Estamos a 200 años de la creación de la primera Escuela Normal decretada por San Martín; a 200 años, también, de los sueños de Simón Rodríguez de una educación enraizada en las culturas indígenas. Ambos proyectos, aunque de horizontes distintos, no habían dado frutos para cuando cumplimos los primeros 100 años de independencia.

Estas ideas, al menos en parte, volvieron a la escena en las primeras décadas del siglo XX en las voces de José Antonio Encinas, Manuel Vicente Villarán, Alejandro Deústua y José Carlos Mariátegui. Esta vez la promesa de la educación prendió en el imaginario como un instrumento que, a imagen de las sociedades occidentales, traería esta vez, de manera definitiva, el progreso y la democracia¹. Desde entonces, han pasado otros cien años en los que ha habido cambios y permanencias. Veamos dónde estamos.

La educación es un medio para ampliar la libertad de las personas, igualarlas en oportunidades y realizarse en la generación de un creciente bienestar que alcance a todos los que habitamos este territorio. Si convenimos en lo dicho, debemos analizar la situación educativa desde esa perspectiva, y observar cuánto falta y qué podemos hacer frente a tales carencias.

Comencemos con una breve descripción. La educación básica es casi universal y la superior (incluyendo la formación profesional técnica) sigue siendo, en gran medida, un privilegio; la gestión del sistema tiene un alto componente privado, la inversión por alumno es de las más bajas en la región, las evaluaciones internacionales nos colocan en los últimos lugares, y las nacionales muestran, en los últimos años, un deterioro de los aprendizajes en primaria y secundaria que se acentuará como efecto de la pandemia que atravesamos. Los maestros tienen salarios por debajo de la media de otros profesionales y su formación es débil. Nuestras universidades forman profesionales y a duras penas logran hacer ciencia y desarrollar tecnologías; por su parte, nuestros institutos tecnológicos están estancados en el siglo pasado y son ajenos a la dinámica productiva. Para completar el cuadro, hay un enorme déficit de infraestructura escolar que fue calculado en 2010 en 100 000 millones de soles.

Lo dicho en el párrafo anterior, debe advertirse, no se opone a la existencia de algunas instituciones, maestros y personas que destacan y pueden compararse con las mejores experiencias de otros países, pero ellos son una excepción. El efecto más importante de este breve diagnóstico revela al sistema educativo como un lento vehículo de movilidad social, con las consecuencias que ello trae sobre las personas que se ven enfrentadas a la incertidumbre del empleo o autoempleo ocasional, y a remuneraciones inestables, que se traducen, entre otras cosas, en la pérdida de confianza personal, inseguridad, pesimismo, violencia y anomia social.

Los problemas estructurales que afectan a la educación —como la pobreza y la desigualdad económica— tienen, además, un componente social y otro territorial. Como señala Cynthia Sanborn,

«para la población indígena y nativa, y especialmente para quienes residen en zonas rurales, los obstáculos para adquirir una educación de calidad, un adecuado ingreso familiar y un ejercicio pleno de sus derechos, siguen siendo particularmente grandes. Pero también hay obstáculos significativos para muchos mestizos pobres, para integrantes de la minoría afrodescendiente y para la mayoría de mujeres peruanas»².

Esta es, a grandes rasgos, la realidad que hay que cambiar. Ciertamente un periodo de gobierno no será suficiente para hacerlo; por eso son necesarias políticas de Estado de mediano y largo plazo, algo que hay que reclamar tercamente. Pero una política que solo mira el diagnóstico, mira el pasado y no el futuro. Necesitamos educar a personas que se harán cargo de un mundo que deben crear por sí mismas.

Comencemos preguntándonos por la educación que queremos construir. Tomando en cuenta las experiencias que nos deja la pandemia, debemos hacer mucho más que tener una educación remota de bajo perfil que solo funcione en las emergencias³. Hay que diseñar nuevas formas de enseñar y de aprender, combinando lo presencial y lo virtual. La infraestructura tendrá que adaptarse, la relación entre educación y salud se hará indispensable, la participación de otros profesionales será condición no solo para la construcción del nuevo sistema, sino también para enriquecerlo.

