Por un lado, la absoluta indiferencia frente a un drama percibido por algunos ciudadanos como lejano, tanto en el tiempo como por las personas involucradas. Por el otro, la persistente discusión entre defensores y detractores del trabajo de la Comisión, sobre todo, en lo que respecta a las responsabilidades atribuidas a los actores del conflicto (especialmente, los estatales) y a la interpretación que hizo sobre los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y el 2000.

Sin embargo, más allá de estas discusiones, lo importante es reparar que tras ellas existen ciudadanos peruanos que merecen ser reconocidos como tales. Es decir, como sujetos portadores de derechos. De allí que sea necesario volver la mirada a las víctimas del conflicto y sus familiares para colocarlos como eje central de las acciones en busca de la reconciliación nacional.

El enfoque debería plasmarse, sobre todo, en las políticas públicas que se implementan desde el Estado y en otras que se encuentran pendientes. Así, es necesario que los contenidos de lo que será el Lugar de la Memoria sean socializados y discutidos con las víctimas. Los encargados de crear este espacio de conmemoración deben ser conscientes de la complejidad de su tarea, ante visiones tan diversas sobre el conflicto.

Similar situación se produce en torno al Plan Integral de Reparaciones. Los recientes reclamos sobre el monto de las reparaciones individuales, así como la confusión entre reparaciones colectivas y programas sociales deben llevar a una relación más cercana entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y las víctimas.

Asimismo, aún persisten las demandas de justicia. Hasta el momento, de los 60 procesos derivados de las investigaciones por la CVR y que han sido registrados por el IDEHPUCP, sólo ocho tienen sentencia definitiva. Ello implica incrementar los esfuerzos por una mejor labor de investigación y valoración de las pruebas de parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, respectivamente. Pero además, supone sumar un trabajo técnico más depurado de la defensa legal brindada por las organizaciones de derechos humanos a las víctimas y sus familiares.

A su vez, es necesario atender la creciente demanda de las víctimas para recuperar los restos de sus familiares y cerrar sus procesos de duelo. Hasta la fecha se tienen registrados más de 4 mil sitios de entierro en todo el país, pero no existe un plan de investigaciones antropológico–forenses para un trabajo ordenado de exhumaciones.

Por otro lado, uno de los temas fundamentales es la ausencia de un conjunto de reformas institucionales que hizo que los dos gobiernos anteriores enfrentaran esta problemática con políticas aisladas y con poca vocación de cambios. La inclusión, palabra tan presente en el discurso político actual, no será imposible sin una arquitectura institucional que consolide la democracia peruana y los derechos humanos.

Finalmente, es necesario volver hacia los contenidos del informe final de la CVR desde otra perspectiva: debemos concentrarnos más en los testimonios, los símbolos, los lugares y los casos particulares del conflicto. Este es uno de los primeros pasos que debemos dar para reconocer a muchos compatriotas como lo que verdaderamente son: ciudadanos.