¿Cuál es la labor de la Comisión Internacional de Juristas?

La Comisión Internacional de Juristas fue fundada en 1952, en Berlín, con el objetivo de promover y defender el estado de derecho y los derechos humanos. Desde esa perspectiva, a lo largo de su historia, ha reunido a un grupo de profesionales, como abogados o jueces independientes. Se trata de un organismo no gubernamental de carácter internacional que brinda observaciones en cuanto al desarrollo de los países en el mundo sobre los estándares o las violaciones que se producen. En consecuencia, elabora informes o envía misiones que puedan emitir posteriormente reportes a las instancias gubernamentales y a las internacionales. Por todo ello reúne a juristas del mundo por regiones –en América Latina somos seis– con una trayectoria vinculada al quehacer de la defensa del estado de derecho y los estados fundamentales. Es una institución de referencia importante para el desarrollo de los derechos humanos contemporáneos. Así lo ha sido, por ejemplo, para la creación del Tribunal Penal Internacional.

¿Qué vínculos ha tenido con la ICJ?

El año pasado participé en una de sus misiones en Venezuela para monitorear el estado de los derechos ciudadanos, sobre todo, el de las poblaciones marginales indígenas. Allí no solo se intentó saber la situación, que es crítica, sino que se hizo una capacitación en derechos fundamentales (en relación al sistema interamericano de derechos humanos que protege a las poblaciones). También participé en informes o pronunciamientos. En todo caso, mi incorporación ocurrió a finales del año pasado. La ICJ tiene una estructura organizativa: tiene un comité ejecutivo, un presidente, un vicepresidente, comisionados, y tiene filiales en el mundo.

¿Tiene alguna filial en nuestro país?

Lamentablemente, no tiene una filial en el Perú. Sin embargo, sí tiene actividad aquí a través de los vínculos que desarrolla. El año pasado, por ejemplo, vino una misión que introdujo algunos fondos para la profundización de los análisis antropológicos forenses que la Comisión de la Verdad tiene pendiente de formular al Ministerio Público. Así no habrá excusa porque no hay expertos en la materia o fondos. La idea siempre fue traer a los mejores expertos que promuevan los derechos humanos.

¿Cómo toma lo ocurrido?

Para mí, de alguna forma, lo ocurrido fue sorpresivo porque el anterior peruano que formó parte de esta comisión fue el Dr. Diego García Sayán, que fue presidente de la Corte Interamericana, Ministro de Justicia, etc., una personalidad que ha tenido responsabilidades públicas. En mi caso, quizá porque, como presidente del Tribunal Constitucional y magistrado y, porque lo dicen así, he contribuido al fortalecimiento de los derechos fundamentales y humanos de nuestros ciudadanos. En lo personal, pienso que es una grata satisfacción y responsabilidad que, además, como profesor de nuestra Universidad y –ahora- como decano, se reconozca el aporte que pueda hacer, directa o indirectamente, la PUCP en esta tarea de promoción de los derechos e independencia judicial.

La PUCP destaca por ello.

Efectivamente, nuestra Universidad tiene ese sello: no solamente humanista y cristiano, sino concreto de defensa y promoción de los derechos humanos a nivel académico, docente, a nivel de grupos de investigación, institutos, conferencias o, como en este caso, membresías.

¿Qué hará Ud. a partir de este nombramiento?

El compromiso es participar de la elaboración de los informes o misiones que demanden. Hay procesos interesantes en el mundo en los cuales está participando la ICJ, por ejemplo, en el norte de África, los procesos de la llamada primavera árabe, con reformas constitucionales –que es mi especialidad- que ellos están analizando. Los de Egipto, los de Tunes, que serían un espacio potencial para formar parte, o también en Centro América, donde hay proyectos importantes para la promoción, la capacitación de jueces vinculados al quehacer de los derechos humanos. La ICJ irá requiriendo, en todo caso, a sus comisionados cuando lo consideren necesario.

Abordar los derechos humanos siempre ha sido clave en nuestro país.

Creo que como el Perú está transitando desde hace más de diez años, con altos y bajos, por una democracia, es importante reforzar, no solo una imagen de país que respeta la regularidad que establecen la constitución y las leyes y, en particular, los derechos de las personas, sino también fortalecer instituciones públicas que pueden cometer arbitrariedades en democracia. Definitivamente, temas como independencia judicial o de promoción y defensa de las personas no son como hace años, que estaban relacionados a secuestros, desaparición, o torturas de personas; pero aún están vigentes, por ejemplo, relacionándose a derechos económicos y sociales, problemas de libertad de expresión o pluralidad informativa. En este marco es interesante lo que ha pasado, así que pienso que mi nombramiento es un reto que asumo con mucho entusiasmo para contribuir a la labor no solo local, sino también internacional.