la atención médica, psicológica y a la justicia. Esto también implica la contratación de mujeres con discapacidad en los ministerios de la Mujer y las oficinas regionales que atienden el tema, para que las víctimas reciban atención y apoyo efectivo e inmediato de sus pares.

Tenemos que hacer accesibles las políticas públicas, espacios y sistemas de prevención de violencia que ya hay para todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, en vez de armar sistemas paralelos.

En el conversatorio estuvieron también las profesoras Rocio Franco, docente del Departamento Académico de Psicología; Víctor Zamora, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas; Renata Bregaglio y Marcela Huaita, del Departamento Académico de Derecho.

¿Cuáles son los pincipales retos que tenemos como sociedad?

Las barreras más grandes para las personas con discapacidad -y en particular para las mujeres, niñas y las personas de género no normativo con discapacidad- es la ignorancia y el estigma asociado a la construcción social de lo que se entiende por discapacidad, que mantiene y perpetúa una brecha sistémica de desigualdad.

En nuestra región, prácticamente todos los países tienen políticas públicas de prevención, atención y sanción respecto a la violencia de género. Sin embargo, estas no son accesibles ni tienen enfoque interseccional. Entonces, el reto es dejar de considerarlos como grupos separados para transversalizar, con enfoque inclusivo e interseccional, las políticas públicas desde el diseño. Todo esto implica definir un presupuesto para la implementación de accesibilidad en cada medida política, así como criterios afirmativos que contribuyan a reducir la brecha estructural de desigualdad que nos mantiene en posición de subyugación y opresión.

Si no atacamos todos los frentes, las medidas no son efectivas. La meta no es solo la igualdad de oportunidades, tenemos que considerar la igualdad de resultados. Por eso, hay que considerar que las políticas públicas deben ser de doble vía: transversales y diferenciales. Lo primero, porque la violencia es interseccional; lo segundo, para reducir la brecha estructural de desigualdad, que es otro tipo de violencia sistémica contra nosotras.