Políticas, como las ambientales, la gestión de conflictos sociales o la gestión de riesgos derivados de los desastres, no podían ser abordadas desde una mirada estrictamente sectorial y centralizada.

En la última década del siglo XX, el Estado peruano abandonó la planificación de largo plazo y debilitó el enfoque territorial de las políticas públicas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –ya importante– ocupó un lugar predominante en la orientación de la gestión pública –papel que en mantiene–, mientras que las políticas sectoriales y centralizadas fueron el eje de las políticas económicas y sociales. Aunque funcional al contexto de crisis que vivíamos, al poco tiempo se hicieron evidentes sus limitaciones. La regionalización, la creación del Ceplan, entre otros, buscaron llenar el vacío existente. El proceso de incorporación a la OCDE también ha subrayado esta debilidad.

Por otro lado, políticas, como las ambientales, la gestión de conflictos sociales o la gestión de riesgos derivados de los desastres, no podían ser abordadas desde una mirada estrictamente sectorial y centralizada, sino que requerían políticas de ordenamiento territorial o el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, impulsar estas políticas significaba transferir poder desde el MEF y los sectores hacia actores locales o transectoriales.  Por dicha razón, los gobiernos en este campo han sido bastante conservadores y las iniciativas, más allá de sus intenciones, son parciales, débiles y en buena medida ineficaces.

La reciente modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros trae como principal novedad la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial: la autoridad inmediata al presidente del Consejo de Ministros «en materias de desarrollo territorial, descentralización, diálogo, y concertación social y demarcación territorial». Además es el ente rector del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de la secretaría técnica de la Consejo Nacional de Gestión del Riesgo Desastres. Debe también articular las intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio entre las entidades del gobierno nacional y las de los gobiernos subnacionales. Para el desarrollo de estas funciones, contará con el apoyo de tres secretarías: Descentralización, Gestión Social y Diálogo, y Demarcación y Organización Territorial.

¿Este viceministerio mejorará la gestión del territorio en el Perú? Desde luego contar con un responsable de alta jerarquía es positivo. Sin embargo, más allá de ello, los cambios no lucen mayores. Por ejemplo, la Oficina de Nacional Diálogo y Sostenibilidad es ahora una Secretaría dentro de la PCM. Uno hubiera esperado que el área de gestión de conflictos se eleve al nivel viceministerial para facilitar la articulación con los sectores y autoridades subnacionales. La función de diálogo –muy demandante– deberá ser combinada con la de gestión territorial –que requiere de otras capacidades–, lo que podría ser contraproducente para ambas. Y está ausente el ordenamiento territorial.

El primer viceministro de Gobernanza Territorial es el abogado Javier Fernández-Concha Stucker, quien desde el 2006 ocupó la gerencia general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo. En un contexto muy difícil para la relación entre el Estado y el sector privado, el perfil elegido podría complicar la gestión. Habrá que esperar para ver los resultados de esta nueva instancia.