Estos artículos otorgan a cualquier ciudadano la facultad de arrestar a una persona que sea sorprendida en flagrante delito. ¿Cómo se define el flagrante delito? Lo podríamos describir en cuatro puntos:

1. Cuando el agente sea descubierto cometiendo el hecho delictivo.
2. Cuando el agente acabe de perpetrar el delito.
3. Cuando el agente haya escapado, pero haya sido identificado inmediatamente, esto es, dentro de las 24 horas.
4. Cuando el agente sea encontrado dentro de las 24 horas con instrumentos procedentes del delito, o sea, los empleados para realizarlo o con elementos que lo identifiquen como autor o partícipe del mismo (verbigracia, sangre en la ropa).

Adicionalmente, estas normas imponen al ciudadano que efectúa el arresto, la obligación de entregar inmediatamente al detenido a la dependencia policial o al policía que se encuentre más cerca del lugar del arresto. Los ciudadanos no pueden encerrar, ni privar de su libertad al detenido por un lapso mayor al que demore su traslado a la dependencia policial.

Las normas en cuestión hacen partícipe a la población en la protección de la seguridad pública y la paz social. Asimismo, involucran a los ciudadanos en el combate de la delincuencia y dan una supuesta alternativa de solución a los constantes reclamos sobre la incapacidad de la Policía Nacional y de los funcionarios del Estado en combatir la inseguridad ciudadana. Sin embargo, a pesar de los buenos deseos que tuvo el legislador al crear la norma, las posibles consecuencias prácticas no se condicen con los objetivos planteados. Sobre todo cuando no exige que el ciudadano que efectúe el arresto reciba algún tipo de preparación respecto de qué se considera un hecho delictivo, o de cuáles serían los pasos a seguir en caso de que el sujeto sobre el que recaiga el arresto se niegue y ejerza violencia.

Visto así, la solución propuesta por el legislador, en lugar de fomentar paz y tranquilidad social, generará violencia injustificada y justicia por mano propia. Esto, sin contar con los innumerables casos de revancha y los posibles abusos por parte del Serenazgo Municipal que incluso -sin encontrarse en vigencia las citadas normas- son reportados a diario por los ciudadanos. Es decir, generarán las mismas consecuencias nefastas que se buscó evitar.

Considerar que una norma resolverá el problema de inseguridad ciudadana constituye una vana ilusión. En lugar de acercarnos a una solución concreta y efectiva, distrae nuestra atención y disfraza la falta de dedicación que el Estado otorga a nuestra Policía Nacional. La situación no solo se refleja en una falta de preparación e infraestructura adecuada; sino también en un olvido económico que obliga a diversos efectivos policiales a ejercer más de un trabajo simultáneamente.

Otorgar al ciudadano un rol para el que no se encuentra preparado solo contribuirá a legitimar el uso de más violencia, especialmente en un Estado en el que situaciones como las producidas en Ilave (en el 2004) evidencian una incorrecta percepción y una tremenda necesidad de tomar la justicia en mano propia, aplicando la violencia como primera alternativa de solución.

Lamentablemente, un Estado Democrático no se sostiene solo en buenas intenciones. Es necesario tomar en cuenta que la solución a un problema no parte de la creación de normas; sino del reconocimiento de las deficiencias sobre las que a futuro se tendrá que trabajar. Pensar que el ciudadano podrá subsanar la labor policial no solo es riesgoso y contraproducente con la paz social, sino hasta inconstitucional, si se toma en cuenta que la libertad constituye una de las garantías en las que descansa un estado constitucional moderno: una posible afectación injustificada de la misma solo generará mayor violencia y, lo peor de todo, una pérdida de legitimidad de parte del Estado como fuente de soluciones.

Foto: Yanina Patricio

¿Crees que el «arresto ciudadano» contribuirá a reducir la tasa de crímenes en el país? Vota en nuestra encuesta de la semana.