A siete años del terremoto de Pisco, en la región de Ica (15 de agosto de 2007, 6:40 pm), el sismo ocurrido recientemente en la provincia de Paruro, región de Cusco (el sábado 27 de setiembre de 2014, a las 9:35 p.m.), no hace sino confirmarnos la extrema vulnerabilidad en la que nos encontramos. No hay condiciones de prevención ni capacidad de respuesta en la población tras estos eventos naturales.

La falta de prevención frente a un terremoto o sismo se aprecia en primer lugar por la ausencia de viviendas seguras. Ni en Pisco, ni en Paruro, como ocurre en casi todo el Perú (incluyendo Lima), se han planificado y construido viviendas antisísmicas. En las comunidades o los centros poblados de Miscas y Cusibamba Bajo, de la provincia de Paruro, las viviendas se destruyeron o quedaron inhabitables, como siete años atrás quedaron las miles de viviendas de Pisco, Chincha, Ica, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. ¿Por qué no existe un plan de diseño y construcción masiva de viviendas antisísmicas que aseguren, por regiones o provincias, nuestro derecho a cierta paz y tranquilidad?

Pero las condiciones de prevención frente a un sismo también suponen el derecho y la obligación de recibir y dar auxilio inmediato a las personas que lo requieran. Los muertos y heridos son el principal efecto de esta falta de reacción, que tanto en Pisco como en Paruro, como en las experiencias de otras provincias, se han repetido. La falta de hospitales, de centros de salud, medios de comunicación, movilidad, pero sobre todo de personal médico y no-médico preparados para este tipo de reacción urgente ha sido una de las principales causas para que el número de muertos y heridos se extienda con facilidad. Por ejemplo, en el caso del reciente sismo de Paruro, en el tema de comunicaciones para hacer viable la ayuda, es lamentable que la noticia del desastre en las comunidades cercanas recién haya llegado a la población nacional uno o dos días después.

De otro lado, la capacidad de respuesta de una población que sufre los efectos de un sismo se aprecia en su fortaleza psíquica y física de atender su reconstrucción. En el caso de Pisco ello no ocurre hasta hoy, y en el caso de Paruro es probable que tampoco ocurra.

Tras los dos primeros días del terremoto de Pisco la población damnificada deambulaba sin dirección, buscando alimentos y saqueando tiendas, domicilios inhabitados y vehículos que se acercaban. El gobierno central de aquel entonces creía dirigir el “orden” y las necesidades urgentes desde Lima. Nunca existió un plan de gestión de desastres efectivo para la zona, y lo peor era no reconocerlo. El Presidente de la República visitó Pisco para posar, delante de la iglesia derruida, para las cámaras de televisión nacional e internacional, sin asumir un efectivo mando y una conducta de ejemplo en la zona. Se creyó dirigir el proceso de reconstrucción desde un poder centralizado externo, sin mirar la localidad, lo cual fue un absurdo administrativo. La población perdía día a día la confianza y legitimidad en el gobierno y sus autoridades, y su desorientación se acrecentó hasta que ella misma, localmente y con muchos problemas, empezó a organizarse.

En el caso de Paruro los hechos parecen repetirse, aunque en una dimensión menor y en una formación socio-cultural diferente. Las comunidades afectadas no son numerosas, aunque se encuentran más alejadas que Pisco de Lima. Si bien el Presidente de la República llegó en el día, acompañado del responsable del Instituto Nacional de Defensa Civil, y con ayuda material, no es suficiente. Cabría preguntar si existe una Organización y un Plan de Gestión de Desastre como la propia Ley Nacional prevé hoy (Ley Nro.29664 y complementarias). La ayuda material no es suficiente si es que no se cuenta con una organización y un plan de acción efectivos de acuerdo a la realidad socio-cultural de la zona. Por ejemplo, en el caso de las comunidades de Paruro, ¿Cuánto de su capacidad organizativa en lo comunal se ha contemplado para la reconstrucción?. ¿Es posible creer en la población para que ella sea la protagonista de su particular reconstrucción y evitar que el capital que se invierta fugue a través de empresas extrañas como ocurrió en Pisco?

La prevención y reconstrucción tras un evento natural constituyen derechos fundamentales. Las autoridades de turno son las primeras responsables en materializar dichos derechos. Sin embargo, la mayor gestión corresponde a la propia población damnificada y no damnificada. Solo ésta sufrirá los efectos futuros de eventos similares y es la que tiene que ser consciente de los cambios en planes y obras que eviten desastres. Es ella, además, la que mejor puede conocer y controlar los actos de corrupción que aparecen con mayor facilidad tras los mismos desastres. Ello supone, ciertamente, un reto mayor para las autoridades porque tienen que trabajar más con esa población, pero también es una acción más segura para evitar los lamentables resultados en más daños, muertos y heridos.