La desaparición de los glaciares, fuente de agua dulce, es otra. Según la ONU, 9 de cada 10 desastres naturales registrados actualmente están relacionados con el cambio climático. Según cifras del Gobierno peruano, el país perderá 9 mil millones de dólares en los próximos 15 años si no actuamos ya mismo.

Los científicos del mundo han determinado que el planeta no puede soportar un incremento mayor a los 2 grados centígrados sin sufrir impactos catastróficos. Si bien ya no es posible detener o revertir el cambio climático, sí podemos –y tenemos que– tenerlo bajo control.

Para mantenernos en el rango de los 2 grados centígrados –lo que de hecho ya es mucho para el Perú–, los países desarrollados deben reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 25 y 40% para el año 2020, y entre 80 y 95% para el año 2050, tomando como referencia los niveles de emisiones alcanzados en 1990. Para tener una idea de lo complicado de estas cifras, basta ver los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto y que los países desarrollados aún están pataleando por cumplir: solo 5.2% de los niveles emitidos en 1990.

Esta semana se está produciendo en Barcelona la última ronda de negociaciones internacionales para un acuerdo que se viene trabajando desde hace dos años, que se debería firmar en diciembre en Copenhague y que, a estas alturas, ya muchos creen que no se va a conseguir. En el Plan de Acción de Bali, firmado en el 2007, los países del mundo acordaron trabajar en dos frentes: la definición de una segunda ronda de compromisos dentro del mandato del Protocolo de Kioto (PK) para los países desarrollados (conocidos como países de Anexo I), y el establecimiento de un nuevo instrumento de Cooperación a Largo Plazo (CLP), donde todos los países tomen acciones para enfrentar el cambio climático bajo la idea de que tenemos «responsabilidades comunes pero diferenciadas», en función de las capacidades internas de cada país y su responsabilidad histórica en términos de emisiones de GEI.

Pero en vez de asumir compromisos serios para una segunda ronda de PK –la primera termina en el 2012–, algunos países del Anexo I están tratando de deshacerse del instrumento ante la indignación de los países en desarrollo, quienes,  agrupados en el G77 más China, han declarado que sin PK no hay acuerdo. A pesar de sus limitaciones, el valor del PK está en que es el primer y único instrumento internacional que establece metas obligatorias de reducción de GEI. Los países que promueven su disolución –los de la Unión Europea entre ellos– sostienen que el mundo no logrará las metas de reducción necesarias si Estados Unidos no asume compromisos. Como EEUU no entrará al PK por razones políticas, argumentan, la única salida es disolver el PK, crear un nuevo mecanismo, e incorporar a EEUU. Sin embargo, y en esto yo coincido con el G77 más China, nada nos garantiza que EEUU asumiría algún tipo de compromisos, dentro o fuera del PK, principalmente luego de que hace dos semanas el jefe de negociadores de dicho país declaró que no asumirán ningún compromiso que no sería ratificado por su Congreso, el mismo Congreso que tomará al menos seis meses más para decidir si pasa o no una ley nacional que limite las emisiones internas. En este contexto, ¿vale la pena disolver el único instrumento que tenemos para crear uno nuevo que tampoco incorporará a los EEUU?

Por otro lado, las negociaciones dentro del CLP avanzan, pero no al ritmo necesario para tener un instrumento terminado en una semana más de trabajo. Uno de sus componentes más conflictivos ha resultado ser el mecanismo para la Reducción de Emisiones de la Deforestación de Degradación de Bosques (REDD). Al comprobarse que casi el 20% de las emisiones de GEI globales –más que todo el transporte del mundo– proviene de la deforestación y el cambio de uso de tierra forestal para fines agrícolas o ganaderos, se establece la necesidad de crear un mecanismo que financie la conservación de los bosques. En el caso del Perú, la deforestación es responsable del 47% de nuestras emisiones, lo que nos convierte en un país REDD.

Pero, para que REDD no termine convirtiéndose en un incentivo perverso que genere deforestación, es esencial que incluya una salvaguarda que impida la tala de bosques para convertirlos en plantaciones forestales. Además, debe exigir que todos los países identifiquen y enfrenten las causas de la deforestación, incluyendo aquí no solo las causas internas de los países con bosques en riesgo, sino también la demanda internacional por productos forestales. Es decir que todos los países deben asegurarse de que los productos forestales que ingresan a sus mercados fueron extraídos respetando las leyes soberanas del país de origen.

Casi todos estos puntos son parte del consenso entre la mayoría, pero aún así han sido retirados reiterada e inexplicablemente del borrador del acuerdo, aparentemente por los intereses de ciertos países que siguen promoviendo la deforestación y la transformación de bosques naturales en plantaciones forestales.

Esta semana es crucial para la definición –o no– de un acuerdo internacional que determinará lo que pasará con los seres humanos y el resto de vida en el planeta en el corto plazo. El presidente Alan García y su gabinete firmaron, la semana pasada –miércoles 28 de octubre–, la campaña de Naciones Unidas «Seal the Deal», que busca que los países se comprometan a lograr un acuerdo en Copenhague. Nos toca como ciudadanos –y como afectados directos– monitorear el proceso y asegurarnos de que el Gobierno cumpla con este compromiso vital.