Con la firma del acuerdo comercial conocido como el TLC con Estados Unidos se aprobó un anexo forestal que buscó asegurar la trazabilidad del origen de la madera, el respeto de las vedas, el combate a la tala ilegal entre otros objetivos de política forestal. El TLC con Estados Unidos fue suscrito el 8 de diciembre del 2005 en Washington D.C. Fue ratificado el 29 de junio de 2006 por el Congreso del Perú y el 4 de diciembre de 2007 por el Congreso de Estados Unidos. El TLC con la Unión Europea no logró aprobar una anexo ambiental al mismo, sin embargo la Unión Europea promueve los proyectos para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales conocidos como programa FLEGT por sus siglas en inglés.

Luego del 5 de junio (20 días después) se instaló una mesa de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas amazónicos, para revisar qué sucedió en Bagua; revisar la ley forestal DL 1090 y los otros decretos cuya derogatoria pedían; la elaboración de una propuesta de ley de consulta y la actualización del plan de desarrollo de los pueblos indígenas. Este proceso tomó unos seis meses y a raíz de él nace la actual Ley 29765 (Ley de Consulta Previa) y la Ley 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) cuyo reglamento está en pleno proceso participativo de elaboración y consulta a los pueblos indígenas.

Adicionalmente los procesos de pago por servicios ambientales y reducción de emisiones por deforestación y degradación están siendo implementados por el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo promoviendo cambios legales, institucionales, investigaciones y programas de conservación de bosques en países priorizados como Perú, Congo, Indonesia y otros. Estos cambios favorecen el financiamiento de la seguridad jurídica de los bosques y su financiamiento.

En el 2011 se aprobó la Ley de la Consulta Previa, que se comenzó a aplicar en el 2013 en relación a normas que puedan afectar derechos indígenas. La primera consulta fue, en 2013, en Loreto, sobre la aprobación del Área de Conservación Regional Maijuna. El segundo caso ha sido la autorización del lote 169 en Ucayali. Un tercer tema en proceso de consulta es la elaboración del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La propuesta de norma, discutida en un proceso intersectorial estatal fue publicada en diciembre 2013 para recibir aportes del público hasta el 28 de febrero. Desde entonces se inició el proceso de revisión participativa de los aportes y de redacción compartida y negociada entre los participantes y el Estado para obtener un texto final hacia fines de junio. Este texto es el que irá al proceso específico de consulta con los pueblos indígenas entre julio y diciembre 2014. Este proceso lo lidera un grupo intersectorial conformado por Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción y Consejo Interregional Amazónico.

En el 2013 el gobierno y los pueblos indígenas acordaron implementar proyectos REDD+ y vienen trabajando en la arquitectura legal e institucional para hacerlo posible. En noviembre 2013 durante la II Cumbre de COICA se acordó con MINAM caminar conjuntamente hacia la COP 20 apoyando la propuesta de REDD+ Indigena Amazónico que supone asegurar la tenencia, mecanismos de seguridad jurídica a la tierra, los bosques y los recursos y acciones de conservación para mantenerlos en pie y aprovecharlos sosteniblemente. Este es el contexto con el que avanzamos hacia la COP 20.

El profesor Soria participará en la Conferencia Desarrollo Forestal y Cambio Climático. Revisa la información en nuestra Agenda PUCP.