En las conferencias de la Organización de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP-20 Y CMP-10) que se celebran en Lima, uno de los temas de mayor discusión es el financiamiento mundial para cumplir con los objetivos de la mitigación y adaptación al cambio climático. Para tal efecto, se ha constituido el Fondo Verde del Clima (FVC) que a la fecha ha superado el monto de 10 mil millones de dólares y tiene tras de sí tres temas centrales en debate: ¿Qué países deben financiarlo? ¿A quiénes se beneficiará? ¿En qué se usará el Fondo?

Para absolver estas preguntas es importante reconocer que el debate está relacionado con otro tema de mayor trascendencia pero poco abordado en las conferencias mundiales: la justicia climática. De acuerdo a la primera reunión sobre el cambio climático que coincidió con la Cumbre de la Tierra celebrado en Río de Janeiro, Brasil (1992), y el primer compromiso internacional de reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero celebrado en Kioto, Japón (1997), se tiene muy claro que, por un criterio de justicia, aquellos países con más emisiones son los que se encuentran más obligados en compensar a aquellos países menos contaminantes que sufren en igual o peor medida los efectos del cambio climático.

Siguiendo esta concepción general de justicia climática, las preguntas de debate sobre la constitución y aplicación del Fondo Verde del Clima (FVC) pueden tener las siguientes respuestas:

Sin embargo, cabe tener presente que el Fondo Verde del Clima (FVC) es solo una de varias alternativas para materializar la justicia climática. El problema global del cambio climático requiere de un análisis más detallado y crítico para obtener nuevas alternativas para abordar su complejidad.

De un lado, el problema no solo involucra a países entre los cuales se produce la injusticia climática, sino también a los grupos humanos de cada uno de estos, entre los que se encuentran las comunidades andinas y amazónicas que habitan los países sudamericanos, a pesar de ser los que menos emiten aquellos gases con efectos invernadero.

De otro lado, el problema tiene su origen en políticas económicas que nos resistimos a cambiar por estar relacionadas con el crecimiento y la prosperidad económica. Así, ese origen se encuentra en el fomento, como parte de esas políticas, del consumo de bienes y servicios que debe realizar la población. La emisión de gases con efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), se encuentra en el alto nivel de consumo que realizamos en las grandes ciudades a través del transporte vehicular, la renovación constante de ropas o vestidos influidos por la moda, o la adquisición de alimentos en exceso, entre otras prácticas.

¿Es posible orientar el Fondo Verde del Clima y, en particular, la justicia climática para resolver estas últimas complejidades? Si creemos en la humanidad y en la protección de nuestras generaciones futuras, la respuesta es afirmativa. Pero, yendo más allá de la aplicación de un fondo financiero y de una distribución o imposición equitativa de responsabilidades, la mejor solución se encuentra en el compromiso personal y el ejemplo de cada ciudadano. Solo si tomamos consciencia de la situación de nuestro planeta por el cambio climático y actuamos en base a esta toma de consciencia, garantizaremos un cambio sostenible.