Como parte de dichas acciones, la Facultad de Derecho de nuestra Universidad ha creado una comisión tripartita de representantes de la facultad, departamento y estudiantes, para elaborar una propuesta de Plan Integral sobre Hostigamiento Sexual en Derecho. La especialista colombiana ahondó en cuáles son las reflexiones que, como docentes, se deben realizar para transformar los temas que se enseñan y cómo lo hecho desde las clases puede darles más justicia a las mujeres.

Si bien las mujeres alcanzaron algunos derechos, aún existe desigualdad en el acceso a la justicia, precisamente por la lectura de los mismos operadores. ¿Cómo conseguir una justicia real para las mujeres y las poblaciones históricamente vulneradas?

A esa pregunta le han dedicado las feministas muchos libros, porque es muy compleja. Una cosa es tener la intención, el interés, el compromiso, la motivación y saber que hay que terminar la injusticia que existe. Otra es entender cómo las normas jurídicas contribuyen a que esa injusticia exista y, por lo tanto, cómo habría que reformarlas para que esta deje de existir. Sabemos que el derecho está implicado, pero no podemos cambiar todas las maneras en que lo está, y eso es porque nuestro conocimiento es incompleto y fragmentado. Yo diría que hay algunos temas en los que hemos avanzado más, como la violencia sexual, pues ya entendemos muchas de las formas en las que esta queda impune. Hay otros temas que entendemos menos, por ejemplo, cómo afecta a las mujeres casadas la institución de la sociedad conyugal o la comunidad de bienes. Una respuesta breve a la pregunta es que hay que tener la intención de acabar con la injusticia y hay que saber que el derecho está involucrado, no es que tengamos una ley buena que no se cumple. La ley hace parte del problema.

En la PUCP, existe una comisión que interviene frente al hostigamiento sexual, tanto en el caso de docentes como de estudiantes.¿En la Universidad de los Andes hay una comisión que ve estos casos? ¿Cómo opera?

En la Universidad de los Andes, se creó un instrumento que se llama Protocolo para casos de Maltrato, Acoso, Amenaza y Discriminación (MAAD). También hay un comité, que está conformado por la ombudsperson de la universidad, la decana de estudiantes y una representante estudiantil. Se creó así para que tuviera suficiente flexibilidad en sus atribuciones, para poder hacer intervenciones que no fueran solo un despido. Es decir, es un comité que no es principal ni estrictamente disciplinario, sino que recibe distintos tipos de denuncias y, frente a lo que la víctima quiere y necesita en ese momento, toma decisiones para reparar su situación. Entonces, tiene altas competencias que no se refieren solo a la parte sexual y que implican tomar decisiones que protejan a la víctima. Si el victimario necesita ser sancionado de alguna manera, entonces se abre un proceso disciplinario ordinario.

Un punto crítico era la exigencia de identificación de las víctimas. ¿Cómo se maneja el tema de la confidencialidad?

Creo también que se debería poder iniciar procesos disciplinarios en los que la víctima quiere anonimato. Es muy difícil, sobre todo si la prueba principal es su testimonio. Dicho eso, hay distintos niveles de confidencialidad, es decir, por lo menos el comité tiene que saber quién es la víctima, pero no el victimario. El enfrentamiento cara a cara de los testimonios no es necesario ni deseable. Entonces, para quienes dicen que el victimario tiene que saber quién lo está acusando, yo también pondría sobre la mesa que, en estos casos, los victimarios han exigido una reserva de su nombre o confidencialidad para impedir el daño de su reputación. Si ellos quieren esa prerrogativa, tendrían que entender que también pueda existir ese interés de la otra parte. Claro, hay una afectación del derecho a la defensa. Y ahí es donde creo que las autoridades que toman decisiones tienen que ser cuidadosas.

Hablar sobre la reputación del victimario es bastante complicado, porque en estos casos, cuando se trata de una agresión sexual, lo que se busca es que este agresor no reincida y prevenir a la comunidad. En el Perú, se está debatiendo la posibilidad de tener un registro de agresores sexuales. ¿Es factible?