Esto no significa la desaparición de lo presencial, sino más bien su transformación, la interacción entre pares y diversos es fundamental para el desarrollo personal, lo mismo que condiciones para desarrollar la creatividad, experimentar, aplicar conocimientos. Dicho de otra manera, se necesitarán laboratorios, talleres, bibliotecas, planetarios, teatros, salas de música, espacios deportivos. En general, se trata de un sistema mucho más distribuido.

Todo esto requiere políticas que apunten a una transformación profunda cuya intensidad sea mayor en los espacios menos favorecidos, y que por sus condiciones y situación necesitan de soluciones creativas e intersectoriales que contemplen de partida la participación y compromiso de las comunidades locales.

Para construir un sistema con esas características es preciso desarrollar un conjunto de capacidades y conocimientos que pongan a la tecnología y al entorno al servicio de la educación y la comunidad.

La tentación del corto plazo será la de construir las «nuevas condiciones de la educación presencial» que, por inercia, tratará de acercarse lo más posible a la vieja normalidad, en la que los restos de la modalidad remota sigan centrados en el docente y sirvan, en el mejor de los casos, para paliar las deficiencias de la educación rural y ampliar el acceso a la educación superior. Pero esto no será suficiente para dar un gran salto de calidad en el sistema hacia una mayor igualdad y bienestar en la sociedad.

En 2021, la atención estará en el regreso a las aulas. La primera limitación será redefinir los aforos máximos, establecer y probar los protocolos de salubridad, y la disponibilidad de los servicios básicos. Esta tarea pondrá a prueba, por sí sola, la capacidad logística, la agilidad, la flexibilidad del sistema y los límites de la infraestructura.

Pero también habrá que tomar decisiones sobre la educación remota en sus diferentes versiones de la básica y la superior. Una opción es considerarla como el «bastón» de la educación presencial; es decir, contar con ella hasta volver a universalizar la presencial. La consecuencia será contar con una modalidad a distancia débil, sin capacidad para dotarse de todas las potencialidades para el aprendizaje digital. Es la solución fácil.

Otra posibilidad es construir un modelo completo de educación a distancia que abarque todos los niveles educativos, que funcione en paralelo con el presencial al que se pueda acceder como sustituto o complemento. Se trataría de un «espejo» de la formación presencial.

Una tercera opción es incorporar los avances tecnológicos disponibles y construir un sistema virtual que desarrolle las competencias previstas, organizadas en módulos acumulables, y se dé paso a secuencias de aprendizaje libres de los grados educativos, disponibles para todos todo el tiempo. En este caso lo presencial aparece como complemento de lo virtual.

Las opciones mencionadas y otras posibles requieren asegurar conectividad para estudiantes y docentes. La interacción vía internet ofrece más posibilidades que la telefónica combinada con radio o televisión. La distribución de tabletas y su conexión deberá intensificarse; es el primer paso para el ingreso de otros docentes y para abrir muchas y nuevas oportunidades de aprendizaje.

Resuelto el problema de la conectividad, es posible imaginar la implementación de una intranet que conecte a todas las escuelas del Perú y, en consecuencia, brinde servicios de aprendizaje digital y genere condiciones para que los municipios, entidades públicas, organizaciones productivas y sociales impulsen el acceso a internet en los hogares. Desde la perspectiva de la educación, esto nos permite pensar en un nuevo sistema abierto a la colaboración de todos que nos incorpore rápidamente a la nueva economía digital⁴.

Veamos ahora a qué restricciones estarán sometidas las propuestas educativas durante el próximo periodo gubernamental. La primera restricción será la económica. El reto será mantener la inversión real actual de manera eficiente e incrementarla en la medida que la recuperación económica se consolide. A ello hay que sumar establecer el balance entre lo que se asigna a la básica y a la superior. Se requieren austeridad y compromiso para que las asignaciones presupuestales tengan el mayor impacto social. Un acuerdo nacional por la educación es otro reto; de no superarlo, esta sería una segunda restricción. Una tercera restricción es la centralización e inflexibilidad de la gestión, la cual impide el surgimiento de múltiples iniciativas, así como una mejor adaptación de la educación al territorio y el entorno social en el que se desarrolla. Si las necesidades de la población son heterogéneas, el servicio también debe serlo. Más autonomía y rendición de cuentas en regiones y escuelas es una posibilidad.

