¿Le sorprende la situación revelada por los Panama Papers?

Tal vez en algunos nombres específicos, pero no en la existencia de este tipo de mecanismos. Esta revelación va a contribuir a que en todo el mundo se hable más fuertemente de la necesidad de dar otro enfoque a estos esquemas (corporativos y financieros).

¿Qué problemas representan las offshore en paraísos fiscales para el Estado y la UIF?

Estos mecanismos, per se, no son ilegales, pero se prestan para ocultar el movimiento de dinero y la propiedad de un patrimonio. Tienen implicancias tributarias para el Estado, pero para nuestro trabajo como UIF, que es saber quién tiene qué y así distinguir aquello que tiene un origen lícito de lo que no lo tiene, es un problema porque es muy difícil saber quién está detrás de una empresa offshore.

¿Qué diferencias hay al rastrear una cuenta bancaria en un paraíso fiscal?

El primer tema son las estructuras legales, como las sociedades con acciones al portador –que existen en cierta medida en estos países–, en que uno no sabe quién es el verdadero dueño. En Sunarp, yo puedo ver quiénes son accionistas de empresas peruanas, pero podría salir como accionista una empresa constituida en una jurisdicción offshore y, con este tipo de mecanismos, se puede ocultar quiénes son los dueños de esa empresa constituida en el Perú. Las offshore actúan en todo el mundo y en todo tipo de actividad. En algunos casos para propósitos lícitos, pero le ponen un velo a todo. Hay gente investigada por corrupción que no tiene ninguna propiedad registrada. Un caso emblemático, que también trabajamos así no haya nacido de nosotros, es el de Lava Jato. ¿Cómo sabes si un presidente o funcionario no es socio de una offshore y saber si esta, a su vez, tiene cuentas bancarias? No podemos decir nada a ciencia cierta. El tiempo de las cuentas de Montesinos en Suiza ya pasó. Hoy esto se hace a través de empresas offshore, que son las dueñas, y el secreto está en no dar a conocer quién, a su vez, es el verdadero dueño de la empresa.

¿De qué herramientas dispone la UIF para combatir el lavado de activos?

Hay una red de UIF internacional muy potente que intercambia información a través de correos electrónicos encriptados, pero depende de las limitaciones que tenga cada UIF. En nuestro caso, a pesar de continuos intentos, somos la única UIF de América Latina que no tiene acceso al secreto bancario y tributario. Recibimos reportes de bancos y otras empresas, pero tenemos que agregarles valor para darle a la Fiscalía una hipótesis que involucre movimiento de dinero y una red de personas.

¿Los reportes de bancos son sus primeras alarmas?

La ley peruana tiene una lista de actividades, empresas y profesiones sujetas a la obligación de reportar, y esa es una primera posibilidad: que un banco, una empresa de seguros, un notario, un vendedor de automóviles o una inmobiliaria nos diga que tiene una operación –o el intento de hacerla– sumamente inusual. En teoría, la UIF puede buscar eso de oficio, pero, sin acceso al secreto bancario y tributario, no podemos acceder a mucha información sobre ingresos totales o movimientos financieros. También existen alertas internacionales y listas de personas investigadas.

¿El nombre de Mossack Fonseca hacía sonar una alarma antes de los Panama Papers?

Hay un problema. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que los contadores y abogados que hacen trabajos de estructuración de empresas o manejo de fondos estén obligados a reportar a las UIF. En el 2009, presentamos un proyecto de ley en ese sentido y el Colegio de Abogados de Lima se opuso fervientemente, al decir que violaba el secreto profesional. Sin embargo, a raíz de los Panama Papers, la actual directiva está interesada en trabajar un reglamento de consenso y hoy (27 de abril) hemos empezado las reuniones para llegar a eso.