Esa idea se sustenta en una cierta idea de la naturaleza humana y de que ahí está la raíz de la agresión sexual. Pero como muchas feministas pensamos, la violencia sexual es parte de la realidad en la que vivimos, no es una excepción de unos hombres que son “enfermos”. Entonces, lo del registro de agresores es como un “registremos a todos los hombres”, porque todos lo pueden ser. No voy a negar que hay algunos casos en los que hay una patología psiquiátrica identificada, pero, en la mayoría, la violencia sexual ocurre por la forma en que a los hombres se les enseñan a obtener placer: del maltrato a la mujer. Creo que es un error identificar a unos como los únicos, porque ocurre con tanta frecuencia y en tal magnitud. Yo no creo que querríamos vivir en una sociedad en la que el 60% de los hombres son irredimiblemente malignos. Ahí tenemos que hacer una reflexión. Entonces, ¿cómo prevenimos, si no es mostrándolo? Creo que cuando exponemos esas situaciones, lo primero que queremos decir es “crean a las víctimas, sí pasa, sí es verdad”. Segundo, “casi cualquier hombre lo podría hacer, son los hombres normales los que lo hacen, no son los raros”. Tercero, “jovencitas, tengan rutinas de autocuidado”. Ahora, el peligro ocurre, no es culpa de la víctima, pero si uno puede tomar algunas medidas para evitarlo, pues mejor. Lo del registro de agresores es muy problemático, pero puede ser que, dentro de un debate amplio, todos y todas concluyamos que es la única manera.

Volviendo a la comisión contra el hostigamiento sexual, ¿de qué manera prevenir el hostigamiento en espacios universitarios se vincula con incluir el enfoque de género en el plan curricular del derecho?

Incorporar la perspectiva de género es un trabajo que se hace en el sílabo, pero también en el salón de clase y a nivel de universidad. Y parte de lo que hay que hacer a este último nivel son todas estas políticas contra el hostigamiento. Porque si en el aula, si a través del sílabo, uno le está enseñando algo al estudiante; y este en la cotidianeidad de la universidad ve que ocurre totalmente lo contrario, nos encontramos en una situación que algunos han llamado “currículo oculto”, donde en realidad lo que está aprendiendo no es que la violencia sexual es mala, sino que es normal.

El año pasado fue candidata a magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Le parece que uno de los objetivos prioritarios de hoy es buscar igualdad en el sentido de representatividad o paridad?

En la mayoría de posiciones de poder, hay más hombres que mujeres y, por esa razón, nosotras hemos enfatizado que lo que queremos es llegar a esas posiciones y tener una representación equilibrada, es decir, 50-50 o lo más cerca posible. Pero el proyecto de paridad debería implicar también que los espacios que tradicionalmente han sido ocupados por mujeres sean ocupados por hombres. Si estuviéramos hablando de cuotas, deberíamos exigirlas tanto en el Congreso y las Cortes como en las labores de enfermería, los servicios de aseo, los puestos de secretariado, los salones de belleza, todos los espacios que socialmente se han feminizado. La transformación radical de la sociedad solo se lograría si pudiéramos hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Si no, las mujeres terminan haciendo todo el trabajo de cuidado y doméstico, además de estar en las posiciones de poder; entonces, terminamos fundidas, agotadas y, muchas veces, fracasando en nuestros intentos por hacerlo todo. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Estoy convencida de la importancia de que haya mujeres en las posiciones de poder, y creo que no debemos esperar más y hacer los experimentos sociales más radicales poniendo mujeres donde no hay y hombres donde no hay. Sé que las personas tienen muchas preguntas y muchos miedos, pero no sé por qué habría que esperar tanto tiempo para resolver los problemas que tenemos que resolver ya.

El dato

La Dra. Isabel Cristina Jaramillo es profesora titular de la Universidad de los Andes (Colombia). La abogada, de reconocida trayectoria, se formó en la misma institución, donde enseña los cursos de Derecho y Género, Teoría Jurídica y Derecho de Familia; y es magíster y doctora en Derecho por la Universidad de Harvard. Ha hecho consultorías en legislación, diseño curricular y de investigación con perspectiva de género, y cuenta con casi un centenar de publicaciones académicas, entre libros, artículos en revistas y ponencias.