¿Son pertinentes las demandas de los nativos de los pueblos amazónicos?

Los nativos tienen una relación muy estrecha con la tierra, es motivo de su vida misma. Por ello reclaman contra aquellas normas que pueden limitar sus derechos y posibilidades de vivir de sus tierras y en ellas. El derecho de propiedad que manejan es muy distinto a los que nosotros, como citadinos podemos imaginar. En consecuencia, cualquier norma o decreto legislativo que pudiera facilitar la disposición de esas tierras para explotación forestal, de hidrocarburos o minera, genera la idea de que están poniendo en peligro aquello que forma parte de su vida.

Pero desde el punto de vista legal o del Estado, estas tierras no son intocables…

Hay quienes piensan que esos terrenos o tierras deberían ser inalienables, inembargables y que, eventualmente, no podrían ser objeto de disposición. Antes de la Constitución de 1993 nadie podía tocar las tierras de los nativos.

Ahora esto ha cambiado.

La norma constitucional de 1993 ya no le da ese derecho. Dentro del Estado de Derecho, los nativos deberían respetar el hecho de que haya normas que, de alguna manera, permitan la disposición de estas tierras. Sin embargo, en este puro Estado de Derecho se debe tener en cuenta que, a su vez, existe el Convenio 169, de la Organización Nacional de Trabajo -que para el Perú es ley y por lo tanto hay que respetar-, que le da ciertos derechos a los nativos.

¿Qué derechos?

El Convenio 169 establece claramente que para disponer de aquellos recursos los indígenas deben ser consultados. No tener una reglamentación de cómo hacer la consulta no impide, en mi opinión, el derecho que tienen las comunidades de ser consultadas. Lo pertinente hubiera sido utilizar alguna fórmula de consulta, que podría haber sido a través de los gremios o agrupaciones que los representan, que en el Perú son AIDESEP y CONAP.

Entonces, al no haberse consultado, las demandas de los nativos sí son razonables…

En mi opinión, sí es razonable que se pida consultas o modificaciones. El Estado debió conversar con los nativos para ver el grado de modificación de esas normas. En este momento existen dos posiciones extremas, el Estado mantiene su posición no cambiar las normas y los nativos exigen que las deroguen o continúan la huelga.

¿A qué acuerdo se podría llegar para que ambas partes estén satisfechas?

El acuerdo se logrará en la medida que sepamos los verdaderos intereses. El interés del Estado debiera ser el bien común y el interés de los nativos, el bien de sus comunidades. El punto en común es el bien’ de ambos, se tendría que analizar las normas para ver cuáles pueden ser dañinas. Detrás del desarrollo, los nativos tienen el temor de que van a atentar contra sus derechos territoriales, según el concepto de propiedad que su cultura maneja, así que también habría que revisar esos puntos, pero de ninguna manera adoptar posiciones que no permitan el diálogo. Este análisis lo debería hacer un tercero, aceptado por ambos. Luego, el Estado debería aceptar las modificaciones necesarias y los nativos, ceder de esa posición tan intransigente.

¿Cree que declarar el Estado de Emergencia fue una medida apropiada?

Los Estados de Emergencia deben ser excepcionales y darse cuando se atenta contra los principios o garantías fundamentales de la Constitución. Hay casos que se consideran inconstitucionales y ahí entramos en el terreno de la relatividad, porque depende de cómo se interpretan las condiciones que la Constitución establece y eso es absolutamente subjetivo. En este caso, el Estado de Emergencia no ha sido una medida acertada porque promueve el enfrentamiento y no el diálogo, exacerba a las comunidades y no va hacia el camino de buscar instrumentos de paz.
¿Cuáles serán las consecuencias económicas, políticas y sociales de este enfrentamiento?

Las consecuencias económicas están dadas por el impedimento de las actividades económicas que se paralizan, tanto de los nativos como de las empresas que trabajan en la zona. Las consecuencias políticas se sustentan en una falta de reglamentación, y yo creo que son pretextos. Hay una consecuencia política negativa para el gobierno porque no se muestra como dialogante y no está dispuesto a abrir el espacio para conversar y lograr la concertación, no obstante el esfuerzo que se hace y que debemos reconocer.

Esto afecta la inversión extranjera.

Puede repercutir también en una consecuencia negativa para la inversión extranjera porque el inversionista busca seguridad y un país donde el gobierno declara un Estado de Emergencia y aplica las fuerzas policiales puede alejar la inversión. Las consecuencias sociales son evidentes: los muertos, el propio enfrentamiento, la dificultad de un diálogo integrador en el país. Acá hay una lección aprendida, debemos saber ponernos en el espacio del otro y saber entendernos unos a otros. La misión académica de la Universidad tiene una función importante de mirar estas realidades, no con un afán paternalista sino con un afán de comprensión. Yo creo que la universidad, a través de sus intelectuales, debería influir a través de comunicados y manifestaciones para llamar la atención sobre esta sociedad y sobre la necesidad de integrarnos.

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Entrevista: María Paz de la Cruz
Foto: Yanina Patricio
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