Las pocas encuestas de opinión pública que indagan sobre el cambio climático en el Perú indican que el 58% de los peruanos le atribuye ser la principal causa de los desastres naturales ocurridos.

Algunas caracterizaciones en torno a cierta idiosincrasia nacional señalan que somos un país donde la cultura de la prevención no goza precisamente de un lugar preferente entre los peruanos. Como también se nos sindica que solo reaccionamos ante una amenaza cuando esta ya se ha consumado, pese a las advertencias. Los recientes desastres que acompañaron al episodio de El Niño costero parecen confirmar, lamentablemente, tanto lo uno como lo otro.

De hecho, esta dolorosa coyuntura ha vuelto a colocar el concepto de cambio climático en el discurso de políticos, medios, empresarios y ciudadanos, al punto que se le comienza atribuir la responsabilidad de casi cualquier trastorno climático y de sus impactos en la infraestructura física, el aparato productivo, y la propiedad pública y privada. De haber permanecido en la periferia de la agenda de preocupaciones públicas, el cambio climático adquiere llamativa presencia a través de su versión calamitosa asociada a huaicos, desbordes y lluvias torrenciales.

No estoy diciendo que eso sea algo criticable o anómalo. Llamo la atención en que el cambio climático parece necesitar expresarse a través de desastres inmediatos e impactantes para que le pongan atención, y no tanto mediante procesos graduales y distantes, como la lenta evaporación de los glaciares y nevados o la progresiva disminución de nuestros bosques. Las pocas encuestas de opinión pública que indagan sobre el cambio climático en el Perú indican que el 58% de los peruanos le atribuye ser la principal causa de los desastres naturales ocurridos (Opinión Data, Ipsos, febrero 2017, N° 216). Esto nos recuerda la denominada paradoja de Giddens, la cual remarca que “como los peligros que representa el calentamiento global no son tangibles, inmediatos ni visibles en el curso de la vida cotidiana, por muy formidables que puedan parecer, muchos se cruzarán de brazos y no harán nada al respecto”. Las advertencias científicas sobre futuros escenarios de urgencias climáticas no movilizan tanto como los desastres vividos en el momento presente, tal como acaba de ocurrir.

Quizás sea por ello que eventos como la COP-20, en diciembre de 2014, a diferencia de El Niño costero, no lograron empujar lo suficiente el asunto del cambio climático a nivel político. En aquella ocasión, donde se advertían sobre los impactos futuros de los trastornos ambientales, el parlamento produjo varias iniciativas legislativas que se aprobaron en las comisiones pero que no llegaron a convertirse en leyes. En cambio, la devastación sufrida en estos meses ha obligado que los diferentes grupos políticos apoyen la adopción de  medidas concretas y preventivas, y fiscalicen con rigor las respuestas del Poder Ejecutivo en el proceso de reconstrucción. Al mismo tiempo, las comisiones parlamentarias han desempolvado varias de las iniciativas sobre cambio climático que quedaron sin aprobar en el Congreso anterior y es muy probable que en esta legislatura se conviertan en ley.

Parece que sí necesitamos de eventos traumáticos para adoptar acciones decididas y terminantes. Sin embargo, la prueba no termina con El Niño costero. Ya circulan advertencias sobre el friaje que sobrevendría en la sierra sur. Esperemos que este no genere sesgos injustos y respuestas tardías por no afectar a Lima o a la costa norte. Lamentablemente, anteriores episodios de friaje no produjeron ni solidaridades masivas ni expeditivas respuestas gubernamentales y legales. Tampoco héroes o heroínas anónimos. Está muy bien la reconstrucción, pero mejor es la prevención. Y ambos con equidad.

Por último, y sin idealizar el ejemplo ecuatoriano, ese caso enseña que es posible responder con responsabilidad y anticipación. Que El Niño costero sea una lección aprendida e internalizada, y que el cambio climático merezca el lugar que le corresponde en la agenda nacional.