Este domingo 15 se cumple un año del derrame de petróleo de La Pampilla, en el que una concatenación de negligencias produjo el mayor vertimiento, hasta la fecha, de barriles de crudo en la costa del Perú. Desde hace unos días, tras los resultados del peritaje, sabemos que la tubería de succión del crudo instalada en la refinería era defectuosa. Nunca tendría que haberse roto, a pesar del oleaje anómalo originado por el volcán de Tonga en aquella cálida tarde de sábado.

En total, unos 12,000 barriles se comenzaron a extender lentamente por las playas e islotes de las provincias de Lima, Callao, Chancay y Huaral. Cientos de mamíferos y aves marinos fueron afectados, cuatro especies de la zona han dado un peligroso paso hacia la extinción y miles de familias, principalmente dependientes del sector turístico y pesquero, perdieron sus sustentos de vida. Repsol haciendo lo mínimo e indispensable para mostrar a la opinión pública que estaba desplegando un plan de limpieza y remediación de las áreas afectadas. El Estado, prácticamente ausente.

A los pocos días de la catástrofe, recuerdo haber afirmado en un medio de comunicación nacional que la temporada de verano de 2023 en las playas afectadas se podría llevar a cabo con cierta normalidad, siempre y cuando se realizara una limpieza del litoral adecuada con estrategias de biorremediación. Erré. El Ministerio de Salud informa que solo tres de esas playas, todas en el distrito de Ancón, son aptas para el baño este verano, y mantiene la prohibición en otras veintitrés. Los tres arenales abiertos, por su ubicación, no estaban dentro de la pluma principal de dispersión del chapapote, por lo que es plausible pensar que recibieron menos crudo que otras zonas afectadas.

Los informes recurrentes de organizaciones ambientalistas y organismos fiscalizadores, como la OEFA, alertaron durante meses que los esfuerzos de limpieza de Repsol no eran suficientes, y que muchas zonas rocosas y arenosas no estaban recibiendo el cuidado necesario para ser declaradas aptas para el baño.
A pesar de estos incumplimientos de la empresa, el Estado nunca asumió una responsabilidad subsidiaria para liderar una remediación más exhaustiva, limitándose a sancionar a la empresa con multas que, si bien eran elevadas, probablemente también eran irrisorias teniendo en cuenta el volumen de facturación que tiene Repsol en el Perú y en el resto del mundo.

La movilización de la sociedad civil, impecable en los días después de la catástrofe, se fue diluyendo en un contexto de inestabilidad política permanente. Los escándalos de corrupción durante el gobierno de Castillo, la beligerancia entre los poderes del Estado y, más recientemente, la caída del propio Castillo y las sangrientas protestas en varias zonas del Perú, probablemente eclipsarán los titulares sobre el aniversario del derrame de La Pampilla. Esta situación de constante cainismo en la política peruana derivó en la nula actividad legislativa para esclarecer las responsabilidades en la catástrofe o para aprobar legislación que permita la protección, con medidas preventivas, de los más de 2000 kilómetros de litoral en Perú.

A pesar de los múltiples fracasos colectivos en la gestión del desastre en estos doce meses, creo que es también importante identificar algunos puntos positivos y esperanzadores. Por un lado, creo que el hecho de que la sociedad limeña haya experimentado de cerca los efectos de un derrame de estas características generará una mayor concientización social hacia los numerosos derrames de crudo fluviales que ocurren en la Amazonía. Por otro lado, el Programa Nacional de Investigación (ProCiencia) ha liberado fondos para investigaciones ligadas con derrames de petróleo, una oportunidad para que investigadores locales continúen sus labores de análisis de los efectos de estos eventos, que permitan llegar a soluciones para prevenir o mitigar derrames futuros.

Perú, al igual que la mayoría de estados que se enfrentan por primera vez a una catástrofe costera de este tipo, demostró no estar preparado. Sin embargo, lo más preocupante es la escasa capacidad que las autoridades están demostrando para prevenir eventos similares en el futuro. Mientras no tengamos una descarbonización completa de nuestra economía, lamentablemente, viviremos bajo el riesgo de que se den otras catástrofes que dañen nuestras costas.