Luego de las lamentables experiencias de Bagua, Tía María y otros tantos conflictos sociales, ¿cómo hemos vuelto a encontrarnos frente a una situación de alta tensión?

Tengo la impresión de que esta situación alcanza al nuevo gobierno en una etapa muy temprana, cuando al interior del mismo aún no se habían puesto de acuerdo acerca de cómo manejar estos procesos de conflicto. El Presidente de la República se vio en la necesidad de tomar una definición sobre el camino a seguir y señaló que sí es posible la compatibilidad entre la agricultura y la minería, lo que ha llamado «oro y agua«. Sin embargo, este discurso es distinto al que dio a las comunidades de Cajamarca durante su campaña, cuando decía «no venderemos tu agua», que se podría interpretar como ?oro o agua?. En Conga, nos encontramos frente a una situación que se pinta favorable para un levantamiento: La ley de consulta previa aún no está vigente, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el gobierno anterior, mientras que el gobierno regional mantiene una postura distinta al desarrollo. Cabe notar que la obra se realizará en una zona sensible como Cajamarca, en donde la ciudad y la empresa tienen una historia de confrontaciones. Este es un tema bastante delicado, que contrapone el uso del agua por parte de las comunidades campesinas versus el uso de agua por parte de las empresas extractivas.

¿Desde cuándo surge este conflicto? Porque es imposible pensar que se ha llegado a este punto de alta tensión de la noche a la mañana?

En el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CARC) tenemos 12 años trabajando estos temas y en el año 2006 trabajamos haciendo un análisis de conflicto en Conga, lo hicimos con 45 entrevistados y recorrimos 28 caseríos de los distritos de Sorochuco, Huasmín y La Encañada. En esa ocasión, la mayoría de las autoridades comunales entrevistadas manifestaba una aceptación condicional al proyecto, siempre y cuando se asegure que el ambiente -y en particular, el agua- no se afecte. Y lo segundo que manifestaban era la esperanza de generar beneficios y cupos de trabajo para las comunidades. La totalidad de los alcaldes entrevistados manifestaron su preocupación por el agua y percibían que la población también sentía el mismo temor. El informe lo pusimos en conocimiento de las autoridades locales y de la empresa. Por lo tanto, la empresa inicia sus operaciones sabiendo esta realidad.

En este proceso se ha perdido el respeto por la autoridad y la representatividad del Estado. Por ejemplo, vimos que cuando el Ministro del Interior acudió a Cajamarca para dialogar, el presidente regional se negó a reconocerlo como «autoridad del gobierno central». ¿Dónde quedó el estado de derecho?

Lo curioso es que en este proceso, el EIA ya había sido aprobado y se iba a llevar adelante la ejecución de la etapa posterior hasta que un grupo de gente de la zona, con el apoyo del presidente del gobierno regional y de un frente de defensa (que siempre se crea para estos procesos) consideró que no debe desarrollarse este proyecto. Para ellos, se cerró el proceso, no importa la autorización que se dio en el gobierno anterior ni interesa la ley, simplemente no va. Nos encontramos en una situación especial, porque el nuestro es un Estado-nación, un Estado único, donde los gobiernos regionales no son estados (como sucede en Estados Unidos o México, donde los estados tienen facultades para dictar sus propias normas). Aquí los gobiernos regionales tienen facultades para dictar ordenanzas, pero hasta cierto límite. En el caso de las actividades extractivas queda muy claro en la ley vigente que quien autoriza la actividad de las grandes empresas mineras es el gobierno central.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se deben superar para llegar a una solución en este conflicto?

Yo sí creo necesario que aquí se superen tres «D»: la D de la desconfianza, que existe entre una y otra parte; la D de la desinformación, porque la información no es transparente y se parte de supuestos y no de realidades; y la D de distinta visión de desarrollo. Yo creo que el presidente regional de Cajamarca, el padre Arana y sus seguidores tienen legítimo derecho a tener una visión de desarrollo distinta a la que puede tener una gran mayoría del país, pero la constitución vigente plantea una visión de desarrollo donde el Estado-nación tiene leyes que se aplican respetando el derecho a la consulta que hoy día rige y es la que se ha aplicado en este caso. ¿Por qué quiero imponer formas distintas que no están vigentes o no han sido recogidas?

De acuerdo a la legislación vigente, ¿existe alguna posibilidad en la que se diga: «El proyecto no va», por algún motivo?