La relación entre el servicio público y privado debe ser materia de análisis, en cuyo centro debe ponerse a la educación como bien público. Es decir, la educación debe estar al alcance de todos y de acuerdo con estándares básicos de calidad. El problema aquí no es tan solo cómo fijar dichos estándares, sino cómo implementarlos teniendo en cuenta que existen 113 300 servicios educativos. Por razones de equidad, la generalización de los estándares debe priorizar los extremos con mayores carencias, al mismo tiempo que exigirlos para todos los privados.

La diversidad cultural y lingüística requiere una atención especial. Para el caso de las lenguas amazónicas, andinas y de señas, el Minedu ha funcionado como árbitro y les ha otorgado escritura; esto amplía sus posibilidades de permanencia, pero queda aún mantener (o recuperar) su uso cotidiano, generar productos culturales y brindar la asistencia profesional para su disponibilidad en los servicios públicos. Necesitamos que todos nuestros estudiantes desarrollen capacidades lingüísticas en dos o más idiomas. Otro asunto es superar la carencia en número y formación de profesores bilingües.

¿Cómo contar con ellos en un corto plazo? Nuevamente las tecnologías para aprendizaje de idiomas han avanzado enormemente, y muestran que es perfectamente posible que profesores y estudiantes aprendan o desarrollen sus habilidades en lenguas nativas.

La Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva del Minedu representa un gran paso adelante en la medida en que define el ámbito ya que integra la formación universitaria con la profesional técnica y la artística, y señala gran parte de los problemas que deben ser enfrentados. Falta, sin embargo, un viceministerio y el plan estratégico para echarla a caminar.

Un debate recurrente en la formación técnica es sobre la idea de brindarla en la secundaria y en la educación de adultos. En principio no hay razón para que esto no pueda ocurrir, siempre y cuando no signifique reducir las posibilidades del estudiante para optar por estudios universitarios. El reto está en asegurar una alianza con un centro de educación técnico-productiva (Cetpro) o un instituto superior tecnológico (IST).

La formación profesional técnica debe «mirar a los lados de la calle» y atender tanto a las grandes empresas como a las microempresas para contribuir a elevar la competitividad del trabajo y prepararnos para la cuarta revolución industrial. Hacer lo uno sin lo otro es quedarnos en el mismo sitio. Empresas e instituciones de formación deben aliarse para crear un círculo virtuoso de formación e innovación.

La relación de la universidad con la sociedad y las organizaciones productivas se da a través de las aplicaciones e innovaciones que emergen de la generación de nuevos conocimientos. El reto en este caso es acercarlas a las políticas de producción y de empleo, las empresas, los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica (CITE), la reconversión laboral y la formación continua.

En tiempos de incertidumbre y de creación, las universidades necesitan más libertad, incentivos y transparencia en la rendición de cuentas. La Sunedu ha «separado la paja del grano», pero lo seleccionado debe madurar para responder a las necesidades nacionales y acercarse a las mejores instituciones del mundo. El reto es pasar de una política de control a una de seguimiento y evaluación que oriente la toma de decisiones de las instituciones y los usuarios en el marco de los principios básicos que señala la ley.

La libertad tiene que ver con la capacidad de elegir, de ser uno mismo. La educación desarrolla nuestra capacidad de elegir y la sociedad nos debe brindar las oportunidades para poner en marcha todo nuestro potencial. Pero esta posibilidad no tiene sentido sin un marco de justicia social, sin el compromiso para construir una sociedad en la que todos podamos ser libres. La educación es solo un medio en este camino⁵. No esperemos otros 100 años. La decisión es nuestra.

1. Portocarrero, G. (1992). Educación e identidad nacional: de la propuesta etnocida al nacionalismo andino. Debates en Sociología, 17, 9-30.
2. Sanborn, Cynthia A. (ed.). (2012). La discriminación en el Perú: balance y desafíos (1a ed.). Lima: Universidad del Pacífico.
3. Figallo, Flavio (2020). Después de la educación presencial, ¿qué? ESAL, 8, 41-44. http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/esal/article/viewFile/13407/214421444835
4. Marcone, Sandro (2020). ¿Educación a distancia o aprendizaje digital? https://www.americasistemas.com.pe/educacion-a-distancia-o-aprendizaje-digital/
5. Nussbaum, Martha (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Londres: Belknap.