La Dra. Isabel Lifante, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, actualmente está enseñando un módulo a los estudiantes del Doctorado en Derecho PUCP. Aquí se dio una pausa para darnos sus impresiones sobre la corrupción en la administración pública, el valor de la transparencia y la independencia judicial para contrarrestar esta problemática, así como el rol que deben asumir los ciudadanos y las universidades.

En su trabajo académico, uno de los análisis que ha realizado es la corrupción en la función pública. Cuénteme, ¿cómo esta se vincula con la de tipo político?

En España, hay pocos funcionarios públicos corruptos, mientras que sí hay varios políticos que lo son. Sin embargo, la existencia de la corrupción política se debe, en varias ocasiones, a un mal diseño de la administración pública. En mis trabajos analizaba otros defectos de esta administración por los cuales los funcionarios no se desempeñan correctamente, como la irresponsabilidad, desidia, incompetencia y cómo ellos muchas veces propician que se produzca la corrupción política.

En mi país, no hay una carrera funcionarial directiva; más bien, los puestos de dirección de la administración pública son cargos de confianza. Entonces, es complicado que los funcionarios que podrían controlar al político se atrevan a hacerlo porque peligraría su puesto de trabajo. Creo que en Latinoamérica sucede lo mismo.

En el 2021, publicó el libro Contra la corrupción. Estado de derecho y transparencia. A partir de su investigación, ¿cómo puede ayudarnos la transparencia contra la corrupción?

El acceso a la información pública en España es relativamente reciente. Tenemos una ley del 2013 que todavía no ha calado en la ciudadanía. Ella regula la obligación de las administraciones de dar publicidad activa a las citas que tienen, declaraciones de bienes, convenios y contratos firmados, presupuestos y conflictos de intereses que pudieran existir. Al mismo tiempo, permite que el ciudadano pueda pedir cualquier información pública.

Considero que la transparencia es muy importante, pues se trata de saber cómo se toman las decisiones públicas y es un modo de controlarlas. Así, por ejemplo, los periodistas pueden hacer tareas de investigación. Por supuesto, la transparencia no nos asegura que se elimine la corrupción, pero al menos permite, en ocasiones, detectarla.

En el informe anual CIDH 2022, una de las tendencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaba como preocupante era el debilitamiento de la independencia judicial. En ese sentido, ¿cómo podemos proteger esta independencia?

Para la lucha contra la corrupción, es fundamental tener jueces independientes; es decir, que solo estén sometidos al derecho y no sirvan a otros intereses. La primera manera de defender esta independencia es que los otros poderes no se entrometan, ni el político ni el económico.

Un tema muy importante en el aspecto de la corrupción, y muy difícil de conseguir, es fortalecer la cultura del estado de derecho. Por parte de los ciudadanos, no debe haber tolerancia frente a los ataques a la independencia judicial ni ante los casos de corrupción.

Usted brindó un seminario para nuestros docentes sobre la discrecionalidad jurídica. ¿Cuál es su opinión sobre este aspecto y su vínculo con actos corruptos?

Normalmente se entiende que los espacios de discrecionalidad generan la posibilidad de actuaciones corruptas debido a que no están reglados. En mi opinión, esta perspectiva es un tanto simplista. Considero que los órganos jurídicos y administrativos deben contar con discrecionalidad, pero al mismo tiempo su ejercicio debe ser controlado. Si la eliminamos, también quitaríamos la posibilidad de que se consigan logros sociales, los cuales son positivos para la sociedad.

¿Cuál es el papel de las universidades y de las facultades de Derecho en esta lucha contra la corrupción?

Todo el sistema educativo en general, y en particular las facultades de Derecho, deben ser conscientes de la importancia de una sociedad comprometida con el estado de derecho, y con la erradicación de la arbitrariedad y la corrupción. Hay que potenciar en nuestros alumnos la falta de tolerancia hacia actos corruptos, ya sea a escala grande o pequeña.