¿Por qué discriminamos? ¿Es un comportamiento natural o socialmente aprendido?

Cuando naturalizamos un hecho implica que ya no lo podemos cambiar, que es irreversible. La discriminación existe a nivel mundial en todos los ámbitos de la vida, es parte de la sociedad. Si la naturalizamos –como en el siglo XIX- y la elevamos a ciencia (como la teoría racial), no encontraremos una respuesta científica para cambiarla.

Desde el punto de vista del derecho, la discriminación responde a un proceso de socialización. Aprendemos a discriminar y podemos desaprenderlo y orientarnos hacia una convivencia pacífica, sin conflictos, más solidaria, que es la que más nos beneficia. El derecho es un gran factor que nos podría ayudar a cambiar y a tener una sociedad más inclusiva, que al fin y al cabo es la base del constitucionalismo.

¿El concepto de “igualdad” ha sufrido alteraciones a lo largo de la historia?

Claro que sí. Por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se afirma que todos los hombres son iguales, pero solo se consideran como padres fundadores a un grupo de hombres blancos; no figuran las mujeres, los afroamericanos ni los grupos nativos (como los cheyenne y los cherokee) que también estuvieron presentes.

El derecho de igualdad nace para unos pocos, para “los nuestros” y no para el resto. El sufragio censitario es un ejemplo: los hombres blancos que tenían propiedades y pagaban impuestos eran los únicos que podían elegir y ser elegibles. Las primeras declaraciones hablaban de los indígenas como personas obligadas al servicio; ni las mujeres ni los negros figuraban como sujetos de derecho. Y lo mismo sucedió en Francia y en Perú.

¿La construcción de una sociedad igualitaria para todos es una utopía?

El derecho es un producto histórico y forma parte de la sociedad. El derecho a la igualdad no es estático, y poco a poco hemos ido avanzando. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial se ha intentado paliar la discriminación racial. Se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, nos hemos esforzado por crear una sociedad con vocación universal.

Cuando una Constitución señala que todos somos iguales ante la ley pero el Estado es discriminador y no te garantiza lo que está en el papel, estamos ante una igualdad formal, con derechos programáticos que no se cumplen, con leyes que no son vinculantes ni obligatorias ni exigibles. Así como los estados sociales europeos, tenemos que pasar del concepto de igualdad formal al de igualdad real. No es imposible, claro que se puede, está demostrado.

¿Qué se esconde detrás de una expresión o conducta racista?

Se esconde la desigualdad estructural de una sociedad, que no tiene una frontera delimitada. Se esconde el concepto de discriminación, porque no nos damos cuenta muchas veces cuando las decimos o cuando tenemos estas actitudes. Eso significa tenemos que esforzarnos por visibilizarlas y corregirlas.

El Perú es una sociedad en la que la discriminación está presente históricamente…

Mientras nuestra Constitución decía que todos somos iguales ante la ley, teníamos un Código Penal (1924) que decía que los jueces podían atenuar las penas de los indígenas “semicivilizados, degradados por el alcohol” porque se les consideraba incapaces. El derecho penal tenía una carga de discriminación juridificada, producto de las teorías racistas decimonónicas que también impregnaron al derecho. El Informe de la Comisión de la Verdad es el punto de inflexión que saca del ámbito jurídico privado la idea de discriminación que tenemos tan arraigada en nuestro país y la eleva al ámbito del derecho público constitucional.

¿Cuánto se ha avanzado en la reducción de las brechas de género en nuestro país?

La discriminación por razón de sexo es la más antigua que existe y es prácticamente la base de todas las otras ya que se puede recrear por raza, por etnia, por religión, etc. La producción de la mujer está infravalorada, su participación en el ámbito público no es igual a la de los hombres, existe una desigualdad estructural científicamente demostrable entre los hombres y las mujeres. La teoría feminista y los estudios de género intentan llevar esta realidad al ámbito del debate democrático, no propugnan la superioridad de alguno de los dos grupos, sino que buscan que mujeres y hombres tengamos las mismas condiciones, tratos y oportunidades sin distinción de sexo.

Han pasado diez años desde la creación del otrora Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) ¿Cuál es su evaluación de su trabajo?

Fíjate de algo: el MIMDES ahora se llama “Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”. Estamos incluyendo a la mujer como una población vulnerable, como si fuera una minoría que no tiene influencia para poder decidir y que está marginada de los beneficios que pueda aportar el Estado. Al hacerlo, le estamos quitando valor para encontrar respuesta a esa desigualdad que ha recorrido a toda la humanidad y que el día de hoy sigue pesando en nuestras sociedades. Tenemos una Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, pero aún hay mucho por hacer.

¿Qué medidas podrían tomarse desde el Estado para evitar la discriminación? Porque no basta con leyes u ordenanzas que la prohíban…

Hay discursos culturalistas que hablan que el derecho occidental ha intentado crear una homogenización de la sociedad, lo que no es tan cierto: todas las sociedades son plurales. Cuando resuelves el problema de la desigualdad, la pluralidad aparece sin vergüenza ni carga peyorativa, sin discriminación. De lo contrario, no vamos a poder vivir en una sociedad inclusiva. No existe una pócima ni una receta, es un trabajo a largo plazo y de responsabilidad compartida. Hace falta una educación en valores democráticos solidarios (desde la más tierna infancia), compromiso de quienes nos representan, mucha autocrítica y una ciudadanía activa, que conozca su realidad.

El Perfil

Nombre: Nilda Garay