Hablar del patrimonio cultural del Perú es hablar de toda la creación cultural que los peruanos han producido socialmente en la historia y de lo que seguiremos creando y produciendo en el futuro. Nuestra historia, leyendas, fiestas, artes, tecnologías, conocimientos, costumbres, creencias y sistemas de organización política y social, entre muchas otras creaciones, son propiedad de todos los peruanos; es decir, de la nación peruana en su conjunto. En consecuencia, atentar contra el patrimonio cultural significa atentar contra nuestra identidad como pueblo frente a otros que tienen su propia identidad y su propio patrimonio cultural.

Por todo ello, nos parece extraño que una persona como el Presidente de la República, acompañado por el Primer Ministro, haya remitido al Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 3464 para modificar la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296 en aspectos sustanciales, lo que pone en grave peligro el patrimonio cultural de todos los peruanos. Proponen que sea el Congreso de la República quien califique y decida qué bienes y creaciones culturales deben ser parte del patrimonio cultural del Perú, reemplazando la tarea técnica y profesional que venía realizando el Instituto Nacional de Cultura (INC). Además, plantean que, durante seis meses, se autorice al INC para que retire la condición de bien perteneciente al patrimonio cultural de la nación a aquellos que puedan ser calificados como onerosos, ineficientes y de preservación impracticable.

De aprobarse esta propuesta de ley, nos convertiríamos un país donde sería posible quitar la condición de monumento arqueológico al templo de Chavín, desconocer legalmente la condición de monumento histórico a la Quinta Presa o el Paseo de Aguas, y considerar que conservar y darle mantenimiento a los mantos de Paracas, la ciudadela de Chan Chan o el centro histórico de la ciudad de Trujillo son tareas «onerosas», «ineficientes» y cuya preservación «resulta impracticable». La aprobación de tal propuesta de ley deja abierta toda posibilidad de disparatada interpretación y la práctica de acciones y daños irremediables a nuestro patrimonio cultural, que es propiedad de todos lo peruanos tal y como lo establece la Constitución Política del Perú.

A esta propuesta se suma el Decreto Supremo Nº 009-2009-ED, que dispone que los proyectos de inversión pública no están obligados a cumplir con la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que permite tener la seguridad de que los terrenos donde se construirá tras una exploración no contienen restos arqueológicos, lo que puede dar lugar a la destrucción de bienes culturales. Como ejemplo, podemos mencionar que, en la construcción del primer gaseoducto, y debido al control que ejerció el INC con la colaboración de las empresas constructoras, se recuperaron varias toneladas de material arqueológico. Es decir, no uno o diez huacos, sino varias toneladas de material cultural de origen prehispánico.

Es cierto que, muchas veces, el INC se demora demasiado en otorgar sus permisos y autorizaciones. Una combinación de excesivo celo en su tarea, la práctica de un purismo fuera de tiempo o la falta de medios, presupuesto y una farragosa administración contribuyen a que sus técnicos y comisiones demoren innecesariamente en otorgar autorizaciones, lo que evidentemente perjudica proyectos e inversiones. Entonces, lo que hay que corregir es esta lentitud administrativa. Hay que desechar el purismo trasnochado y reemplazar las reiteradas negativas a los proyectos de inversión por una voluntad de resolver los problemas lo más pronto, asesorando, acompañando la ejecución de los estudios y proyectos, monitoreando su realización pero promoviendo su avance. Así, la inversión privada y pública verá en el INC una entidad que supervisa el patrimonio cultural pero que promueve y colabora con la actividad empresarial, formando una alianza para un desarrollo económico con identidad cultural y apoyo social de los pobladores. Esta forma de administrar la cultura y de generar una nueva forma de conducta laboral es posible y necesaria.

La propuesta del Presidente de la República y del Primer Ministro debe ser desechada. Su sola existencia nos pone en ridículo y nos avergüenza ante muchos países donde defender el patrimonio cultural y conservarlo es una importante tarea de Estado para que la cultura sirva no solo para definir nuestra identidad como nación, sino para que sus recursos sirvan para la ciencia histórica y la educación, y se constituyan en recursos para el turismo y la industrial cultural. Lamentablemente, nada de esto se ha tenido en cuenta.

Si bien año tras año se habla de la creación de un Ministerio de Cultura, que no siempre es necesario para gestionar y administrar correctamente el quehacer cultural de los peruanos, el actual Gobierno viene realizando una serie de acciones negativas que debemos sumar a las mencionadas anteriormente, como desmembrar de la estructura organizativa del INC varios importantes proyectos y pasarlos a depender del Ministerio de Educación: Caral, Chan Chan, los museos de Sipán y Sicán y mantener Cuzco como unidad independiente, entre otras medidas que ya se vienen practicando.

La realidad demuestra que, para el actual Gobierno, la cultura no es un tema importante. No solo no ha creado el Ministerio de Cultura, sino pretende destruir el INC y las medidas legales que permiten defender y conservar la cultura de la nación peruana. En la práctica, el Museo de la Nación ha desaparecido, el salario de un sector de los trasmisores de la cultura como los profesores universitarios estatales no se soluciona y no se cumple –burlando la ley–; el magisterio es sometido a exóticas evaluaciones y a capacitaciones intrascendentes, y el requisito de tener ocho años de experiencia en archivística para ser director de Archivo en el Perú ha sido suprimido –hoy, cualquier persona puede ser nombrada como director de Archivo, lo que pone en grave riesgo el patrimonio documental de la nación peruana y el derecho de los trabajadores en el campo archivístico–. A todo esto se suma que el Gobierno no invierte en conservación de los bienes que integran el patrimonio cultural y, finamente, el Ministerio de Educación, la institución que políticamente administra la educación y la cultura carece de local y está repartida en varios lugares.

Nuestro deseo como peruanos es que la gestión cultural a través del INC funcione bien, y que las personas y profesionales que se dedican a la educación y la cultura sean bien consideradas. No hay derecho que un respetable maestro de escuela que da una batalla diaria en su salón de clase educando a los niños del Perú reciba tan reducidos salarios y trabaje en condiciones difíciles.

Finalmente, con estas medidas legales que el Presidente y el Primer Ministro quieren aplicar en contra de nuestro patrimonio cultural, hasta Gastón Acurio está en peligro: ahorita declaran que el cebiche, la papa a la huancaína y el tacu tacu ya no son peruanos porque han sido «desmonumentalizados», según la nueva ley, para propiciar la instalación en el Perú de una fábrica de hamburguesas y hot dog estilo Pensilvania. Porque la nueva propuesta legal busca facilitar, a como dé lugar, la inversión, aun en contra de la cultura.

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