La falta de información sobre el proyecto de irrigación Majes Siguas II, en Arequipa movilizó a los pobladores cuzqueños, quienes pedían que escuchen sus demandas para garantizar el suministro de agua en la región. Sobre las causas del conflicto, el rol del Estado y los derechos por el agua hablamos con el profesor del Departamento de Derecho, Armando Guevara-Gil, coautor junto a Aldo Panfichi y Rutgerd Boelens del artículo Indigenous water rights in the Andes: struggles over resources and legitimacy, publicado en The journal of water law.

Tan es así que hace más de una semana se pasó el Decreto Supremo Nº 010-2010-AG para hacer los estudios de afianzamiento hídrico de la cuenca del Apurímac en Espinar.  Es impresionante cómo el gobierno en vez de prevenir conflictos los fomenta. Además, hay una rivalidad tradicional entre el Cuzco y Arequipa, eso produce un caldo de cultivo de conflicto.

En el artículo Indigenous water rights in the Andes: struggles over resources and legitimacy, expones la diferencia entre lo legal y lo legítimo, ¿Cómo un derecho legítimo pero no legal se llega a tomar en cuenta por el Estado?

Depende de la escala de legalidad. En el derecho consuetudinario (de usos y costumbres) o en el derecho local de aguas, la fuente de legalidad de tu derecho de aguas está dada por la legitimidad, no sólo de ese derecho sino de la propia organización que maneja ese sistema. Por ejemplo, de riego. En cambio, nosotros tenemos un sistema en el cual el Estado asigna los derechos de agua. Puedes tener un derecho legalmente establecido, pero si invades usos consuetudinarios, usos tradicionales, esas personas van a considerar que es ilegítimo. ¿Por qué? Porque la fuente no es la propia sociedad que gestiona el sistema, sino el Estado que a través de una licencia de agua otorga un derecho. El gran problema es que las fuentes de legalidad y legitimidad en un caso son casi idénticas, y en el otro están diferenciadas. Cuando se enfrenta una persona que tiene un derecho otorgado por una licencia de uso de agua versus un derecho que emerge del uso consuetudinario, se producen conflictos.

¿Esto es lo que ha sucedido en el Cuzco?

Claro. Lo que pasa es que conforme hay más presión sobre el recurso; porque ingresan otros actores como las empresas mineras, las hidroeléctricas o los agricultores con tecnología más moderna, que necesitan tener licencias que el Estado otorga; muchas veces se limita la dotación de agua.

Desde nuestra mirada occidental pareciera que siempre los pobladores obstaculizan el desarrollo, ¿qué aspectos debería tomar en cuenta el Estado?

Lo que propone el Estado no es desarrollo, es un neto crecimiento que busca consolidar un ciclo expansivo de algunas actividades, pero que finalmente no está sembrando. Más bien, debería pensar que desarrollo significa atender las necesidades básicas e integrar a todas las personas.  El Estado se basa en una forma de modernización excluyente muy limitada, en la explotación de recursos naturales y naturalmente la gente afectada reacciona.  Por supuesto, con todo el discurso del «Perro del hortelano» se asimila que el efecto, o sea las reacciones y protesta,  son la causa, cuando en realidad es al revés.

Lee además:

En biblioteca: Out of the mainstream: water rights, politics and identity – editado por Rutgerd Boelens, David Getches y Armando Guevara-Gil. Código: 348.42 O.

«Have the climate wars begun?» Guardian, UK (John Vidal)

«Agua, conflicto y falta de diálogo en el sur andino» (Antonio Peña Jumpa)