La legislación no plantea la posibilidad de una reconsideración o apelación de un EIA aprobado por el Ejecutivo y eso no está bien, debería permitirlo. Legalmente, el acto administrativo en Conga se ha cumplido. Y hay que respetar lo que está, es una garantía que se da al inversionista para llevar adelante el proyecto. Lo que pasa es que no se dice que en la constitución vigente, los dueños de las tierras no son dueños del subsuelo y por lo tanto, del agua. El agua es del Estado que la da en concesión a las comunidades, no es «su agua»; y por lo tanto, su traslado de un lado a otro es decisión del Estado y se debo de respetar. En todo caso, por un mínimo reconocimiento a su derecho a la vida, el Estado debe consultar a la población y explicarle cómo va a ser el proyecto e incluso preguntarle si le parece si está bien.

Como menciona, la desinformación es parte fundamental del problema? ¿Qué responsabilidad tiente la empresa minera en este conflicto?

La empresa también tiene la obligación moral de explicar y dar los alcances de tal manera que todos entendamos. No basta colocar el resumen ejecutivo en la página web, sino que también hay que estar dispuestos a poner las cosas de forma transparente y clara, hay que dar ese paso más para que la comunidad entienda el cambio que se va a producir y lo que va a significar. Por ejemplo, vamos a mirar qué sucede con el Estudio Hidrológico que se va a realizar entre febrero y marzo del 2012, que está consignado en el EIA, y que no se ha hecho antes porque hay que esperar cuál es el comportamiento de las lluvias en más de un año para conocer qué va a suceder con la cantidad de agua que se va a obtener. Sería interesantísimo mostrarle al comunero de a pie una simulación que diga: «Este es tu lago, estos son los riachuelos o los proveedores principales, hasta aquí llega el agua en las partes altas y en las partes bajas, y esto es lo que va a pasar de mañana a partir de la construcción del reservorio». Probablemente la tengan, pero no se ha visto. Así se podría notar que no se afecta a los proveedores de agua y que el agua va a regresar a atender sus necesidades. Entonces tendríamos una mejor percepción del tema.

¿Existen experiencias previas que hayan sido exitosas en situaciones similares?

Es interesante que se sepa que en nuestro CARC vivimos un proceso similar en el Tajo La Quinua. Nosotros asesoramos a dos canales de riego de la zona que habían sido afectados por la ampliación del tajo por parte de la empresa minera Yanacocha. Durante cuatro años y medio llevamos un proceso de diálogo mientras que la empresa continuaba con la ejecución de la obra, lo que permitió que se llevara adelante la construcción del reservorio San José que hoy riega la zona con agua tratada y preparada de modo permanente (en tiempos de secano y de lluvias). Además, los comuneros fueron preparados por el Instituto de Corrosión y Protección de la PUCP para que estuvieran en capacidad de verificar la calidad del agua que entraba en su zona.

¿Qué medidas inmediatas debería tomar el gobierno para zanjar este problema de una vez por todas?

El gobierno solicitó la revisión del EIA, tanto por el Ministerio de Energía y Minas (que dijo que estaba bien) como por el Ministerio del Ambiente. A muy corto plazo me parece fundamental que el Presidente de la República convoque al gobierno regional a un diálogo sobre este tema donde se hable precisamente de cómo mejorar el EIA en base a lo señalado por el MINAM. Creo que la instauración de una mesa de diálogo es absolutamente válida y es el reconocimiento al derecho de ser escuchado que me parece elemental. Sentémonos en una mesa técnica en donde se hable técnicamente del asunto, sin percepciones ni apasionamientos. Allí podría plantearse una agenda básica entre el gobierno nacional, el gobierno regional y la empresa privada donde se plantee un acuerdo de seguimiento empoderado, en donde las comunidades estén debidamente preparadas para poder hacer ?ellas mismas, sin padrinos- la verificación de los procesos. Debe haber un protocolo de intervención donde, de manera concertada la comunidad y la empresa se ponen de acuerdo para garantizar que habrá agua, que estará siempre limpia y que podrá ser usada para fines agrícolas. Y en donde se fijen sanciones si esto no sucediera.

¿Cómo hacemos para evitar el surgimiento de futuros conflictos sociales?

Habría que pensar en una institución estatal para el manejo y resolución de conflictos en el país, que pueda ser tercerizada, que tenga a su cargo la elaboración y la aprobación de los EIA. Mirando al futuro, esto generaría confianza. Un estudio aprobado por el MINAM o la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) pero que sea elaborado por un tercero, no contratado por la empresa sino por el Estado, con fondos que pueden salir perfectamente de los recursos del canon minero o de los impuestos o del fondo de cooperación técnica, de tal modo que la garantía de la independencia sea absoluta y no cabría la posibilidad de pensar que ese estudio haya sido manipulado. El manejo de Conga va a ser determinante para saber cuál será el manejo de los próximos conflictos que vengan. Este es un momento histórico y las decisiones del gobierno son muy trascendentes, por eso vale la pena que lo piense bien y que actúe de manera prudente. Me parece que el gobierno actual ha hecho todos los intentos por el diálogo, es una actitud distinta que ojalá sea entendida por quienes no quieren dialogar.