El pasado 19 de marzo, en Washington D.C. (EE. UU.), obispos del Perú, Brasil y Guatemala se presentaron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dejar sentada la posición de la Iglesia católica frente a las violaciones de derechos humanos y la contaminación ambiental por parte de las industrias extractivas en América Latina. Si bien, en el pasado, organizaciones de la Iglesia ya se habían presentado ante la CIDH, fue la primera vez que la Iglesia católica –al más alto nivel eclesial– hacía escuchar su voz ante los serios conflictos socioambientales que, desde hace tiempo, sacuden la región. Los peticionarios de esta audiencia fueron el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas (Selacc), la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR), la Comisión Amazónica de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Red Eclesial Panamazónica (Repam), apoyados por las Conferencias de obispos católicos de Estados Unidos y Canadá.

Los obispos, encabezados por monseñor Pedro Barreto –arzobispo de Huancayo–, plantearon su profunda preocupación y posición crítica frente al impacto negativo y la contaminación que generan las industrias extractivas en nuestro continente en especial, en perjuicio del derecho al agua o a la salud– y señalaron que tanto los Estados del norte como los del sur y las transnacionales deben asumir corresponsabilidad. Monseñor Álvaro Ramazzini, de Guatemala, señaló que podemos vivir sin oro pero no sin agua; asimismo, denunciaron las amenazas y atentados que sufren agentes pastorales y líderes sociales por denunciar estos hechos. Especial preocupación expresaron por la depredación de la Amazonía y los atropellos que, históricamente, han sufrido los pueblos indígenas de nuestro continente, a quienes la Iglesia les pidió públicamente que nos enseñen a establecer un vínculo más armonioso con la “madre tierra”.

También formularon propuestas a los Estados de las Américas (que incluye a Estados Unidos y Canadá), a la sociedad civil y a la propia CIDH, como no criminalizar sino hallar una solución pacífica y justa a los conflictos ambientales (para lo cual la Iglesia, en ocasiones, juega y puede jugar un papel mediador), reconocer legalmente los territorios ancestrales a favor de pueblos indígenas y agotar esfuerzos por implementar modelos alternativos de desarrollo sostenible que tomen en cuenta la diversidad cultural de nuestro continente. En relación con la Amazonía, anunciaron la reciente creación de la Red Eclesial Pan-Amazónica, que reúne a la Iglesia católica de los nueve países amazónicos para defender este patrimonio de la humanidad.